Según expertos en derecho internacional, si el próximo gobierno iraquí decide que no quiere ser una sucursal propiedad de Bechtel y Halliburton tendrá fundamentos legales para volver a nacionalizar los bienes que fueron privatizados bajo los edictos de la Autoridad Provisional de la Coalición.

No es demasiado tarde para negarle a los invasores de Irak la miríada de premios económicos por los cuales se lanzaron a la guerra

Cancelen los contratos. Abandonen los acuerdos. Hagan trizas las reglas.

Estas son algunas sugerencias de lemas que podrían ayudar a unificar el creciente movimiento contra la ocupación de Irak. Hasta ahora, los debates de los activistas se han enfocado en si la demanda debería ser un retiro total de las tropas o que Estados Unidos le ceda el poder a las Naciones Unidas.

Pero la discución que gira en torno a "que se salgan las tropas" no toma en cuenta un importante hecho. Aún si el último soldado se sale del Golfo mañana y un gobierno soberano llega al poder, Irak seguiría ocupada: por las leyes escritas pensando en los intereses de otro país, por las empresas extranjeras que controlan sus servicios básicos, por el 70% de desempleo provocado por los despidos en el sector público.

Cualquier movimiento que tome en serio la autodeterminación iraquí debe demandar no sólo el fin de la ocupación militar en Irak, sino también de su colonización económica. Eso significa revertir las reformas de terapia de shock que el administrador estadunidense de Irak, Paul Bremer, fraudulentamente hizo pasar como "reconstrucción", y cancelar todos los contratos de privatización que emanan de estas reformas.

Ilustració: Rosario

ƑCómo se puede lograr una meta tan ambiciosa? Fácil: mostrando que, para empezar, las reformas de Bremer son ilegales. Claramente violan la convención internacional que gobierna el comportamiento de las fuerzas de ocupación, las Regulaciones de La Haya de 1907 (la compañera de las Convenciones de Ginebra de 1949, ambas ratificadas por Estados Unidos), así como el propio código de guerra del ejército estadunidense.

Las regulaciones de La Haya declaran que una fuerza de ocupación debe respetar, "a menos que se vea absolutamente imposibilitada de hacerlo, las leyes bajo las cuales se rige el país". Con gozoso desafío, la Autoridad Provisional de la Coalición (APC) hizo trizas esta simple regla. La constitución de Irak no permite que los bienes clave del Estado sean privatizados y prohíbe que los extranjeros sean dueños de empresas iraquíes. No hay manera de argumentar que la APC estuvo "absolutamente imposibilitada" de respetar esas leyes, y sin embargo, hace dos meses, la APC las revocó unilateralmente.

El 19 de septiembre, Bremer promulgó la ahora tristemente famosa Orden 39. Anunciaba que 200 compañías estatales iraquíes serían privatizadas; decretaba que las empresas extranjeras podían retener 100% de la propiedad de bancos, minas y plantas iraquíes; y permitía que esas empresas sacaran 100% de sus ganancias de Irak. The Economist declaró que las nuevas reglas eran un "sueño capitalista".

La Orden 39 también viola las Regulaciones de La Haya de otras maneras. La convención declara que las fuerzas de ocupación "serán tomadas en cuenta sólo como administradoras y usufructuarias de edificios públicos, bienes raíces, bosques y tierras agrícolas pertenecientes al Estado hostil, y situados en el país ocupado. Debe salvaguardar el capital de estas propiedades, y administrarlas de acuerdo a las reglas de usufructo".

El Diccionario de Leyes de Bouvier define "usufructo" (probablemente la palabra más fea del idioma inglés) como un arreglo que otorga a una parte el derecho de usar y derivar beneficios de la propiedad de otro "sin alterar la sustancia de la cosa". Puesto de manera más simple, si eres una niñera, puedes comerte los alimentos que están en el refrigerador, pero no puedes vender la casa y convertirla en condominios. Sin embargo, esto es lo que está haciendo Bremer: Ƒqué podría alterar más "la sustancia" de un bien público que volverlo privado?

Por si aún no le quedaba claro este detalle a la APC, la ley de guerra terrestre del ejército estadunidense declara que "el ocupante no tiene derecho a vender la propiedad [no militar] o a hacer un uso de ella para el que no está calificado". Esto queda bastante claro: bombardear algo no te da el derecho a venderlo. Todo parece indicar que la APC está consciente de lo ilegal de su plan de privatización. En un memorándum filtrado, escrito el 26 de marzo, el procurador general de Gran Bretaña, Lord Peter Goldsmith, advirtió al primer ministro Tony Blair de que "la imposición de grandes reformas económicas estructurales no estaría autorizada por la ley internacional".

ƑUn feliz matrimonio?

(Traducción: Tania Molina Ramírez. Copyright 2003 Naomi Klein. Una versión de este artículo fue publicado en The Nation -www.thenation.com)