Estoy "impedido moralmente" para hacerlo, argumenta el jefe de Gobierno

Buena, la decisión de la Corte, pero no voy a pagar, dice López Obrador

Con el reconocimiento de su cargo deja de ser el gobernante de la república del limbo, señala

BERTHA TERESA RAMIREZ

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, calificó de "buena" la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atraer el caso del Paraje San Juan, aunque advirtió que está "impedido moralmente" para pagar la indemnización de lo que considera un fraude, por lo que continuará el proceso por otras vías a fin de demostrar la inviabilidad del juicio que llevó a la sentencia de que la administración local pague una suma millonaria.

Durante su conferencia de prensa matutina dijo una vez más que está dispuesto a asumir las consecuencias por negarse a cubrir el pago, y advirtió: "sin baladronadas y sin que se malinterprete, he sido lo suficientemente claro para expresar que no podría convalidar un fraude, que no puedo convertirme en cómplice de la corrupción. Ahora sí que moralmente estamos impedidos de acatar algo que va en contra de los principios que profesamos. Entonces, que quede claro: estamos a las órdenes, asumimos cualquier consecuencia".

Un sonriente López Obrador se vio ayer durante la conferencia de prensa, en la que manifestó su satisfacción por el hecho de que el pleno de la SCJN haya reconocido que sí tiene facultades constitucionales, por lo que, dijo, deja de ser gobernante de "la república del limbo y ya soy gobernador o jefe de Gobierno del Distrito Federal".

Destacó el hecho de que los ministros actuaran con prudencia y que en todo el debate y la argumentación que esgrimieron haya habido un trato respetuoso, ya que en ningún momento cuestionaron el derecho que tiene el gobierno capitalino de demandar justicia.

Sobre la negativa de la Corte a integrar la comisión investigadora del caso del Paraje San Juan, López Obrador señaló que se van a seguir otras vías.

Indicó que al respecto ya está en trámite la denuncia por fraude ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, e indicó que ayer mismo analizaría las estrategias para iniciar otros procesos.

El Ejecutivo local mencionó que el caso del Paraje San Juan no se ha agotado y que al haber atraído la Corte el asunto para analizar el expediente relacionado con la queja que presentó su gobierno ante el tribunal colegiado para que resolviera sobre la ejecución o inejecución de la sentencia, los ministros de alguna manera deberán hacer una revisión exhaustiva con criterios que pueden ir en varios sentidos: desde ordenar otro avalúo hasta hacer consideraciones de otro tipo.

Indicó, sin embargo, que en cualquiera de las dos situaciones se tendrá que llegar al fondo del asunto. Puso como ejemplo que si se optara simplemente por reducir el monto de la indemnización, necesariamente tendría que ordenarse otro avalúo, lo cual no sería posible porque el Paraje San Juan no existe.

Durante la conferencia hizo un nuevo llamado a los descendientes de Fernando Arcipreste Pimentel para que presenten el acta de defunción del mismo.

Por otra parte, el mandatario local pidió a los representantes de los medios de comunicación una tregua para no hablar en los 10 días siguientes de temas nacionales y del Paraje San Juan, a fin de abordar los asuntos que tienen que ver directamente con la ciudad.

Arcipreste pretendió sobornar a funcionaria de Chimalhuacán

Desaparecen también del Archivo General de Notarías documentación sobre el Paraje

RAUL LLANOS Y GABRIELA ROMERO

A la mutilación de fojas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio sobre el Paraje San Juan se suma la desaparición de documentos que sobre el mismo caso estaban resguardados en el Archivo General de Notarías.

El asunto llega a grado tal que Aleida Alavez, presidenta de la comisión especial de diputados que investiga el asunto, denunció que la familia Arcipreste -que reclama una indemnización de mil 810 millones de pesos por la expropiación de "su predio"- trató de sobornar a la directora del Registro Civil de Chimalhuacán, Olga Eugenia Chapa, para que desapareciera documentos oficiales de Arturo Arcipreste.

