León Bendesky

Paquetito para 2004

El presidente Vicente Fox ya debe haberse dado cuenta cabalmente del estado en el que se encontraba la economía cuando asumió el poder en 2000. La recuperación que se obtuvo luego de la crisis de 1995 fue producto del severo ajuste provocado por la devaluación del peso, del flujo de crédito aprobado por William Clinton y del estímulo generado por el impulso de las inversiones asociadas con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Una vez que la fase de expansión en Estados Unidos se terminó en 2001, las exportaciones dejaron de funcionar como motor del crecimiento y exhibieron la debilidad estructural de la economía mexicana.

El peso de las decisiones económicas de las administraciones de Salinas y Zedillo se mostró entonces de manera decisiva como un lastre. Desde que empezó este gobierno el aumento de la producción se ubica en promedio por debajo de uno por ciento anual y la expectativa de generar una expansión es todavía muy débil. Esto tiene que enfrentarse de modo decisivo y no seguir pensando que con reformas fiscales parciales y las de tipo ''estructural'', como las que se están promoviendo en el sector energético, se van a superar las condiciones imperantes del estancamiento.

De lo que no parece haberse dado cuenta aún el gobierno es que esa situación no se puede enfrentar siguiendo las mismas políticas heredadas del régimen que desplazó de la Presidencia y que, además, son aplicadas básicamente por los mismos funcionarios y sus equipos que han estado involucrados con su diseño y ejecución durante dos décadas. Este es un tema que sigue debajo de la superficie de la discusión económica y política en el país y que implica, igualmente, al marco institucional que no acaba de fortalecerse de manera decisiva. Es difícil, así, materializar un cambio que se exprese en otro modo de operación de la economía. Esta limitación queda nuevamente expresada en la propuesta de presupuesto federal para 2004 que la Secretaría de Hacienda ha mandado al Congreso.

El breve documento que acompaña la entrega al Congreso del paquete económico para 2004 tiene un rasgo distintivo que consiste en ofrecer un escenario muy apocado para el año entrante y sin variación de los criterios de la política económica. Para empezar, la estimación del cierre de este año con respecto a la tasa de crecimiento del producto parece aún elevada, está fijada en 1.5 por ciento pero otras estimaciones la ubican en sólo 1.3. Para 2004 el paquete de Hacienda proyecta una tasa de 3.1 por ciento, pero otros modelos la sitúan en 2.6 por ciento. Estas discrepancias no son menores en cuanto al valor de la producción, los empleos que se pueden crear, la situación que enfrentará la mayor parte de las empresas y las condiciones de vida de la población.

El presupuesto está cimentado en un bajo déficit fiscal de 0.3 por ciento del producto interno bruto, aunque los requerimientos financieros totales del sector público se estiman en 2.7 por ciento del producto. Esta forma de contabilizar el déficit no es muy transparente y mantiene la discrecionalidad del manejo de las finanzas públicas, sobre todo en el caso de los proyectos de obras contratados con el sector privado y que se pagan cuando se terminan de realizar (los Pidiregas). El margen de maniobra del presupuesto para 2004 es muy bajo, pues se plantea una reducción real de 4 por ciento en el gasto programable, aunque se ofrecen cambios en la composición de ese gasto hacia el desarrollo social, uno por ciento más y la inversión pública, en especial en infraestructura, que sería equivalente a 3.7 por ciento del producto. El asunto de la inversión es relevante pues es un impulso al crecimiento, pero según los datos oficiales en los primeros ocho meses de este año ese gasto descendió 1.3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, así que el rezago acumulado en un largo periodo ya es muy grande.

Hacienda reconoce en su paquete para 2004 que ''los recursos de naturaleza no recurrente y petroleros continuarán jugando un papel importante en el financiamiento del sector público''. Pemex incluso aportará una tercera parte de los ingresos públicos y los ingresos no recurrentes se obtienen principalmente de la venta de los activos públicos. Ahí se ubica la disputa de la reforma en el sector eléctrico y de los hidrocarburos.

La única medida significativa propuesta en el paquete es la recaudación fiscal proveniente del impuesto al valor agregado, aplicando una sola tasa de 10 por ciento a todas las transacciones. El documento dice que eso incrementará la eficiencia recaudatoria y el ingreso público. No hay consideración acerca del impuesto sobre la renta y tampoco de las medidas para cobrar más a quienes deben pagar y que están en el estrato más alto de los ingresos de la población. No se considera el asunto clave de la administración tributaria y habría que aclarar por qué. Tampoco se señala nada sobre la economía informal, que es tal pues no paga impuestos. No hay mucha imaginación ni esfuerzo por alterar la gestión de los recursos públicos y se mantienen los mismos criterios de asignación para renglones como el IPAB en un marco de litigio en las cortes que no acaba de allanarse.

La oferta del cuarto presupuesto de este gobierno es bastante apocada, parece hecha con la expectativa de alcanzar una negociación de las reformas en el Congreso. Eso es bastante incierto y, por supuesto, aun cuando se hicieran en la forma que quiere el gobierno no llevarían a un escenario muy distinto de crecimiento de la economía. Esa es una falacia que no va a sostenerse por mucho tiempo, pero mientras tanto eso es lo que se sigue perdiendo: el tiempo para rehacer la economía mexicana.