Gustavo Alanís, director del centro de derecho ambiental

Se cumple 40% la ley de equilibrio ecológico

Apremia al gobierno a corregir fallas en leyes y reglamentos

ANGELICA ENCISO L.

Aunque la ley ecológica mexicana es de las más avanzadas del mundo, su aplicación todavía es asignatura pendiente, porque el medio ambiente no es prioridad del gobierno y por la escasez de recursos y los intereses que rodean los proyectos, señala Gustavo Alanís Ortega, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

El nivel de cumplimiento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) es de 40 por ciento. Hay grandes vacíos de observancia en impacto ambiental, tráfico de especies, deforestación, manejo de residuos peligrosos y contaminación del agua y aire, sostiene.

A 10 años de que esta organización se fundó y a 11 de la creación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el especialista, en entrevista, hace un balance de este periodo, en el cual se creó la Secretaría de Medio Ambiente, se hicieron modificaciones sustanciales a la ley y en la Constitución se estableció el derecho a un ambiente sano.

Explica que con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el establecimiento de los acuerdos paralelos en materia ambiental, se planteó que en México, a pesar de tener una buena legislación en la materia, ésta no se cumplía. A partir de entonces, recuerda, se comenzó a establecer la institucionalidad ambiental en el país y el Cemda se instituyó con el fin de utilizar la ley en defensa del ambiente.

Las disposiciones legales en la materia existen desde 1971, pero en la década pasada prácticamente eran letra muerta, porque cuando la gente quería demandar por algún daño hacía protestas pero no utilizaba los recursos jurídicos. Ahora, entre otros aspectos, la población cuenta con la consulta pública en los estudios de impacto ambiental y en los ordenamientos ecológicos de territorio, la denuncia popular y las vías penal y civil, refiere.

"Cuando la gente se opone a un proyecto, la ley da la oportunidad de participar y se presenta información para argumentar las razones por las que no puede ser viable. La sociedad y las organizaciones no gubernamentales no se pueden oponer por sistema a ellos. Debe haber argumentación, si no se pierde la credibilidad", indica.

En cuanto al cumplimiento de la legislación, puntualiza que al no ser tema prioritario para el gobierno, no existen los recursos necesarios. "No hay equipo ni personal suficiente. Son pocos los inspectores de la Profepa (alrededor de 200 para todo el país), y lo que ganan es mínimo. Además, carecen de incentivos para llevar a cabo las acciones y por ello no se ha podido avanzar."