Eduardo R. Huchim

Contrarreforma

Contrariando un acuerdo en pro del consenso, tomado en la Comisión de Asuntos Políticos Electorales, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) proyecta presentar esta semana en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una iniciativa de reformas al Código Electoral local. Lo haría menos de mes y medio después de que entraron en vigor las reformas a ese mismo código, aprobadas por la legislatura anterior.

El Código Electoral del Distrito Federal, aprobado originalmente en 1998, durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y cuando Martí Batres Guadarrama era el coordinador de 38 diputados perredistas en la asamblea, tiene contenidos de vanguardia. Estos son algunos:

a) A diferencia de lo que ocurre en el ámbito federal, el cómputo definitivo de las elecciones -definitivo, no preliminar- se inicia el mismo domingo de los comicios, lo cual garantiza resultados muy rápidos, si bien resulta agotador para el personal de los distritos.

b) Establece el rebase de topes de gastos de campaña como causal de nulidad de una elección y faculta a la Comisión de Fiscalización para emprender la investigación respectiva a cualquier partido político (artículo 40).

c) Privilegia la colegialidad en las decisiones del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y da a las comisiones del Consejo General atribuciones que, por ejemplo, en el Instituto Federal Electoral (IFE) se otorgan a la Junta General Ejecutiva.

Bien, estos contenidos de avanzada se borrarían de un plumazo si la iniciativa perredista fuera aprobada en sus términos, porque:

a) El cómputo definitivo se iniciaría el miércoles siguiente al día de la elección, como se hace en el ámbito federal. Se trataría de una clara e injustificada regresión. A pesar del gran esfuerzo que representó para el personal de los órganos distritales del IEDF, los cómputos efectuados en 2000 y 2003 fueron correctos y los resultados definitivos se determinaron antes que los federales.

b) El rebase de topes se mantiene como causal de nulidad, pero se mediatizan las atribuciones que actualmente posee la Comisión de Fiscalización, pues se supeditan a lo que le diga el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Así, para este efecto, esta comisión se convertiría en un brazo técnico del tribunal, en un hecho que trastornaría el arreglo institucional. (Obviamente, esta reforma tiene su origen en lo que ocurrió en las investigaciones sobre el rebase de topes en Miguel Hidalgo.) Adicionalmente, la Comisión de Fiscalización del IEDF desaparece y sus atribuciones se agregan a la de Asociaciones Políticas. Además, en un claro autogol, se constriñe sólo al partido ganador la investigación prevista en el artículo 40. (Ver "El Torquemada que no dice su nombre", La Jornada, 30 de octubre, p. 40.)

c) Se crea una Junta Ejecutiva, a la que se dan atribuciones que actualmente tiene la Comisión de Administración y Servicio Profesional Electoral (CASPE), con lo cual esas facultades pasan de un órgano colegiado de consejeros electorales al área operativa -que así será la revisora de sus propias decisiones- integrada por los directores ejecutivos. Se quiere copiar el modelo del IFE, pero no se tiene en cuenta que ahí se justifica la existencia de la Junta General Ejecutiva porque la red operativa del IFE no se ubica en una sola ciudad, sino en 32 estados.

También se propone eliminar 24 de los 40 órganos distritales permanentes, lo cual incidiría evidentemente en el proceso electoral, además de que se pretende la desaparición de los directores jurídicos distritales y de la Contraloría Interna del IEDF, que existen desde 1999. Pareciera que, en este último caso, se quiere actuar contra la transparencia y en favor de la corrupción, pues si bien las cuentas del IEDF son revisadas por la Contaduría Mayor de Hacienda, lo cierto es que la labor de la Contraloría Interna no sólo es correctiva, sino también preventiva. Por eso el manejo de los dineros del IEDF ha sido transparente y las irregularidades menores.

Muchas otras cosas son criticables en esta iniciativa que postulan los perredistas en la asamblea, pero creo que lo comentado es suficiente para acreditar que se trata de una contrarreforma originada en la irreflexión y el deseo de venganza. Entre esas otras cosas está la reducción del salario actual de los consejeros y magistrados electorales. Sobre este aspecto, sería muy interesante conocer las reacciones de los diputados que simpatizan con esta iniciativa si se les redujeran 20 o 25 por ciento de sus dietas. Sin embargo, yo creo que el eventual debate de esta iniciativa no debe centrarse en este tema, porque, finalmente, tal disminución afectaría a un reducido grupo de ciudadanos, en tanto que temas como los señalados arriba afectarían a toda la sociedad y a nuestra democracia en construcción.