Analizan expertos el proyecto de desincorporación

Convocan a movilizarse contra la venta de instituciones del sector agropecuario

Ante la amenaza que se cierne contra instituciones que han pugnado en favor de la soberanía alimentaria, como son el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Colegio de Posgraduados, la Comisión Nacional de Zonas Aridas y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de importante trayectoria en regiones de alta marginación en el país, la Universidad Autónoma Chapingo convocó a una movilización social y a que el Congreso de la Unión impida su desaparición.

Durante la realización del segndo Encuentro Nacional de Agricultura Urbana y Periurbana en México, que se realizó en la delegación Azcapotzalco, César Ramírez, en representación del rector de la casa de estudios, Sergio Barrales Domínguez, llamó la atención sobre la pertinencia nacional de estas instituciones.

En esta época de incertidumbre, manifestó su confianza de que habrá madurez de la sociedad mexicana para defender y mantener esas instituciones orientadas al desarrollo tecnológico, la formación de investigadores y la búsqueda de respuestas a una agricultura tan compleja como la nacional.

Durante el acto realizado en la casa de la cultura de esta demarcación, la jefa delegacional, Laura Velázquez Alzúa, también se pronunció por la defensa de las mencionadas instituciones, que para el gobierno que encabeza Vicente Fox no son importantes, dijo, porque no entran en la lógica del mercado neoliberal de generación de ganancias, por lo que pretende privatizarlas o desaparecerlas, como a la industria energética.

Por otra parte, Velázquez Alzúa consideró simbólico que se hubiera elegido a Azcapotzalco para realizar este encuentro de agricultura urbana, pues en esta delegación existen pueblos que todavía desarrollan labores ligadas al campo, por lo que propuso recuperar estas actividades en dos marcos: en el del rescate de tradiciones e historia, y en el de la generación de empleos y el apoyo a una economía sustentable de las clases marginadas.

Expuso que para enfrentar la pobreza en el país se ha vuelto una necesidad imperiosa producir alimentos en las urbes. El 76 por ciento de la población vive en ciudades y el desarrollo de la agricultura urbana permitirá un mejor desenvolvimiento económico, al obligar a desarrollar mejores tecnologías, generar empleos y brindar alternativas alimentarias a las clases marginales, así como aprovechar los espacios que actualmente se encuentran desocupados con actividades agropecuarias, mejorando al mismo tiempo el entorno ambiental y visual, puntualizó.

Durante su participación en el encuentro, Gabriela Arias Hernández, representante de México ante el Consejo de la Red Latinoamericana, planteó: "hay que arriesgarnos a pensar en urbes distintas, en las que desaparezca la dicotomía entre campo y ciudad".

Para ello, dijo, se requiere generar en México una nueva propuesta que acabe con la contradicción campo-ciudad. Puso como ejemplo que en Europa y Estados Unidos se ha reconsiderado la reconstrucción de urbes mediante clubes que rescatan lotes baldíos que producen alguna hortaliza o se convierten en pequeñas granjas. En México, añadió, no es necesario crear esos organismos; los productores que no se han ido de las ciudades los han establercido, pero se tiene que generar una propuesta económica de reconocimiento a su labor.

Se manifestó en favor de que permanezca el pequeño agricultor en las ciudades y que cambie el concepto "de verde a verde productivo", y de forma paralela disminuir el pago de predial; buscar apoyos con instituciones federales, generar una normatividad que obligue a las delegaciones a apoyar a estos productores; establecer una legislación que los obligue a producir de manera más sana, ecológica y limpia, a cambio de apoyos.

Durante el acto, autoridades de la delegación Azcapotzalco y la Asociación Pecuaria de Azcapotzalco firmaron un acuerdo de colaboración para impulsar el crecimiento económico en la demarcación. El presidente de la agrupación civil, Ignacio Bravo Guarneros, estableció que ante las quejas de vecinos contra los porcicultores urbanos se requiere la intervención de las autoridades para que obtengan recursos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y puedan realizar acciones de mejora genética, de instalaciones productivas y manejo de desechos. MIRNA SERVIN VEGA