Es fundamental que la Corte de La Haya otorgue la razón a México, sostienen

EU sí violó garantías consulares, dicen abogados de un condenado a muerte

La delegación mexicana tiene lista su respuesta y la presentará hoy ante la CIJ

ROSA ELVIRA VARGAS ENVIADA

La Haya, 17 de diciembre. La delegación mexicana preparó durante este miércoles la respuesta que llevará mañana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el litigio interpuesto contra Estados Unidos por violaciones al artículo 63 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. De obtener un fallo a su favor, México conseguiría que 52 connacionales condenados a muerte tengan un nuevo proceso,anulándose el juicio en que se los castigó con la pena más drástica.

"Este juicio debe verse como una causa del Estado mexicano y no del gobierno", declaró Silvia Hernández quien, como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, participa como observadora en las sesiones públicas de la CIJ, que iniciaron este lunes.

La senadora dijo que México "tiene claridad en lo que persigue aquí: que se obligue a Estados Unidos a volver al momento previo a la sentencia y que se realice un nuevo juicio".

Pero no se trata sólo de una convicción que trae aquí a legisladores y consultores jurídicos del gobierno mexicano. Desde Texas viajaron también a La Haya los abogados de Roberto Moreno Ramos, uno de los 52 mexicanos sentenciados a muerte, quienes dieron testimonio de que su cliente no fue informado de sus derechos consulares en el momento de su arresto y que eso resultó fundamental para el curso del juicio que se le siguió. "Si eso hubiera ocurrido desde el principio del proceso, la asistencia consular mexicana, habríamos dispuesto de mejores elementos para defenderlo", comentó David K. Sergei.

"Los argumentos presentados por México son indiscutibles. ƑDe veras informó la policía estadunidense sobre su derecho de consultar a su cónsul? Es claro que no. Y lo que marca la Convención de Viena es muy claro; así lo han explicado aquí los abogados de la delegación mexicana'', secundó Larry Warner, el otro defensor de Moreno.

Para ambos resulta fundamental que la CIJ otorgue la razón a México en su reclamo de que se realice un nuevo juicio a Moreno Ramos, "porque además estamos convencidos de que no es culpable".

Sergei destacó que en Texas, estado donde lleva el caso, el regateo de las garantías consulares no sólo ocurre con ciudadanos mexicanos. Su propio despacho legal, comentó, sigue la defensa de un inglés afectado por la misma circunstancia.

La preocupación de los litigantes es que el juez estatal texano que presidió el juicio que encontró culpable a Moreno Ramos y le impuso la pena de muerte, decidió aguardar a la decisión de la CIJ para disponer la ejecución.

La senadora Silvia Hernández, quien sigue el desarrollo de las audiencias junto con su par queretano panista Guillermo Herbert, resaltó que el fallo de la Corte es fundamental, pues si da la razón a México sentaría un precedente fundamental y, además de permitir la reposición del juicio en estos 52 casos, protegería a 8 millones de connacionales que viven en Estados Unidos y son susceptibles de enfrentar el mismo desamparo consular.

La tesis central que México expuso ante la CIJ es precisamente esa, que las autoridades policiacas de Estados Unidos no informaron a esas 52 personas -la mayoría con baja educación formal y en algunos casos indígenas con escaso dominio del español y nada de inglés- del derecho que les asiste a tener protección legal que, por conducto de los consulados, su país de origen debía otorgarle.

Estados Unidos, a su vez, rechaza que esto haya sido así y asegura que a raíz del llamado caso LaGrand -por el que la CIJ encontró que este país no cumplió sus obligaciones de acuerdo con la Convención de Viena respecto a dos hermanos alemanes condenados a muerte- ha desplegado una campaña para que las autoridades policiacas acaten la disposición de aviso consular en los casos de aprehensión de extranjeros.

Sobre todo, Estados Unidos considera que el mero hecho de la denuncia mexicana literalmente "atenta" contra su sistema de justicia y lo tiene secuestrado a partir de que en febrero la CIJ decretó medidas precautorias, esto es, que ninguna ejecución puede llevarse a efecto hasta que se dé el fallo de este organismo de controversia internacional. México dispondrá mañana de dos horas para responder a los argumentos que presentara Estados Unidos el martes. Este país, por su parte, hará lo propio el viernes, por un tiempo similar.

Todo indica que para la CIJ se trata de un juicio que demanda una solución apremiante. En enero próximo cada uno de sus 16 integrantes deberá presentar un primer proyecto con sus consideraciones sobre el tema. Hay quien estima que para la primavera de 2004 podría emitirse el fallo definitivo, aunque no existe ningún reglamento que obligue a cumplir plazos predeterminados.

Todavía habrá mucho que esperar y escribir sobre este caso en el que México reclama el cumplimiento de una obligación marcada del derecho internacional, pero en el que precisa que no hace presunciones de inocencia en ninguno de los 52 casos.