Paramilitares intentan intimidar al Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero

El golpismo acecha al gobierno de Kirchner desde el primer día: analistas

Las amenazas para mantener la impunidad en Argentina ponen en jaque a la democracia, dicen

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 9 de noviembre. Aunque ahora se habla de amenazas explícitas contra el presidente argentino, Néstor Kirchner y su familia, éstas han estado no sólo en el ambiente de los sectores ligados a la pasada dictadura, sino en el tenor de muchas publicaciones y de la corporación periodística existente, herencia de la que pocos hablan y que también cumple su papel en todo esto.

En el contexto de una crisis policial de envergadura, cuando el propio presidente exige públicamente una impostergable depuración policial, y son evidentes los resultados de investigaciones que muestran los bienes supermillonarios de altos jefes policiales, el involucramiento en los secuestros y otras acciones realizadas por oficiales policiacos y muchos ligados a la pasada dictadura militar, era de esperarse que esa corporación actuara.

Si a esto se agrega el arribo al poder de diversas mafias unidas con intereses extranjeros, como sucedió durante la década en que gobernó Carlos Menem (1989-1999), esa unión puede potenciar cualquier tipo de amenaza en un país, donde la Corte Suprema -en transformación ahora- y diversos jueces convalidaron la impunidad, la corrupción y encubrieron los crímenes mafiosos.

Además está en el escenario la vieja y nueva "mano de obra desocupada", como eufemísticamente se llama a los responsables de crímenes de unos y otros periodos que no fueron castigados y ahora están en empresas o dirigen agencias de seguridad, y la miserabilidad de diversos sectores políticos, que no dicen nada frente a esto para "no quedar pegados al gobierno" o para no favorecerlo "electoralmente" de alguna manera.

La impunidad no sólo ahora anida en ese pasado sin castigo, sino en muchos silencios cómplices fruto de la filtración de metodologías políticas del sistema, en sectores que nunca respondían a ellas y que abarcan también a alguna izquierda, aunque nadie se atreva a decirlo. Los enormes remanentes de la dictadura militar y sus contactos con grupos empresariales o al frente de agencias de seguridad privada tienen donde reatroalimentarse en la sed de venganza de ese poder contra el presidente Kirchner, que tendría razones para temer.

En un análisis publicado por la agencia Argenpress, que mantiene un boletín por Internet, se advierte que "el golpismo acecha a la democracia desde el primer día de este gobierno que enfrenta, incluso, a los burócratas de su propio partido, sectores oligárquicos locales y multinacionales".

No una, sino varias veces habría recibido amenazas el presidente, y este periódico se ocupó del tema en varias notas en meses pasados, citando algunas publicaciones ligadas a las figuras de la pasada dictadura, que lanzaban vaticinios amenazantes después de las posiciones que tomó Kirchner en el tema de derechos humanos, por la detención de varios militares de la dictadura en estos momentos y por su demanda de renovación de la Corte Suprema, entre otras. También tronó ese poder en las sombras cuando se derogaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, a instancias del Ejecutivo, cuando quedaron detenidos nuevamente los militares cuya extradición se había pedido desde España, sin prosperar luego por decisión del gobierno español, lo que llevó a varios jueces a abrir aquí causas inconclusas.

Recientemente, los poderosos generales retirados Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez fueron detenidos bajo prisión preventiva por disposición del juez federal Jorge Parache por el secuestro y desaparición del senador tucumano Guillermo Vargas Aignasse en 1976. Sobre ellos existe gran cantidad de causas que se acumulan desde los tiempos en que eran amos y señores del terror, en Córdoba, Tucumán y otras provincias.

Pocas horas después los seguidores de Bussi cantaban: "Parache, Parache, dejate de joder, si no soltás a Bussi vas a desaparecer". Son los mismos grupos que intentaron por todos los medios impedir que el jurista Raúl Zaffaroni llegara a la Corte Suprema, bajo consenso congresional, aduciendo nada menos que era un "garantista", es decir, que aseguraba las garantías constitucionales.

Las amenazas para sostener las impunidades de uno y otro periodos han puesto en jaque a la democracia. Y no sólo amenazas. La flaca memoria no recuerda ya los múltiples asesinatos de testigos en casos emblemáticos de corrupción, que curiosamente hoy ni se mencionan, como si no fuera parte del mismo escenario. Por esa razón sonó muy fuerte la reciente demanda de apoyo del pueblo que lanzó Kirchner la semana pasada desde San Carlos de Bariloche, para que no se le deje solo en su lucha contra la corrupción, los delincuentes "y las corporaciones que obstaculizan la democracia".

Allí mismo también se advirtió cómo los manifestantes congregados para recibirlo en un acto conmemorativo hacían una notable diferencia demostrando su apoyo al mandatario, mientras abucheaban a otros funcionarios locales presentes.

Por su parte la comunidad mapuche también demostró que no olvida el pasado y cuando algunos de los funcionarios que hablaron mencionaban al perito Moreno, los abucheos atronaban el aire. El perito en fronteras Francisco P. Moreno fue enviado con fuertes poderes para marcar límites y de entrada cambió los nombres indígenas de aquellos lugares del sur; en sus escritos llamaba "cara de sapo" a los mapuches, entre otros términos degradantes, y se quedó con buenas extensiones de tierra.

Por estas horas está cayendo la máscara feudal de la provincia de Santiago del Estero, en el noroeste del país, después que la juez María del Carmen Bravo dispuso la prisión del ex jefe de Inteligencia del gobierno local, Musa Azar, a quien se imputan los asesinatos de las jóvenes Patricia Villalba, de 26 años, y Leila Bshier Nazar, de 22. Esta última, víctima de una orgía entre los llamados "hijos del poder", y Villalba porque sabía lo que sucedió. Tres policías detenidos involucrados en el homicidio de un ganadero de la zona confesaron y la imagen del terror estuvo otra vez en Argentina, en la sombra del poderoso Musa Azar, quien fue jefe de tareas de grupos operativos durante la dictadura militar y figura en la lista de la Conadep, la comisión que investigó en los años 80 las desapariciones, por más de 20 crímenes de lesa humanidad.

La investigación empezó el 6 de febrero pasado, cuando se descubrieron los restos de Leyla y Patricia. Ahora se conoce que en un minizoológico que mantenía el poderoso comisario Azar la joven Villalba fue torturada toda una noche y asesinada, y hasta habrían entregado su cuerpo a los animales del lugar, según se cuenta. ƑQué habrá pasado en esos lugares durante la pasada dictadura? ƑCómo han podido sobrevivir en estos casi 20 años de retorno a la democracia todo esos nichos del horror?

"La impunidad lo hizo posible" señalan los organismos humanitarios. Las familias de las víctimas comenzaron primero solitarias, como las madres de Plaza de Mayo en los años 70, y después acompañadas cada vez más, sus marchas de silencio y protesta. Fueron las "familias del dolor" y la última marcha reunió a miles manifestantes, pero también se notó que el terror en que vivía la población comenzaba a ceder.

También en esa provincia -y nadie duda que la mano de Azar esté detrás- grupos paramilitares han intentado intimidar a los integrantes del Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (Mocase), en los últimos tiempos. El gobierno envió a esa región al ministro de Justicia, Gustavo Béliz, y al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, para informarse de primera mano de los hechos, lo que obligó a actuar al poder provincial en manos de Mercedes Aragonés de Juárez, esposa del feudal caudillo peronista Carlos Juárez, que gobernó varias veces esa provincia, una de las más pobres del país.