Severo cuestionamiento a Mario Beauregard por su complacencia con los bancos

Se presionará para bajar el costo fiscal del Fobaproa, alertan senadores al IPAB

Deciden gestionar que la SCJN atraiga el caso de los que se niegan a ser auditados

ANDREA BECERRIL

Senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) advirtieron ayer al secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Mario Beauregard, que harán todo para que se cumpla la ley y se disminuya el costo fiscal del Fobaproa, por lo que realizarán las gestiones necesarias a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso de los bancos que se niegan a ser auditados.

Esa fue la respuesta de los legisladores a la actitud del recién nombrado responsable del IPAB, quien sostuvo que ese organismo se encuentra ''de hecho imposibilitado'' para efectuar ''la revisión de la legalidad'', ya que Banamex, Bancomer, Bital y Banorte se ampararon contra las auditorías consideradas en el artículo quinto transitorio de la ley de ese instituto, y que el solo costo de los ''intereses reales'' de todo el rescate bancario ascenderá en 2004 a 27 mil millones de pesos

Beauregard fue severamente cuestionado por los senadores de todas las fuerzas políticas, tanto por su nombramiento como por lo que los legisladores consideraron una postura complaciente del funcionario con los bancos rescatados. Se veía nervioso, no supo responder qué vocales del IPAB lo propusieron para el cargo y acabó por reconocer que llegó por invitación directa del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

Hasta el panista Fauzi Hamdan, artífice del Fobaproa y del IPAB, lo puso en problemas, cuando reveló que la junta de gobierno del IPAB ''está coja'' -después Sauri calificó de lisiado al instituto- porque le faltan dos vocales, toda vez que además de Bernardo González Aréchiga, que renunció en abril pasado, también acaba de presentar renuncia Adalberto Palma. ''La presentó hace cuatro días al presidente Fox y envió copia al Senado, a la Comisión de Hacienda'', le notificó Fauzi Hamdan. Beauregard respondió sorprendido que desconocía ese hecho y no tuvo más remedio que asumir que en la junta de gobierno del instituto falta un vocal más, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, quien está imposibilitado por el artículo segundo transitorio de la Ley del IPAB.

El perredista Jesús Ortega reconvino a su vez a Hamdan y le pidió hacer extensiva esa información a los demás senadores. De paso insistió en que hay grandes posibilidades de que ese instituto recupere parte de los recursos que destina al pago a los bancos rescatados, con sólo revisar los diferentes informes y auditorías, y con base en el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB.

Ortega preguntó a cuánto asciende el presupuesto que se destinará al IPAB en 2004. Beauregard respondió que se tienen estimados 27 mil 665 millones de pesos para cubrir los intereses de la deuda por el rescate bancario, a una tasa de 4.8 por ciento.

''Algo está fallando, porque el gobierno está calculando esa cifra en 3.5 por ciento, Ƒpor qué la diferencia?'', inquirió, y el funcionario contestó que esa cifra la dio Hacienda y lo aclarará con el titular de la dependencia.

El funcionario llegó a la comparecencia acompañado por la secretaria adjunta jurídica, Lucía Villalón, y el secretario adjunto de Protección al Ahorro Bancario, Alfredo Vara Alonso. De entrada dio una amplia explicación de los problemas que han enfrentado para auditar a los bancos, pues éstos han recurrido al amparo.

Precisó que el 12 de septiembre el juez noveno de distrito en materia administrativa falló a favor de los cuatro bancos y notificó al IPAB que se concedió el amparo a las instituciones, con el argumento de que el quinto transitorio de la ley del IPAB no establece más auditorías que las ordenadas por la Cámara de Diputados en 1998 y que realizó Michael Mackey en 1999. Ante ello, dijo, el IPAB presentó un recurso de revisión y el proceso judicial sigue.

Más adelante, Sauri propuso que es más adecuado que el Senado, en uso de sus atribuciones, exhorte a la Procuraduría General de la República a que pida a la Corte que atraiga el caso y decida sobre las auditorías que los cuatro bancos se niegan a aceptar. ''Si nada deben, nada deben temer'', agregó. Ahí mismo los senadores decidieron optar por ese camino y llevar la propuesta al pleno en la próxima sesión ordinaria.