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México D.F. Lunes 1 de diciembre de 2003

Nora Patricia Jara

Asesinadas de Juárez

El Zócalo se convirtió en gran muro de lamentaciones durante la conmemoración del Día de la No Violencia, que para las mujeres de Ciudad Juárez no existe sosiego y hasta hoy ni esperanza de vivir sin temor de ser asesinadas. Organizaciones sociales, civiles, instituciones académicas y sindicales, junto con el Gobierno del Distrito Federal, salieron a la plancha de la Plazaa de la Constitución para manifestar un šya basta! por la impunidad en más de 300 muertes de jovencitas, así como la desaparición de 4 mil más.

El grado de impunidad que impera en ese municipio de Chihuahua ha hecho mella en el tejido social, que manifiesta un medio hostil, discriminatorio y claramente misógino, donde la complicidad policiaca y de la comunidad, que niega lo que expertos de la ONU han calificado de feminicidio, existe desde hace 10 años. Eso es lo que vinieron a denunciar decenas de familias supervivientes a los constantes hostigamientos por exigir justicia para sus hijas y que reciben a cambio bolsas con huesos que apenas pueden identificar como suyos.

El horror revelado en el informe presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 24 de noviembre pasado señala que en esta pesadilla se han minimizado los crímenes y, por tanto, ignorado la investigación; que no hay indagatorias, que nadie buscó hasta ahora a los asesinos, que nadie lo hizo verdaderamente, tesis que sólo corrobora lo que decenas de organizaciones civiles y no gubernamentales han advertido durante todo este tiempo.

La novedad es que la CNDH presenta pruebas de cada una las palabras que se sustentan en más de mil 500 cuartillas y dan cuenta de las omisiones, errores y nula voluntad por resolver los crímenes. Dice el informe que a Ciudad Juárez el gobierno federal llegó tarde, y acierta al afirmar que todos llegamos tarde porque las críticas, los gritos y demandas que pugnan por detener los homicidios, que siguen ocurriendo, no pueden pararlos, mucho menos conmover a un Ejecutivo federal que se niega a recibir el informe públicamente o a hablar con las madres de las víctimas.

Familias que además de vivir la pérdida de uno de sus seres queridos, suman la desdicha de presumir una muerte inenarrable, a la vez que sufren el desplazamiento de su hogar temporal porque son hostigadas hasta que abandonan la comunidad motivadas por el miedo. En el caso de los asesinatos de Ciudad Juárez se comprueba la desatención, la negligencia, los engaños y falsedades de agentes y servidores públicos de la Procuraduría de Justicia del estado. El ombudsman nacional documenta lo que cientos de testimonios manifiestan en el municipio juarense: que desde que se emitió la primera recomendación, en 1998, instando al gobierno a investigar los asesinatos que se perpetraban desde 1993, nadie más hizo nada en la esfera de la justicia para llegar a saber ya no digamos quién las mató, sino quién era, quiénes eran. O preguntarse siquiera Ƒa quién pertenece este cuerpo? Nadie identifica a las víctimas, nadie esclarece el móvil del delito, atestigua la Comisión Nacional de Derechos Humanos y destaca que se dan por resueltos los casos sin conocer la identidad del o los probables responsables. Así, "sin que existan bases jurídicas para sustentar dichas afirmaciones".

Adentrarse en los expedientes ya merece de por sí un reconocimiento para indagar en medio de trágicas y pavorosas historias que llevan a la mayoría de las muertas a un cruel asesinato. No importa si son por causas sexuales, de violencia doméstica, pasionales o callejeros, todos contribuyen a vivir en un clima de impunidad y amenaza constante. Es lo que se expresó en las movilizaciones y manifestaciones que se llevaron a cabo en esta urbe para gritar otra vez šNi una más!, con la esperanza de que con el apoyo de las instituciones que promueven el ejercicio de las garantías individuales y de la recién creada comisión para investigar el caso, a cargo de Guadalupe Morfín Otero, se conjunten esfuerzos para que el gobierno federal actúe de una vez por todas en favor de las víctimas y deslinde responsabilidades en los tres niveles encargados de gobernar y de impartir justicia en este ominoso asunto.

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