Ex presidente de la CRE

Héctor Olea, inhabilitado para ocupar cargo público

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Por incurrir en conflicto de intereses, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años para ocupar un cargo, empleo o comisión en el servicio público a Héctor Olea, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) durante la administración del ex presidente Ernesto Zedillo.

La dependencia informó que al ex funcionario se le encontraron elementos suficientes para acreditarle que violó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, debido a que ocupó el cargo de consejero propietario de una empresa particular antes de cumplir un año de haber dejado la presidencia de la CRE.

Sin embargo, la SFP no dio a conocer el nombre del ex servidor público que fue inhabilitado con el argumento de que la investigación en su contra aún no ha causado estado, además de que en su momento tendrá derecho a impugnar la resolución final del asunto; sólo mencionó que se trata de quien fue presidente de la CRE, del primero de noviembre de 1995 al 31 de octubre de 2000. Durante ese periodo se desempeñó en dicho cargo Héctor Olea, quien ahora fue inhabilitado a causa de haber asumido funciones de consejero propietario en la empresa Tractebel, antes de cumplir un año de su salida de la CRE.

La SFP asegura contar con documentación que comprueba la irregularidad que cometió el ahora sancionado, donde destacan escrituras públicas de su nombramiento en Tractebel. Mientras estuvo al frente de la CRE, Olea era el encargado de resolver asuntos en materia de gas natural y electricidad, relativos a la regulación y administración de permisos para la venta de energía eléctrica; también debía resolver todo tipo de controversias surgidas en el sector.

No procede la sanción, dice Olea

Por su parte, Héctor Olea indicó mediante un comunicado que ya fue notificado sobre la determinación de la SFP de inhabilitarlo. Precisó que debido a que el proceso continúa vigente, apelará en su momento la resolución de la dependencia ante un tribunal fiscal de la Federación.

Consideró que las pruebas que ha presentado durante el proceso ''son contundentes para demostrar que siempre he actuado en apego a la ley, por lo que esta sanción no procede. De hecho, la propia resolución de la SFP confirma que no recibí beneficio económico alguno, ni que hubo daño patrimonial en contra del Estado, por lo que no existe conflicto de interés ni violación a la gestión de los funcionarios públicos''.

Asimismo, refirió que la investigación que en su contra realiza la SFP ''responde a una queja interpuesta por una empresa distribuidora de gas LP en Guadalajara, Jalisco (cuyo nombre no mencionó), la cual es parte de la estrategia legal y de opinión pública promovida por un grupo industrial que por décadas ha gozado del monopolio en la distribución de este energético en el occidente del país, cuyo mercado tiene un valor de 500 millones de dólares anuales''.

Desde febrero de 2001 varios medios de comunicación denunciaron presuntas irregularidades administrativas cometidas por Héctor Olea al aceptar un cargo importante en una empresa privada.