Considera castigo para quien sin autorización revele fuentes

Suscribió Macedo acuerdo que regula citatorios a periodistas

Establece normas para que la AFI cuestione a los informadores

GUSTAVO CASTILLO

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Rafael Macedo de la Concha, suscribió el acuerdo en el cual se establecen las directrices para que las agencias del Ministerio Público puedan citar a declarar a periodistas dentro de una investigación, así como las normas bajo las cuales los elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) tendrán la posibilidad de cuestionar a los informadores.

En un comunicado de prensa, la PGR dio a conocer un acuerdo en el que supuestamente se garantiza la reserva de las fuentes de información de periodistas cuando sean requeridos como testigos para integrar alguna averiguación previa.

Como adelantó La Jornada, el acuerdo signado por Macedo de la Concha prevé sanciones para aquellos informadores que revelen sus fuentes de información sin tener autorización para hacerlo.

La firma de esta directriz ocurre días después de que, mediante una carta, Eduardo Bertoni, relator especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la protección a periodistas, convalidara el proyecto de acuerdo por considerar que garantiza el secreto profesional de los reporteros.

En el comunicado se asegura que "dicho acuerdo hace vigentes en la PGR los estándares exigidos por la jurisprudencia del sistema interamericano de protección a los derechos humanos para preservar el trabajo periodístico, como elemento fundamental de las sociedades democráticas contemporáneas, en la inteligencia de que dicha labor resulta fundamental para que aquellas ejerzan a plenitud su derecho a la libertad de expresión.

"Con este acuerdo, el procurador Macedo de la Concha convierte en norma jurídica lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que el Estado tiene responsabilidad especial de proteger a los periodistas y a los medios de comunicación contra posibles ataques, intimidaciones y amenazas que les impidan cumplir con su trabajo a cabalidad.

"El acuerdo en cuestión pretende establecer equilibrio entre el derecho fundamental a la procuración de justicia y el respeto a la libertad de expresión, porque ofrece a los agentes del Ministerio Público y a los agentes federales investigadores reglas claras que les permiten, por una parte, realizar sus indagaciones en su lucha permanente contra la criminalidad y, al mismo tiempo, requerir el testimonio de los periodistas de modo tal que no se vea afectado el trabajo que realizan, dada la trascendencia social que esto implica", se asegura en el comunicado.

Sin embargo, según fuentes de la dependencia federal, el proyecto final de acuerdo establece que cualquier reportero podrá ser citado y cuestionado en torno a sus fuentes de información, primero, cuando el Ministerio Público no tenga bajo ningún otro medio la posibilidad de obtener y corroborar la información que posea el comunicador, y segundo, el periodista podrá decir a su interrogador que no revelará sus fuentes por tratarse de un trabajo periodístico.

Pero una vez que el Ministerio Público pregunte las fuentes de información, si el reportero accede a revelarlas tendría que haber obtenido antes autorización de sus informantes; de lo contrario, se le aplicará lo establecido en los artículos 210, 211 y 211 bis del Código Penal Federal, que establece una sanción de 30 a 200 días de jornadas de trabajo en favor de la comunidad a quien transgreda dicha disposición.

Según las fuentes consultadas, el acuerdo también establece que aquellos funcionarios que presionen a un reportero para que revele sus fuentes se harán acreedores a sanciones administrativas o penales, aunque no señala cuáles son.