AGENDA

EL INFORME SOBRE LA AUDITORIA A ROBLES EN EL PRD, HASTA 2004

En su consejo nacional de esta tarde, los perredistas prevén aprobar la convocatoria del próximo congreso de marzo-abril venideros, en el que se definirá la reforma estatutaria y las condiciones del congreso de marzo de 2005, que con nuevos delegados trazará la línea política y la reforma al programa con miras a las elecciones de 2006. Una vez decidido que sea en el primer consejo nacional de 2004 cuando se presente el informe del auditor sobre la gestión de Rosario Robles, los perredistas se reunirán en este consejo para definir la llamada "ruta crítica" que el PRD seguirá en las 14 elecciones de 2004 ?diez gubernaturas? y las de 2005, en las que existen posibilidades de triunfo en los estados de México, Guerrero y Baja California Sur.

TEODORO PALOMINO INSISTE EN ACUSACIONES CONTRA GORDILLO

La demanda de amparo solicitada por Teodoro Palomino Gutiérrez ?uno de quienes en agosto de 2002 presentaron querella ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) contra la diputada priísta Elba Esther Gordillo Morales, por su presunta responsabilidad en los asesinatos de más de cien maestros ocurridos en los años ochenta?, podría definirse este viernes durante la audiencia constitucional que se efectuará en el juzgado quinto de distrito b de amparo en materia penal. El quejoso se reunirá con el juez de la causa, Jacinto Figueroa, a quien le manifestará las razones por las que solicitó la protección de la justicia federal. A su vez, el juzgador le indicará al profesor si existen elementos para conceder el amparo, con base en los análisis que hizo de los informes justificados rendidos por el Ministerio Público Federal (MPF). Como se recordará, Palomino Gutiérrez presentó una demanda de amparo que fue aceptada el pasado 13 de septiembre por el juez Figueroa. El quejoso asegura que las investigaciones que en su momento realizó la Femospp contra Gordillo Morales, que concluyeron con la determinación del MPF de archivar la averiguación previa y decretar el no ejercicio de la acción penal en contra la legisladora, estuvieron plagadas de inconsistencias legales, como el hecho de que nunca fueron citados a declarar dos de los cuatro acusados por el homicidio.