El resultado del peritaje se integrará a la averiguación por fraude procesal

Falsa, la supuesta firma de Ebrard en el expediente del caso San Juan: PGJDF

La comisión de la ALDF que investiga el asunto pide promover la nulidad del juicio

RAUL LLANOS, GABRIELA ROMERO Y SUSANA GONZALEZ

Ante la serie de "ilegalidades, absurdos y falsedades" detectados en el expediente de Paraje San Juan, la comisión especial de diputados que investiga ese caso planteó que la Asamblea Legislativa (ALDF) solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que "vaya a fondo" en ese asunto. Además propone que se dé parte a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que investigue y determine los posibles delitos cometidos.

En la propuesta de resolución de dicha comisión, entregada ayer a algunos diputados para su análisis y discusión, se solicita que con base en los documentos y pruebas que se tienen se promueva ante el órgano jurisdiccional competente la nulidad del juicio concluido, por fraudulento.

En tanto, la PGJDF determinó que es falsa la firma que se atribuye al secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, asentada en un documento del entonces Departamento del Distrito Federal, en el cual se reconoce a Arturo Arcipreste Nouvel como único propietario de Paraje San Juan; el documento fue firmado el 29 de marzo de 1993, cuando el funcionario fungía como secretario de Gobierno.

Así, queda presuntamente acreditado un nuevo delito en el caso: el de falsificación de firma, pero el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Renato Sales Heredia, manifestó que aunque Enrique Arcipreste del Abrego (hijo de Arcipreste Nouvel) puede ser el responsable del ilícito -en tanto utilizó dichos documentos ante juzgados y tribunales para exigir la indemnización-, no se ejercerá acción penal contra él porque el Ministerio Público debe acreditar su autoría.

Aclaró que el peritaje de la rúbrica formará parte de la averiguación previa iniciada por el gobierno capitalino ante la PGJDF por fraude procesal, como "un elemento más de prueba" contra Arcipreste del Abrego, y también podrá servir a la investigación de la SCJN pues, según establece el artículo 310 del Código Penal del DF, fueron utilizados documentos falsos en un juicio para obtener un beneficio.

El objetivo de dicha falsificación, dijo Sales Heredia, fue "engañar al Poder Judicial, tanto del fuero común como del federal; el Poder Judicial fue víctima del engaño".

El dictamen de grafoscopía y documentoscopía se hizo a partir de que la SCJN permitió el lunes pasado que peritos de la PGJDF tuvieran acceso al documento original para tomar fotos y pruebas diversas a fin de comparar la rúbrica en cuestión con la firma de Ebrard en otros documentos de la época.

Los responsables de Grafoscopía y Servicios Periciales de la PGJDF, Pedro Estrada y Enrique Flores Gómez, respectivamente, explicaron que la firma examinada no tiene un trazo espontáneo, sino presenta varios titubeos, detenciones y presiones de tinta que no existen en las firmas originales, además de que tiene ángulos, torciones y rasgos distintos.

Sobre la resolución legislativa, el segundo de los cinco puntos que la integran indica que "esta comisión en ningún momento pretende soslayar los derechos legítimos de propiedad de ningún ciudadano ni mucho menos vulnerar el estado de derecho, pero como representantes sociales es menester ponderar la defensa del interés colectivo ante irregularidades, en un proceso jurídico que atenta contra el bienestar de la sociedad que representamos".

Durante dos semanas, los diputados que integran dicha comisión (de PRD, PAN, PRI y PVEM) se entrevistaron con funcionarios del gobierno capitalino, como el oficial mayor, Octavio Romero, y la consejera jurídica, María Estela Ríos, además de una docena de directores generales.

Los encuentros sirvieron para conocer de primera mano la información que se tiene en cada dependencia, para corroborar la validez del contrato de compraventa de paraje San Juan, realizado en 1947, y que es la base de la resolución del juzgado octavo, que obliga al Gobierno del DF a pagar una indemnización de mil 810 millones de pesos a Enrique Arcipreste del Abrego, presunto sucesor en la posesión del mencionado inmueble.

A lo largo de 31 cuartillas, el dictamen de opinión previo enumera las anomalías que señalaron los funcionarios del gobierno capitalino, referidas tanto a la familia Arcipreste como a otros individuos que se dicen dueños del predio.