Miguel Concha

Violaciones persistentes contra defensores

Muchos son los problemas que en materia de derechos humanos tienen pendientes los gobiernos de América Latina. Uno de ellos es el de la protección de aquellas personas que trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos. Aunque ha habido algunos avances, los actos de agresión e intimidación contra quienes critican las políticas y prácticas oficiales siguen a la orden del día.

El informe presentado hace unos días por Amnistía Internacional, titulado Actores esenciales de nuestro tiempo: los defensores y defensoras de los derechos humanos en América, ilustra el grave problema que éstos enfrentan, así como la falta de voluntad política por parte de las autoridades para resolverlo. El ejercicio de las libertades fundamentales en algunos países del continente, y desde luego el cumplimiento de las obligaciones generales de los estados en materia de derechos económicos, sociales y culturales, es aún muy frágil y requiere de una serie de cambios estructurales que incluyan el derecho y el deber de defender los derechos humanos.

Los datos son alarmantes. Amnistía Internacional ha documentado más homicidios de defensores y defensoras en América Latina que en cualquier otra parte del mundo. La investigación afirma que no sólo no gozan de protección suficiente para realizar su trabajo, sino que en algunos casos, por las circunstancias, se ha visto disminuida en comparación con otros años. Desde agosto de 2002, al menos 15 defensores de derechos humanos y sindicalistas han sido asesinados en Colombia. En Guatemala, uno de cada 18 defensores asesinados entre los años 2000 y 2003 fue mutilado. En Honduras, muchos ambientalistas y un abogado defensor de derechos humanos fueron asesinados entre 2001 y 2003. En algunos países se hizo uso excesivo de la fuerza pública para disolver manifestaciones, con hechos que tuvieron como resultado la realización de asesinatos, torturas, lesiones y detenciones arbitrarias. Las agresiones están presentes en todo el continente, desde Estados Unidos de Norteamérica hasta Argentina.

Coincidiendo con el informe de Amnistía Internacional, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos denunció el pasado 11 de noviembre que "pronunciarse en Oaxaca en contra de los abusos de autoridad por el encarcelamiento injusto de las personas, los cacicazgos políticos, las violaciones a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, etcétera, implica para las autoridades estar en contra de ellas y no significar una demanda legítima por un verdadero estado de derecho".

Todo esto indica que los defensores y defensoras han emergido como actores fundamentales en la lucha social para asegurar que los gobiernos rindan cuentas por sus acciones y en la exigencia de justicia. Lo anterior se enmarca, sobre todo en el caso de Estados Unidos, en la llamada "guerra contra el terrorismo", que dificulta y agrava aún más el ejercicio de las libertades públicas y la defensa de los derechos humanos de las víctimas. Un ejemplo de ello fue la reciente Cumbre Ministerial por la Seguridad Hemisférica, en la que los ministros y jefes de delegaciones aprobaron una resolución de apoyo al gobierno de Alvaro Uribe, sin considerar la represión de que vienen siendo objeto los defensores de derechos humanos.

Las acciones de las autoridades para protegerlos varían en cada país, pero todos coinciden en la falta de cambios estructurales y de medidas transversales a largo plazo en todo el aparato estatal. Las diferentes propuestas se centran en proporcionarles protección inmediata, y no en la generación de un entorno cultural, legal y administrativo favorable, que les permita desempeñar su labor sin obstáculos ni temor a las represalias. Por ello, en nuestro propio país el diagnóstico del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en México recomienda, entre otras cosas, regular los supuestos y modalidades en que se deba otorgar protección especial a los defensores de derechos humanos, y establecer un protocolo para la adecuada investigación de hechos de hostigamiento, amenaza y otros ilícitos cometidos en su contra.

Se recomienda igualmente elaborar un plan de acción integral y concreto, en el que se señale claramente cuáles son las autoridades responsables de su aplicación, los procedimientos de evaluación, así como mecanismos de diálogo, negociación y escrutinio con la sociedad civil. A cinco años de haber sido promulgada la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, grupos e instituciones de promover y proteger los derechos humanos, pocos son los compromisos en ella expresados que se han traducido en acciones concretas, y mucho menos en programas de protección serios. Confiamos en que en nuestro país, con ocasión de su aniversario el próximo 9 de diciembre, se hagan los cambios requeridos.