José Antonio Almazán González

Deuda externa y electricidad

En su reciente comparecencia ante el Senado de la República, el secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, utilizó nuevamente el desgastado argumento de que: "El Estado tiene recursos limitados y su labor primordial debe ser atender necesidades de los ciudadanos, sobre todo en materia de seguridad pública, salud, seguridad social y educación...", intentando, con ello, justificar la pretendida privatización del sector eléctrico nacionalizado.

Ese viejo argumento neoliberal, inevitablemente nos remite a la crisis que México comenzó a sufrir a partir de 1982. En aquel año, ante la insolvencia del gobierno federal para asumir los compromisos de pago de una deuda externa que ascendía a 86 mil millones de dólares, el Banco Mundial impuso una serie de condiciones conocidas como "ajustes estructurales", entre otros la privatización del sector estatal de la economía.

1.- En 1982 este sector estaba integrado por mil 155 empresas y organismos estatales que operaban en 63 ramas de la economía mexicana, entre otras: química, agropecuaria, pesca, textiles, farmacéutica, banca, servicios, telecomunicaciones, aeronáutica, puertos, transporte, minería, petroquímica básica, siderurgia, turismo, ferrocarriles, electricidad y petróleo.

El argumento utilizado en aquel entonces por los gobiernos priístas fue que el Estado contaba con recursos económicos limitados y que éstos debían orientarse hacia el gasto social en educación, vivienda, salud, agua potable, inversión en el campo, mejor alimentación, medio ambiente y justicia. Como resultado de la privatización de 942 empresas, el gobierno federal obtuvo ingresos por más de 31 mil millones de dólares, que fueron destinados no al gasto social, sino al pago de la deuda externa, como parte de los compromisos asumidos con el Banco Mundial.

Este proceso de privatización inicialmente fue orientado hacia empresas y organismos que no eran estratégicos ni prioritarios, pero en pocos años abarcó a sectores prioritarios, como fue la venta de Teléfonos de México durante el periodo salinista y Ferrocarriles Nacionales con Ernesto Zedillo. Al igual que Carlos Abascal hoy, este proceso de desnacionalización de sectores claves de la economía mexicana intentó ser justificado por uno de los principales operadores de la privatización en el periodo salinista, Jacques Rogozinski, argumentando que "la experiencia de nuestro país y de muchas naciones... ha demostrado que en general la empresa privada es más eficiente que la pública".

2.- Conforme a datos del Banco de México publicados en su Informe Anual 2002, y guiado por los bien documentados reportes de Roberto González Amador (La Jornada 25 de julio y 23 de octubre), mientras de 1992 a 2002 la deuda externa, pública y privada, creció 31.8 por ciento, pasando de 117 mil 600 millones de dólares a 155 mil millones de dólares, en el mismo periodo el pago de esta deuda externa significó para México una sangría de 288 mil millones de dólares, que fueron a parar a las arcas de las principales potencias imperiales que controlan el Banco Mundial.

En promedio, en los pasados 10 años se pagaron anualmente más de 26 mil millones de dólares y en lo que va de este sexenio se han pagado 55 mil 600 millones de dólares.

Para situar la magnitud de la descapitalización de la economía mexicana en la década anterior, basta señalar que el pago de la deuda externa representó 45.2 por ciento del producto interno bruto de 2002, que el Banco de México calculó en 637 mil 269 millones de dólares.

Aun reconociendo las cifras infladas de Felipe Calderón, que estima que el sector de energía requiere una inversión de 136 mil millones de dólares de aquí al año 2013, estos recursos de capital se hubieran obtenido fácilmente, no ya de una moratoria a la deuda externa que a algunos asusta, sino de una justa e inaplazable renegociación de la misma.

3.- Como bien lo demuestra Sharon Beder en su libro Juego de poder, la lucha por el control de la electricidad en el mundo, "...aunque los argumentos a favor de la privatización y la desregulación se han presentado inevitablemente en términos de su beneficio público, en realidad éstas se llevan a cabo en beneficio de intereses comerciales en particular, a expensas de los intereses públicos". Demuestra cómo se ha echado mano de ideologías y teorías económicas simplistas para enmascarar la búsqueda del interés propio; cómo se ha arrebatado el control de la electricidad de las manos públicas para crear oportunidades de ganancias para inversionistas y empresas multinacionales, y cómo un servicio público esencial se ha visto convertido en un producto de especulación en nombre de la "reforma".

Contra este perverso propósito, desde diversos rincones de la nación avanza ya un conglomerado de fuerzas y movimientos sociales de todo tipo para llegar al Zócalo de la ciudad de México el 27 de noviembre, en defensa de la soberanía nacional y contra el neoliberalismo.