Debe saludarse, como un importante paso hacia la impartición de justicia contra los represores del pasado reciente, la decisión adoptada ayer por unanimidad por los integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de considerar que los secuestros de luchadores políticos y guerrilleros que perpetraron la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y otros órganos del Estado no sólo no han prescrito, sino que ni siquiera se ha iniciado el periodo de prescripción.

El fallo explica que las desapariciones forzadas de personas son, en tanto no aparezcan las víctimas, delitos cuya comisión continúa. En otros términos, la captura ilegal de Jesús Piedra Ibarra, su "desaparición" en la DFS y su actual ausencia son un ilícito que persiste hasta la fecha. Jurídicamente hablando, pues, ese y otros cientos de desaparecidos políticos permanecen secuestrados, y los presuntos autores de las correspondientes privaciones ilegales de la libertad resultan plenamente imputables ante los tribunales.

Lo que podría parecer mera precisión jurídica reviste gran importancia para procesar y castigar a los responsables aún vivos de las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas desde el poder público en los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo, así como para esclarecer el destino de los opositores políticos, guerrilleros, sindicalistas y agraristas asesinados durante la guerra sucia emprendida en esos sexenios, que segó vidas, destruyó familias, desgarró el tejido social del país y envileció y pervirtió la institucionalidad nacional.

Ciertamente, la resolución comentada no asegura por sí misma, ni en forma automática, la impartición de justicia para todos los crímenes, excesos y abusos de poder a lo largo de los años sesenta, setenta y ochenta. Después de décadas de impunidad para los represores, puede resultar exasperante que apenas se haya logrado crear la posibilidad legal de girar órdenes de aprehensión contra dos de los presuntos criminales de Estado: Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro, antiguos mandos de la DFS, con los cuales sumarían apenas cuatro los procesados, hasta ahora, por delitos en el contexto de la guerra sucia, habida cuenta de que actualmente se encuentran sujetos a juicio por el asesinato de 22 guerrilleros los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo.

Desde otra perspectiva, este episodio judicial nos acerca a la posibilidad de presentar acusaciones formales contra el resto de los represores, empezando por aquellos a los que se presume responsables máximos de los delitos de lesa humanidad: Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo. Finalmente, el fallo referido representa una vindicación de la larga e incansable lucha realizada desde los años setenta por organismos de defensa y promoción de los derechos humanos, empezando por los que ha presidido doña Rosario Ibarra de Piedra, madre del desaparecido para el que ahora empieza a ser posible la justicia.