Exigen PRD y PRI a Muñoz Leos información completa

Presentan dictamen que rechaza iniciativa de legalizar los CSM

ANDREA BECERRIL Y GEORGINA SALDIERNA

El dictamen mediante el cual se rechaza la iniciativa presidencial que pretende legalizar los contratos de servicios múltiples (CSM) y dar ventajas a inversionistas extranjeros fue presentado ayer ante el pleno del Senado de la República, con el aval de todas las fuerzas políticas.

Además, durante la sesión PRD y PRI exigieron al director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, que haga llegar a esa Cámara la documentación completa sobre los contratos de servicios múltiples ya firmados con trasnacionales para la explotación de gas natural en la cuenca de Burgos, toda vez que la información que han remitido a esa cámara alta es incompleta.

Durante la sesión se denunció la "privatización silenciosa" que se lleva a cabo en Pemex y se propuso crear una comisión especial que investigue las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores que laboran para las contratistas de la paraestatal en la zona de Campeche.

Sin embargo, lo más relevante de ayer fue el dictamen en torno a las reformas a las leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones y Arrendamientos. "Es un logro porque logramos frenar el intento del presidente Fox por introducir cambios aparentemente inofensivos, pero que en realidad iban encaminados a dar legalidad a los CSM, como un primer paso en la privatización de Pemex", comentó la senadora del PRI Laura Alicia Garza Galindo.

La iniciativa original la envío Fox a la Cámara de Diputados el 26 de noviembre de 2002, donde se aprobó el 13 de diciembre y se remitió de inmediato al Senado, donde el panista Gildardo Gómez Verónica trató que saliera con la misma celeridad.

Sin embargo, senadores del PRI, entre ellos Garza Galindo, Manuel Bartlett, Oscar Cantón Zetina y David Jiménez, se dieron cuenta de que tras la aparente intención de transparentar las reglas para las adquisiciones que llevaban a cabo dependencias gubernamentales, así como los contratos para otorgar obras públicas, se escondía la intención real de legalizar los CSM.

Se frenó la minuta y los meses siguientes, relató el senador priísta Antonio García Torres, los senadores del PRI que forman parte de las comisiones dictaminadoras -Gobernación, Hacienda y Estudios Legislativos- llevaron a cabo reuniones de trabajo con integrantes de organizaciones empresariales y especialistas a fin de modernizar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, pero dejando fuera beneficios, incluso por encima de la Constitución, que se otorgaban a contratistas y proveedores extranjeros.

La minuta fue modificada a fondo. Los cambios son radicales, toda vez que se eliminaron 32 artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; otros 14 quedaron fuera de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, además de que en esta última se modificaron 12 artículos más.

Entre los artículos suprimidos destacan el 26 bis y 46 de la Ley de Adquisiciones, que permitían la contratación de terceros, que a su vez podían subcontratar de manera ilimitada obra pública. "Esto enmarcaba un poco la cuestión de las llamadas empresas líderes, es decir, el gobierno federal contrataría con un consorcio, que a su vez podría subcontratar con muchas empresas más sin rendir cuentas a nadie", precisó García Torres.

Se decidió asimismo quitar otros ordenamientos que habrían dado ventajas a los inversionistas privados, entre ellos permitir contratos a largo plazo para mantener el nivel de inventarios, incrementarles el monto de garantías con 5 por ciento sobre el concepto de interés y exceptuar la aplicación de penas convencionales a las operaciones de adjudicación directa.