Fue organizada "desde las más altas esferas", afirma

La guerra sucia, "un designio estatal planeado", sostiene Carrillo Prieto

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Los hallazgos documentales de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que demuestran la existencia de órdenes para "exterminar" al guerrillero Lucio Cabañas y sus seguidores en el estado de Guerrero, son prueba de que lo sucedido en la guerra sucia "fue resultado de un designio estatal planeado y ejecutado desde las más altas esferas gubernamentales", sostuvo Ignacio Carrillo Prieto.

Abogados de víctimas de la guerra sucia e integrantes del Comité del 68 coincidieron en señalar que los documentos encontrados en el Archivo General de la Nación (AGN) servirán para acusar a los ex presidentes Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo del delito de genocidio, ya que ese tipo de órdenes, cumplidas en los años setenta y ochenta en diversas entidades, los involucran de manera directa al haber fungido como jefes supremos de las fuerzas armadas.

Como se recordará, La Jornada dio a conocer ayer en exclusiva el contenido de una "directiva" elaborada en septiembre de 1972 por la 27 Zona Militar, en Acapulco, Guerrero, en la que se transmitían las órdenes del general Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Luis Echeverría, para que se "exterminara" al guerrillero Lucio Cabañas y a sus seguidores.

El hallazgo y su valor jurídico para la integración de la averiguación previa "constituyen un primer paso para terminar con la impunidad que se vivía en México en las décadas de los setenta y los ochenta, y también el inicio de procesos judiciales con miras a que se haga justicia para quienes no existía", subrayó el fiscal Carrillo Prieto.

Julio Mata, representante de la Asociación de Familiares y Desaparecidos de México (Afadem), calificó de "importantísimo" el hallazgo documental. Sin embargo, consideró que la investigación de lo sucedido en la guerra sucia "va muy lento, y ese testimonio documental sólo comprueba lo que las víctimas denunciaron desde hace 30 años". Consideró que "no hay una investigación real por parte de la fiscalía ni voluntad política para acusar a los responsables de esos crímenes, y se tiene la duda de si se les fincará el delito de genocidio".

Según Mata, testimonios documentales como el encontrado en el AGN por personal de la Femospp "existen muchos más y no se han integrado a los expedientes o apenas se está haciendo".

La abogada Gracia Moheno, encargada de promover la denuncia por la muerte de José Ignacio Olivares Torres, uno de los dirigentes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, consideró que los documentos en los que se mencionan las órdenes dadas por el general Cuenca Díaz demuestran que las matanzas de campesinos y miembros de grupos guerrilleros "fueron diseñadas desde lo más alto del Estado a la luz de una política genocida.

"En este caso las autoridades deben tomar en consideración los argumentos que esgrimió la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conceder la extradición del represor argentino Ricardo Miguel Cavallo, lo que posibilitó que se le juzgue por genocidio", señaló.

Raúl Alvarez Garín, integrante del Comité del 68, afirmó que la Femospp ya cuenta con otros documentos en los cuales también se mencionan directivas militares de persecución hasta el exterminio, lo que incrimina de manera directa a los ex presidentes Luis Echeverría y José López Portillo con los actos de represión de la guerra sucia.