"Aznar atenta contra la democracia" al querer prohibir referéndum en el País Vasco, afirman

Partidos y medios censuran el intento de Madrid por frenar el Plan Ibarretxe

Reformar el Código Penal, lo más grave desde el fin de la dictadura: políticos nacionalistas

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 29 de noviembre. La nueva reforma al Código Penal que anunció el presidente del gobierno español, José María Aznar, con la que se pretende tipificar como delito punible con hasta seis años de cárcel la convocatoria a referéndum sobre la soberanía del País Vasco, suscitó el repudio unánime de los partidos políticos, excepto del oficialista Partido Popular (PP).

Incluso el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que mantiene un pacto con Aznar en resoluciones sobre el conflicto vasco, criticó con dureza la reforma con la que convertirán en delito la consulta popular y el financiamiento público de partidos políticos ilegalizados por su presunta relación con "organizaciones terroristas".

El partido opositor calificó la medida de "esperpento legal" y "atentado contra la democracia", al tener como único objetivo el encarcelamiento del presidente del gobierno vasco, el nacionalista moderado Juan José Ibarretxe, y bloquear el debate sobre su proyecto para modificar el Estatuto de Gernika y la relación institucional de Euskadi con el Estado español.

Un día después de que el Consejo de Ministros español anunció la modificación jurídica, que podría entrar en vigor antes de que finalice el año, el PSOE dijo que es fruto de la "irresponsabilidad, la precipitación y la deslealtad" de José María Aznar.

De su lado, el consejero de Justicia del País Vasco, Joseba Azkarraga, afirmó que Aznar "trata de convertir en delito la posibilidad de consultar la voluntad soberana de la ciudadanía ilegalizando los derechos democráticos de los ciudadanos. Y eso es tanto como amordazar el pensamiento y a la sociedad".

El político nacionalista añadió que esta reforma "es lo más grave que en términos políticos ha sucedido desde el fin de la dictadura", por lo que se preguntó: "ƑCuál será el paso siguiente del gobierno del PP? ƑPenar la reivindicación política, prohibir la opinión o simplemente ilegalizar el pensamiento? (...) Ni el PP ni el gobierno van a amordazar a la sociedad de Euskadi".

El líder de Izquierda Unida-Esker Batua, Javier Madraza, calificó la medida de "atentado contra la democracia y contra la libertad, porque cercena derechos fundamentales y pone en tela de juicio el estado de derecho (...) O paramos a esta derecha cavernícola y reaccionaria, o acabarán definitivamente con la democracia".

El vocero de la organización pacifista Elkarri, Jonan Fernández, manifestó que la reforma "constituye una gran equivocación, porque están legislando contra la sociedad vasca y los principios democráticos".

El periódico derechista El Mundo también se sumó a las condenas, al señalar que "el fondo de la reforma puesta en marcha por Aznar -sobre la que al parecer ni siquiera existe unanimidad en el Consejo de Ministros- es técnicamente muy discutible, aunque la convocatoria del referéndum sea probablemente delictiva".

Si el fondo puede ser discutible, "lo que nos parece claramente equivocado es el procedimiento (...) Un camino retorcido e improcedente, puesto que la reforma de una norma tan fundamental como el Código Penal debería venir precedida de un amplio debate parlamentario, que en este caso se hurtará".

Gara, diario vasco, acota: "Con estas disposiciones que, como es habitual en el gobierno del PP, tienen destinatarios adjudicados, se demuestra que, en lo que se refiere a las amenazas hechas a las libertades en Euskal Herria, el ejecutivo de Aznar cumple su palabra".

Como ha recordado Mariano Rajoy, anunciaron que iban a hacer "todas las reformas posibles de las leyes, siempre con el objetivo de ser más eficaces en la lucha contra el terrorismo, y lo llevan haciendo fundamentalmente sobre la base de un Código Penal que salió de las manos del ministro del PSOE, Juan Alberto Belloch, y que el PP empezó a cambiar antes de que entrara en vigor. Pero también con la ley del menor, la de partidos o la ley de cumplimiento íntegro de penas".

El diario Deia, cercano al gobierno vasco, añade que "la deriva del Estado español hacia un régimen de características antidemocráticas es evidente. El PP -con el consentimiento o silencio cómplice del PSOE- avanza imparable hacia un neofranquismo, su nostálgico modelo ideal. Amparado en su mayoría parlamentaria -que no de votos-, impone sus criterios autoritarios con base en prohibiciones y amenazas de castigos, con desprecio absoluto al debate político y a la voluntad mayoritaria de la sociedad".

El último y más grave paso en esa dirección lo dio ayer el Consejo de Ministros, al impulsar una reforma al Código Penal que establecerá penas de hasta cinco años de prisión y entre seis y 10 de inhabilitación absoluta a las autoridades que convoquen a referéndum.