México D.F. Domingo 30 de noviembre de 2003
Empresarios presionan a trabajadores para que
se expresen contra Hugo Chávez
Ante anomalías en el firmazo, Venezuela
cierra parte de su frontera con Colombia
Extranjeros pretendían participar en jornada
de recolección de rúbricas: vicepresidente
STELLA CALLONI ENVIADA
Caracas, 29 de noviembre. El vicepresidente de
Venezuela, José Vicente Rangel, anunció esta tarde el cierre
"selectivo" (no total) de la frontera común con Colombia, en la
zona de Táchira, para evitar "irregularidades" durante el llamado
firmazo, con el cual los opositores pretenden juntar rúbricas
para celebrar un referéndum para destituir al presidente Hugo Chávez.
Rangel aseveró que se detectó a personas
provenientes del vecino país con documentos falsos de identidad
que no estaban inscritas en el padrón y que al parecer intentaron
participar en la recolección de firmas.
El diputado oficialista venezolano Tarek William Saad
denunció hoy que personas armadas provocaron incidentes en la zona
del Chacao e hirieron a un militante del Movimiento Quinta República.
Venezuela vivió así la segunda jornada opositora del llamado
firmazo. La constitución bolivariana, aprobada en 1999, prevé
el derecho de la población a recoger firmas a la mitad del mandato
presidencial para revocarlo, en caso de que no se hayan cumplido las promesas
electorales. La oposición debe reunir más de 2 millones 600
mil firmas para convocar el referendo sobre el recorte del mandato
del presidente Hugo Chávez.
Es muy fuerte la tendencia de los sectores opositores
más recalcitrantes a convencer a la población de que si logran
la suficiente cantidad de firmas no habrá necesidad de ir a un referéndum
revocatorio; tomaría las calles, irían a Miraflores y se
apoderarían del gobierno.
Por
otra parte, en un confuso incidente, desconocidos lanzaron fuegos artificiales
contra la entrada del edificio del Consejo Nacional Elctoral, en momentos
en que el secretario general de la Organización de Estados Americanos
(OEA), César Gaviria, sostenía una reunión con directivos
del organismo.
En el estado de Falcón, el gobernador Jesús
Montilla aclaró que en los incidentes no hubo víctimas pero
sí algunos daños materiales. También advirtió
sobre unos panfletos tirados en el lugar del ataque a la sede de Copei,
los cuales decían que no se iba "a permitir este fraude (electoral)"
y que la acción era una "advertencia".
En varios municipios del estado de Vargas, colindante
con esta capital, aún se observan las huellas de un deslave que
arrastró cientos de casas y dejó miles de víctimas
a finales de 1999.
En carpas instaladas en algunas calles y plazas, la oposición,
custodiada por el ejército, que ha organizado un plan nacional para
impedir enfrentamientos entre los
contendientes, recolectaba firmas. Había música
y cantos. En el perímetro de éstas colocaron cintas amarillas
y sogas, para impedir cualquier incidente alrededor de las mesas.
Observadores internacionales pudieron comprobar que a
cada persona que firmaba se le entregaba un "comprobante" o se anotaba
el número de planilla en un papel y a pocos metros se les daba la
tarjeta. Esto fue interpretado como una acción ilegal, especialmente
porque los patrones y dueños de las grandes empresas, que hicieron
el lock out (cierre de industrias) patronal durante las huelgas
del año pasado, ahora obligan a sus trabajadores a llevar una constancia
de que votaron para "tumbar a Chávez".
Sin embargo, desde el punto de vista político,
se advierte apatía en las bases opositoras y menos entusiasmo. Especialmente
porque debieron adaptarse a las reglas electorales, después de las
falsificaciones comprobadas en un intento anterior.
Ahora se nota que el proceso de recolección es
lento y en el interior del país no hay colas como en Caracas. Esto
indicaría que los firmazos anteriores fueron ilegales y manipulados,
cuando los dirigentes opositores afirmaron que en un día habían
recogido millones de rúbricas.
El proceso de recolección de firmas culminará
el próximo 1º de diciembre, pero todos los días hay
denuncias. La ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, sostuvo
que están investigando 124 denuncias de empleados que fueron obligados
por empresas privadas a firmar en favor de la consulta contra Chávez.
Algunos internados en un hospital denunciaron que fueron amenazados con
dejarlos sin atención si no rubricaban contra Chávez, y empleadas
domésticas han dicho que sus patrones las han amenazado con despedirlas.
Autoridades señalan que de comprobarse cualquier
tipo de amenaza o presión en ese sentido, los responsables podrían
ser sancionados con penas que van de 15 días a 30 meses de cárcel.
|