La grabación y difusión de lo declarado por El Burgués, responsabilidad de la corporación, dice

El parte de la PFP, sin relación con el homicidio de Ortiz: PGR

El dicho de Acosta, sin sustento legal, señala Bátiz No a procesos sumarios: López Obrador

GUSTAVO CASTILLO, SUSANA GONZALEZ Y ANGEL BOLAÑOS

La Procuraduría General de la República (PGR) negó que de las declaraciones ministeriales de Juan Carlos Acosta Ortega "se desprendan datos relacionados con el homicidio" de Alejandro Ortiz Martínez.

En un comunicado de prensa, la dependencia federal aseguró que "del parte informativo de los elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) no se desprenden datos relacionados con el homicidio cometido en contra de Alejandro Ortiz Martínez, hermano del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, sino que, al momento de rendir su declaración ministerial ante el fiscal de la Federación que conoció del presente asunto, confesó que es responsable de diversos homicidios".

La dependencia que dirige el general Rafael Macedo de la Concha indicó también "que la grabación de la declaración ministerial del presunto responsable y su difusión son responsabilidad única y exclusivamente del área que comunica de la PFP, ya que esta delegación estatal (estado de México), al tener conocimiento de los hechos, informó y desglosó la averiguación previa en comento a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal".

Por la mañana, el titular de la procuraduría capitalina, Bernardo Bátiz, dijo que la autoinculpación de Acosta Ortega, de ser el homicida material de Alejandro Ortiz Martínez carece de sustento legal en tanto no ratifique sus declaraciones ante un juez.

Bátiz refirió que la verdad jurídica de lo ocurrido en el asesinato de Ortiz Martínez en 1997 se sustentó en pruebas recopiladas en ese año y en el testimonio directo de un familiar de Ortiz Martínez que presenció el homicidio, ocurrido en las Lomas de Chapultepec, y con ello se acreditó la culpabilidad de Ulises Ramsés Cámara Alcalá y Sergio Javier Ibarra López, quienes fueron detenidos en 2000 y un año después sentenciados a 42 años y medio de prisión por el juez 53 penal del Reclusorio Oriente, Gustavo Ramírez Avila.

"Hay una verdad legal, hay un juez que conoció el asunto, no sólo es la procuraduría ni Samuel del Villar (su antecesor en el cargo). Ellos presentaron la solicitud de acción penal contra esas personas, el juez examinó, (los acusados) tuvieron defensores, se siguió un procedimiento, entonces yo no tengo por qué dudar de todo ese procedimiento. Creo que estuvo bien llevado y lo vamos a verificar de cualquier manera".

Bátiz precisó que la dependencia a su cargo abrirá "un desglose" sobre el caso para investigar si efectivamente Acosta Ortega tuvo o no participación en el homicidio, pues dijo que si bien las autoridades capitalinas buscaban a un tercer implicado en el crimen, el detenido por la PFP se refirió a otros supuestos cómplices.

"Vamos a hacer comparativos con el calibre de arma que dice este señor con los que aparezcan en el expediente; vamos a averiguar si se trata del tercero que participó, o qué es lo que pasó realmente", declaró el procurador al salir de la reunión de gobierno y seguridad pública en el antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Sobre la posibilidad de que Cámara Alcalá e Ibarra López o sus familiares presenten una denuncia contra la PGJDF, dijo: "lo primero que vamos a averiguar es si este sujeto que declaró ante policías, que no tiene ningún valor desde la reforma de 1994, realmente ratifica lo que declaró... y por supuesto, si (quienes están recluidos o sus familiares) quieren hacer una denuncia, nosotros le daremos seguimiento y les daremos todos los reconocimientos a sus derechos plenamente...Vamos a averiguar".

En ese contexto, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, dijo que esperará a que la procuraduría capitalina determine de qué manera procederá en este caso.

Sin prejuzgar sobre alguna posible responsabilidad de Samuel del Villar en la integración de la averiguación previa en contra de Cámara Alcalá e Ibarra López, sin ver antes de qué se trata, advirtió que si hay fallas se tendrá que proceder.

