Salazar Adame debe quejarse ante la Judicatura, dice

Evidencia de fraude en el caso Ramos Millán-SRA: Ortega

Reta Diego Fernández al titular de la dependencia a probar irregularidades; el juez fijó esa fianza porque le dio la gana, señala

ANDREA BECERRIL

El titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame, "ha hecho muy bien" en denunciar públicamente las presiones de Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia para lograr el pago millonario a sus clientes, los Ramos Millán, y el paso siguiente es interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura, porque "hay evidencias de un gran fraude contra el erario", consideró el senador del PRD Jesús Ortega.

En tanto, su homólogo Fernández de Cevallos aseguró que no litigará ese asunto en los medios de comunicación, pero retó al titular de la SRA a que "pruebe en el expediente del caso" las aseveraciones que formuló ante diputados el miércoles pasado, en el sentido de que hay severas irregularidades en ese juicio, por el que se obliga a la Reforma Agraria a pagar más de mil 214 millones de pesos a los Ramos Millán.

En entrevista con un noticiario radiofónico, el panista trató de evadir las preguntas sobre el trasfondo del asunto, pero cuando le preguntaron en qué se basó el juez de la causa para fijar un monto tan elevado de indemnización a sus clientes -que equivale a cerca de 4 mil pesos el metro cuadrado- respondió furioso: "porque así le pareció bien, porque así le dio la gana, punto".

Fernández de Cevallos agregó que la sentencia en favor de sus clientes "no dice que se les pueda o deba pagar en abonos, ni que queden liberados de responsabilidad por argumentar que no tienen dinero o no tienen cómo pagar", y hasta se quejó de que en el país "se ha hecho ya un deporte nacional que los funcionarios enfrenten a la autoridad judicial".

Todo ello, "debido a que nadie los llama a cuentas, ya que no hay un procedimiento ágil para que se les finquen responsabilidades por desacatar un mandato judicial, que no puede quedar a criterio de la autoridad administrativa".

-El secretario afirma que todo el juicio está plagado de irregularidades.

-Pues dónde están entonces todos los funcionarios anteriores y actuales de esa secretaría, porque él (Salazar Adame) no tiene el valor civil de poner este caso ante las autoridades competentes para que no queden impunes esas irregularidades. Decir que va a hacerlo es sencillamente reconocer que no lo ha hecho, y ya tiene bastante tiempo en la Reforma Agraria. Le recuerdo que en su demanda ojalá reclame los dineros que se pagaron ante tantas devoluciones.

En entrevista aparte, Jesús Ortega dijo que tanto el caso del Paraje San Juan como el de la SRA y la indemnización a los Ramos Millán deben ser sujetos de investigación por el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte. Sobre todo ahora que el titular de la SRA dijo ante la Cámara de Diputados que hay "chicanadas y violaciones evidentes a la ley por parte de los abogados de los Ramos Millán".

"Jueces cómplices"

Es obvio, agregó Ortega, que hay jueces y magistrados cómplices de "esas chicanadas por las que Fernández de Cevallos y Lozano Gracia lograron una indemnización de más de mil 200 millones de pesos para los Ramos Millán, cuyos abogados son insaciables".

Lo que resta ahora, agregó, es que Salazar Adame presente la denuncia ante el Consejo de la Judicatura por las muchas evidencias de que hay un "fraude monumental" en el juicio. Baste mencionar, agregó, que el perito que fijó la indemnización a un precio altísimo, "desvergonzado", está desaparecido.

Da la impresión, añadió, de que María Teresa Herrera, anterior titular de la SRA, "tenía temor de denunciar lo que estaba sucediendo con el juicio de los Ramos Millán; qué bueno que Salazar Adame decidió hablar claro, porque su deber es proteger los recursos públicos de un grupo de pillos apoyados por abogados con influencias que tratan de agenciarse más de mil 200 millones de pesos del patrimonio nacional".

Ortega consideró que el Senado debe legislar en la materia, aunque "parece que hay intereses para que no se haga", toda vez que las iniciativas que ya existen al respecto, sobre todo la de la panista Luisa María Calderón, que propone cortar de raíz el tráfico de influencias entre los legisladores, no avanzan.