Cuestionan roscas el futurismo de la CID de Bejarano

Enfrentan a perredistas leyes y reparto de huesos

Reclaman por el reparto desigual de cargos de la Asamblea

GABRIELA ROMERO Y RAUL LLANOS

De nueva cuenta afloraron las diferencias entre los legisladores locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD). No sólo el "futurismo político" que pretende hacer uno de sus grupos generó ayer inconformidad, sino también el hecho de que la Corriente de Izquierda Democrática (CID), que encabeza René Bejarano, se despachó con la cuchara grande y se llevó la mejor parte de la tajada del pastel que representan los puestos de estructura administrativa en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), es decir, los que implican los salarios más altos.

Los diputados del grupo Rosca (rosaristas y cardenistas), encabezados por Carlos Reyes Gámiz -quienes desde ayer se hacen llamar G-7-, se confrontaron con los de la Corriente Nueva Izquierda (CNI) -también conocidos como G-10-, cuya representante es Lorena Villavicencio, por el dictamen de la Ley de Transparencia, el cual, a decir de los primeros, pretende ser un elemento más para hacer "futurismo" en favor del jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, Reyes Gámiz afirmó que la fracción no puede caer en la dinámica de competir "para ver quién agrada más" al jefe de Gobierno, o quién le presenta iniciativas más acordes con su visión. "No por ganarse el cariño de Andrés Manuel tenemos que extraviar el camino", reclamó a sus correligionarios, y advirtió que sería un grave error que la fracción del sol azteca esté en la idea de desatar futurismos que el partido no ha resuelto.

Incluso fue más allá al sostener que en este momento es tan respetable la posibilidad de que López Obrador sea el candidato presidencial del PRD en 2006 como la aspiración de Cuauhtémoc Cárdenas. "Entonces, no podemos estar sujetos a visiones determinadas. Sería insoportable que una actitud de esta naturaleza se desatara en la bancada", añadió.

Ante sus compañeros de grupo -María Elena Torres, Víctor Varela, Héctor Guijosa, Alfredo Carrasco, Rafael Hernández y Julio Escamilla-, el también viceocoordinador de la fracción señaló el error de haber modificado la Ley de Transparencia, pues luego fue censurada por López Obrador "por ser más papistas que el Papa y presentar un dictamen que iba más allá de los alcances que él contempla".

Luego de la conferencia, los diez diputados de la CNI, de Lorena Villavicencio, salieron al paso de las opiniones vertidas por los roscas, y en un boletín de prensa aseguraron que "harán valer la dignidad legislativa, por lo que no seremos comparsas ni detractores".

Aclararon que no serán "víctimas ni victimarios de la coyuntura política, ni promotores anticipados de candidatura alguna, pues flaco favor le hacemos a la ALDF convirtiéndola en plataforma electoral para favorecer aspiraciones personales".

Otro punto de discordia es que la CID se quedó con los principales cargos administrativos de la ALDF, los cuales, se prevé, serán ocupados por gente afín a su grupo. Por lo pronto, ya nombró a los responsables de las unidades administrativas de Procesos Parlamentarios, Comunicación, Tesorería, Oficialía Mayor y Contraloría, con sueldo mensual neto de 65 mil pesos.