No se trata de "mátalos en caliente" o "fusílalo y luego averigua", apuntó; la procuraduría tiene que hacer la investigación y, de ser el caso, los familiares de las personas agraviadas tendrían que presentar una denuncia para que se castigue a los responsables de haber incurrido en abuso de autoridad.

Aseveró que no permitirá actos de corrupción y de impunidad en su gobierno: "es un asunto de principios donde no cuenta el compañerismo ni los vínculos de partido, no cuentan el amiguismo, el nepotismo y mucho menos el influyentismo, sea quien sea", apuntó.

Pero insistió en que primero deben conocerse los elementos para saber de qué se trata, pues no es ningún proceso sumario.

Por otra parte, fuentes oficiales de la PFP aseguraron que tras la detención de Acosta Ortega, funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal solicitaron la colaboración de la procuraduría capitalina para cotejar las declaraciones del detenido con lo sucedido en 1997, pero el subprocurador Renato Sales no atendió las peticiones; incluso había sido invitado a participar en la conferencia de prensa en la que se dio a conocer la captura del supuesto homicida de Ortiz Martínez, pero nunca llegó.

En respuesta, el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Renato Sales Heredia, rechazó que la PFP haya solicitado información sobre Juan Carlos Acosta Ortega días antes y consideró que resulta inverosímil que éste haya sido detenido desde el fin de semana, cuando apenas el martes informaron sobre ello.

"La verdad es que nos comunicaron el día de ayer (martes 16 de diciembre). Imposible que lo tuvieran detenido desde el 5 de diciembre, porque estarían incurriendo en una gravísima irregularidad. Concretamente yo hablé con Suárez Valenzuela, director de la PFP, con quien hay una magnífica relación".

Sales Heredia precisó que la PGJDF ya buscaba a Acosta Ortega por ser probable responsable del asesinato de Javier Rueda Hernández, perpetrado el 3 de marzo de este año afuera de una vinatería de la delegación Alvaro Obregón.

Admitió que fue invitado a la conferencia de prensa en que se informó de la detención del presunto homicida, pero declinó acudir "porque queríamos tener la certeza de que efectivamente estaba vinculado con este homicidio, y es lo que estamos averiguando".

Por lo pronto, mencionó, la PGJDF ya tuvo acceso a la declaración que Acosta Ortega rindió ante la PGR y lleva a cabo un trabajo ministerial y pericial, "porque sabemos que hay tres personas participantes y hay dos detenidos; muy probablemente (Acosta Ortega) podría ser esta persona que estamos buscando desde 1997, pero debemos corroborarlo con pruebas firmes, porque la confesión es insuficiente como para consignar o dictar sentencia".

Respecto de la detención de Acosta Ortega, la PFP informó que "como institución" no tomó declaración alguna del presunto homicida. "Las afirmaciones las hizo ante Faustino Carranco Sánchez, titular de la 23 agencia del Ministerio Público Federal, con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, quien inició la indagatoria AP/PGR/NEZA/231/2003-2."

Por su parte, la PGR informó que, "a través de su delegación estado de México, informa que el día 13 de diciembre del año en curso recibió la puesta a disposición de Juan Carlos Acosta Ortega o Mauricio García Gil, (a) El Burgués, por la Policía Federal Preventiva, a quien se le aseguró un arma de fuego calibre 380, matrícula 193499, así como 94 dosis de cocaína, por lo que se dio inicio a la averiguación previa número PGR/NEZA/231/03-II por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de portación de arma de fuego y contra la salud, misma que fue consignada ante el juez noveno de distrito en materia de procesos penales federales con residencia en Nezahualcóyotl, estado de México.

"Derivado de lo anterior, el detenido manifestó, con independencia de los delitos del orden federal que se le inculpan, su participación en el homicidio de al menos 10 personas, entre ellas el hermano del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez."

El representante social de la Federación ordenó en su pliego consignatario remitir desglose de la indagatoria a la PGJDF para que continúe con la investigación de los hechos de su competencia.