Los querellantes quieren esperar; el titular de la SRA busca que se reponga el proceso

Juicio contra la Federación, suspendido a petición de parientes de Ramos Millán

ALFREDO MENDEZ Y MATILDE PEREZ

El juicio civil contra la Federación que se inició a raíz de una demanda presentada en julio pasado por dos familiares del extinto Gabriel Ramos Millán quedó detenido de manera temporal, a petición de los quejosos.

En tanto, Florencio Salazar Adame, titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), quien junto con María Teresa Herrera Tello, consejera jurídica de la Presidencia, fue demandado por los herederos de Ramos Millán, debido a que la Federación no ha pagado en su totalidad los mil 217 millones de pesos correspondientes a la indemnización por un litigio de tierras que los querellantes le ganaron al gobierno federal, con el apoyo del senador panista Diego Fernández de Cevallos, exigió ayer al Poder Judicial de la Federación que reponga el juicio administrativo por el que se otorgó a los quejosos la millonaria indemnización, ya que "hay varias irregularidades que deben investigarse".

Por su parte, fuentes del Poder Judicial informaron que los querellantes (Gabriel Ramos Hernández y Armando Bernal Estrada, parientes de Ramos Millán) presentaron la semana pasada al juez décimo de distrito en materia civil, Adalberto Herrera González, un escrito en el que le manifestaron su interés de que sea detenido el procedimiento del juicio 120/2003.

En la petición, los quejosos solicitaron al juez de la causa que no continúe con el juicio hasta que se resuelva el incidente de falta de personalidad jurídica interpuesto por la Federación -la cual considera que la parte acusadora carece de facultades legales para iniciar una querella relacionada con un litigio del que "no forman la parte directa afectada"-, mismo que se desahoga en el segundo tribunal unitario en materia administrativa.

Incluso el juez Herrera González publicó ayer un acuerdo que hace referencia al escrito referido. En el acuerdo, que se puede consultar en el estrado del juzgado décimo de distrito, la autoridad judicial informa que: "atento al contenido del escrito presentado a este órgano jurisdiccional por el apoderado legal de la parte actora (denunciante), este juzgado hace del conocimiento que el presente juicio queda detenido y se reserva acordar (sobre el asunto) hasta que se reanude el procedimiento en el presente juicio".

"La ejecutoria, cargada de irregularidades"

El titular de la SRA sostuvo ayer que "el proceso puede reponerse porque la ejecutoria está cargada de irregularidades", y explicó que la expropiación se hizo para trasladarla a la Comisión Regularizadora de la Tenencia de la Tierra (Corett), con la finalidad de regularizar los predios en beneficio de sus ocupantes.

"No se desposeyó a los legítimos propietarios de un predio para realizar una obra pública determinada que implicara consecuentemente el pago en los términos que establece la ley. Se procedió de esa manera porque el predio estaba invadido", puntualizó el funcionario.

Además, insistió en que no debería pagarse la millonaria indemnización, pero aclaró que como es muy respetuoso de la ley, procedió al depósito de 30 millones de pesos, dentro del presupuesto que asignó para ello la Cámara de Diputados. "Con ese pago estamos actuando en contra de los intereses de la administración", expresó.

A su vez, las fuentes del Poder Judicial consultadas indicaron que la petición de los querellantes respecto a detener temporalmente el proceso obedece a dos objetivos: el primero de ellos es para buscar una negociación "extralegal" con el gobierno federal, a fin de llegar a un acuerdo sobre el pago inmediato de la millonaria indemnización; el segundo tiene que ver con la intención de los abogados de los quejosos, respecto a aprovechar al máximo el tiempo que dure la revisión en el tribunal unitario, para recabar las pruebas necesarias con las cuales poder demostrar que sus clientes sí tienen personalidad jurídica en el asunto.