Sergio Benito Osorio

"Atorada", la apertura en gas

Las autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) han cerrado, por este año, su programa de contratos de servicios múltiples (CSM) para la extracción de gas con resultados muy inferiores a los que habían anticipado. Es un proyecto que por su magnitud financiera y propósitos políticos debe ser considerado central en la obra del presidente Fox; por eso, es significativo que después de dos años arroje un balance mediocre como estrategia para abrir el sector de hidrocarburos a la inversión privada.

Prácticamente desde el inicio de esta administración se promovió la idea de abrir el sector de hidrocarburos, en gas natural, a la inversión privada, integrando en un solo instrumento contractual la exploración, extracción, proceso y transporte de gas para que un solo titular las llevase a cabo, dentro de un territorio cedido de manera exclusiva por Pemex. Esa forma de organizar la intervención de particulares fue justificada como un simple proceso de eficiencia administrativa al sumar múltiples contratos en uno solo; no obstante, tal creatividad se transforma en la sustitución de Pemex del mandato constitucional para la explotación de los hidrocarburos en el país.

La apertura se anunció bajo el argumento, ya típico en estos casos, de que Pemex no contaba con el dinero necesario para aumentar la oferta de gas, y responder a la demanda que en los recientes años ha elevado las importaciones de este energético hasta 20 por ciento del consumo nacional. Así, en el presupuesto de 2002 se aprobaron recursos, en forma de Pidiregas, por 8 mil millones de dólares que serían aportados por las empresas que tendrían a su cargo las obras para cubrir una meta de mil millones de pies cúbicos de gas por día. Al mismo tiempo, la dirección de Pemex desplegó una gran campaña en el extranjero para atraer no sólo capitales, sino a las grandes empresas especialistas de estas actividades que, con su capacidad administrativa y tecnológica, modernizarían este sector fundamental para el país.

Fue hasta julio de este año que pudieron lanzar la convocatoria, los concursos y la asignación de los contratos programados. Se licitaron siete bloques del territorio de Tamaulipas y de Nuevo León, en un área de 13 mil kilómetros cuadrados de la cuenca de Burgos, que es la más productiva de las cuatro cuencas de gas seco del país (junto a Veracruz, Macuspana y Golfo de México). Poniendo a disposición de los inversionistas costosos estudios de prospección, pozos e instalaciones que no sólo establecen certidumbre de grandes reservas de gas sino que permiten iniciar la extracción cuanto antes.

Sin embargo, ninguna de las grandes trasnacionales participó, se declararon dos concursos desiertos y uno se pospuso. De los cuatro bloques asignados se alcanzó una promesa de inversión por 3 mil 500 millones de dólares, en un lapso de 15 a 20 años, para producir gas por entre 350 y 400 millones de pies cúbicos diarios. Por lo que este programa gubernamental logró resultados inferiores a 50 por ciento del objetivo inicial. Ciertamente, el año entrante, podrían ajustarse los bloques no colocados y quizás puedan asignarse, pero no al tipo de empresas que se pretendía. Habrá que recordar que la única major que compró las bases fue Exxon-Mobil, pero se "disculpó" desde el inicio y no volvió a concursar. Finalmente serán Repsol y Petrobras (dos empresas menores a Pemex) las que aportarán el capital y la tecnología que, al decir de las autoridades, la paraestatal no puede.

En este sentido llama la atención que, según información pública de la Región Norte de Pemex, entre 1997 y 2001, en la cuenca de Burgos la paraestatal invirtió 2 mil 826 millones de dólares y registró ventas por 4 mil 912 millones, con una ganancia de mil 176 mil millones de dólares. Es decir, que realizó inversiones superiores a los 700 millones de dólares anuales (cifra que duplica la que prometen realizar los titulares de los CSM) y obtuvo ganancias, promedio, de 294 millones de dólares anuales; contribuyendo con casi 500 millones de pies cúbicos diarios adicionales. A la luz de estas cifras y de los resultados obtenidos por Pemex en Burgos, es difícil coincidir en la verdadera necesidad de los contratos ofrecidos por la paraestatal y, mucho menos, que esa estrategia sea la que rinda los mejores frutos para el país.

Aun cuando la dirección general de Pemex afirma que la estrategia para incorporar a los particulares a la extracción de gas es satisfactoria y que adjudicará nuevos contratos de servicios múltiples para el desarrollo de Coatzacoalcos, Gas Terciario y Cuichapa, en Veracruz y Tabasco, tanto en mar como en tierra, los hechos señalan lo contrario. Y es que las grandes empresas trasnacionales participan sólo cuando pueden llevarse la tajada del león. En realidad, los bloques cuyo concurso se declaró desierto o pospuesto son los de mayor tamaño y reservas, viables para las grandes petroleras pero éstas ya mostraron su desinterés porque el esquema ofertado no les permite incorporar las reservas de gas mexicano a sus libros de contabilidad ni el control suficiente sobre el producto.

Por tanto, la estrategia foxista de operar el sector de hidrocarburos con capital y administración privada se encuentra atorada en su propia inconsistencia: es insuficiente para atraer aliados de peso que la hagan viable y jurídicamente ya no puede ir más lejos por el riesgo de ser declarada inconstitucional. Por eso, quizás no sea prematuro señalar su fracaso y anticiparlo, no por poner el dedo en la llaga, pues el estancamiento de un área tan importante como la del gas sólo debe preocupar y llamar a cambiar la orientación y ampliar el enfoque de la política energética que tanto en hidrocarburos, como en electricidad, está fracasando porque sólo está pensada en privatizar. Y es que sí es posible satisfacer la demanda de gas sin ofrecer los recursos naturales al capital extranjero, si se mira la potencialidad de las empresas públicas, el éxito que han tenido en su primera colocación en la bolsa mexicana de valores y si se parte del objetivo de transformarlas en empresas globales y en la principal palanca de crecimiento económico del país.

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