Externan su rechazo a las juntas de buen gobierno zapatistas y a los Caracoles

Demandan lacandones mayor presencia militar en la reserva de Montes Azules

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis. 9 de noviembre. La ofensiva neoliberal de la comunidad lacandona contra los pueblos indígenas de "su" selva, en particular las comunidades zapatistas, ha entrado en una nueva fase. Ahora están representados por Felipe Villagrán, ex funcionario del Banco Mundial hoy dedicado por entero a gestionar ante el gobierno dinero, privilegios políticos, bases militares y armas para los lacandones de Lacanjá Chensayab y los pobladores "leales" de Frontera Corozal y Nueva Palestina.

En una reciente reunión con el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y diversos funcionarios estatales y federales, Villagrán presentó, con proyecciones Power Point, una serie láminas con cuadros y mensajes, el último de los cuales dejó a la vista del mandatario y de los demás asistentes durante 10 minutos: "Rechazamos las juntas de buen gobierno y El caracol".

A nombre de bienes comunales de la denominada zona lacandona, el asesor económico de la elite de Lancajá Chansayab solicitó que "se implementen de inmediato rondines día y noche por parte del Ejército Mexicano y un destacamento en Paraíso" (donde se localiza una comunidad zapatista perteneciente al municipio autónomo Ricardo Flores Magón). Dijo que pedirán a la Secretaría de la Defensa Nacional la reinstalación de la posición castrense a orillas de la laguna Suspiro, que los lacandones llaman, como les gustaba a los zedillistas, "laguna yanqui".

Acostumbrados a extensas "peticiones" al gobierno, esta vez los lacandones quieren, además de múltiples obras y diversas sumas de dinero, "la autorización para portar armas de bajo calibre para cuidado de los cultivos de los comuneros". Dentro de un esquema de notable coherencia, solicitan agentes del Ministerio Público en el crucero San Javier y otro más en Benemérito de las Américas, así como "mayor presencia" del gobierno municipal priísta de Ocosingo. O sea, una especie de "paraíso paramilitar".

Villagrán, en nombre de sus representados lacandones, denunció a la escuela técnica de Frontera Corozal por "dar clases de zapatismo y tener murales de Marcos y Che Guevara". Todo esto lo expresó el 21 de octubre en Tuxtla Gutiérrez ante los titulares de las secretarías de Desarrollo Social, Pueblos Indios, Salud, Desarrollo Rural, la Comisión de Caminos, el Instituto Nacional de Historia Natural y Ecología y la delegación estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria.

Otro anuncio espectacular fue que la asamblea de la comunidad lacandona solicitará formalmente su inclusión al Procedecom (Procede Comunal), con lo cual abrirían la puerta a la privatización de toda la reserva de la biosfera. A esto se suma la continuación de todas las demandas de desalojo contra comunidades en Montes Azules, si bien con algunas aceptan mesas de negociación.

Por otro lado, de manera extraoficial Felipe Villagrán reveló a la delegada de la SRA en Chiapas que la comunidad lacandona pretende negociar con el gobierno federal la entrega de mil 126 millones de pesos a cambio de declinar en sus exigencias territoriales en la selva que "legalmente" les "pertenece" desde tiempos de su primer benefactor presidencial: Luis Echeverría Alvarez.

El "otro frente" en Montes Azules

Los intereses creados en torno a Montes Azules se mueven intensamente estos días. Grupos priístas del municipio Marqués de Comillas han intentado repetidamente echar al presidente municipal perredista, ocupando la alcaldía en Zamora Pico de Oro y acusando al alcalde de malos manejos, con lo cual disimulan su intención de quitarlo de en medio, pues no permite el tráfico ilegal de madera y es un obstáculo para la apropiación de 5 mil hectáreas por parte de un importante funcionario estatal. También se habla de narcotráfico.

Un conflicto que se ha larvado la semana que hoy termina es el de la carretera Santo Domingo-ejido Cintalapa, dos comunidades priístas (y bases militares) dentro del zona de amortiguamiento de Montes Azules. Aquí el conflicto es con bases zapatistas del municipio autónomo Ricardo Flores Magón y, en consecuencia, con la Junta de Buen Gobierno El Camino del Futuro (en La Garrucha). Los zapatistas recjazan, asimismo, la carretera San Antonio Escobar-Chamizal, que rodearía precisamente la laguna Suspiro, en el corazón de Montes Azules.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, bases de apoyo del EZLN se han concentrado en San José Patwitz para impedir la obra. Si bien el titular de Pueblos Indios, Juan Vázquez, ha declarado que los zapatistas se "muestran flexibles" en pláticas con las compañías constructoras (privadas), grupos priístas de La Siria amenazan con la violencia.

Según fuentes "que solicitaron el anonimato", citadas ayer por el diario Cuarto Poder, "el problema tiene grandes avances en su solución, pero todo podría venirse por la borda si ejidatarios no zapatistas de Siria y de otras comunidades aledañas, con 'posturas radicales' realizaran 'actos vandálicos o de provocación'". El mismo rotativo revela haber detectado en Siria "operadores políticos" de la senadora priísta Arely Madrid Tovilla, quienes "han mostrado posturas radicales y aseguraron públicamente tener todo el apoyo de la senadora para traer a las fuerzas federales y desalojar a los zapatistas".

La legisladora, vinculada con el alborismo, ha estado muy activa. Ayer visitó San Cristóbal de las Casas promoviéndose para ser la próxima candidata del PRI a la gubernatura. En tiempos recientes ha dejado claro su liderazgo sobre Paz y Justicia en la zona norte y ahora se asegura que "tiene el control" de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opdic), "la cual ha sido definida como de tipo paramilitar" (Cuarto Poder, 8 de noviembre), a la cual pertenecen los "radicales" de Siria.