Estos dos asuntos fueron expuestos en el marco de la reunión que tuvieron ayer los integrantes de dicha comisión legislativa y los titulares de la Dirección General Jurídica del GDF, Ernestina Godoy, y del Archivo General de Notarías, Daniel Osorio, para conocer los documentos que obran en su poder relacionados con el polémico asunto del Paraje San Juan.

Durante su intervención, los funcionarios citaron una serie de escrituras, cesiones de dominio, revocaciones de mandato, algunos relacionados con Arturo Arcipreste y otras con Gabriel Pérez Sánchez, otro de los que se asumieron como dueños del citado predio. Además, los datos de 16 personas que reclaman indemnización por tener derechos de propiedad sobre el predio, y de otras 106 que exigen la revocación del decreto expropiatorio firmado por Carlos Salinas de Gortari.

Daniel Osorio detalló que el libro que se encuentra desaparecido es el que contiene cerca de 200 o 300 fojas con los anexos o documentos complementarios de los actos o hechos jurídicos realizados en el Archivo General de Notarías relacionados con el paraje.

Precisó que entre los documentos ahí contenidos está un certificado de libertad de gravámenes, el cual contiene los mismos datos del folio real que deberían estar anotado en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, cuya foja se arrancó. Además, "ahí se asientan las transmisiones de dominio del inmueble, cómo se va vendiendo, a quién se le vende, las colindancias del predio".

También, dijo, un testimonio de la escritura 30,302, que contiene un poder especial irrevocable de Arturo Arcipreste en favor de Rafael del Castillo para actos de dominio del paraje. Añadió que, de no encontrarse en breve dichos documentos, habrán de dar parte a las autoridades judiciales para que se inicie una averiguación de carácter penal.

Aunado a ello, la diputada del PRD Aleida Alavez aseguró que integrantes de la familia Arcipreste trataron de sobornar a la titular del Registro Civil de Chimalhuacán, con el objetivo de que desapareciera el libro en el que está integrada el acta de registro de Arturo Arcipreste, en la cual consta que, según la información ahí contenida, el aludido nunca proporcionó los datos de sus familiares.

Frente a esa intención de los Arcipreste, la Asamblea Legislativa pidió a las autoridades municipales que se resguardara el libro señalado, para evitar que se dañara o afectara, pues es parte de los documentos que ayudarán a aclarar las cosas.

Apremia al gobierno de la ciudad a que ya le pague

Admite Arcipreste que el acta de su abuelo no existe

El derecho de propiedad no se demuestra con actas, dice

BERTHA TERESA RAMIREZ Y SUSANA GONZALEZ

A casi un mes de que la opinión pública conociera el controvertido caso del Paraje San Juan, el presunto dueño del predio, Enrique Arcipreste del Abrego, se presentó ante los medios de comunicación acompañado de su abogado, Arturo Vázquez Ayala, quien reconoció que el acta de defunción del abuelo de su cliente, Fernando Arcipreste Pimentel, no existe. Adujo que esto "se debe a la muy cotidiana costumbre de las familias mexicanas de no guardar estos documentos".

En una larga conferencia de prensa en la que presentaron una carpeta con documentos, Vázquez Ayala pidió que no se manipule este hecho, e indicó que si se pregunta a la mayoría de la gente, se encontraría que casi nadie guarda los documentos de defunción de sus abuelos. Incluso hay quienes desdeñan hasta las actas de nacimiento de éstos.

"Pero una cosa sí les puedo advertir: que con ese argumento ningún tribunal puede ni va jamás a desconocer la eficacia jurídica de la cosa juzgada en el amparo."

Apuntó que el acto de propiedad "no se demuestra ni con actas de nacimiento, ni con actas de defunción ni con actas de matrimonio. La propiedad es un hecho y es un acto jurídico y se demuestra con los documentos correspondientes".

Entre los documentos que llevaban Arcipreste del Abrego exhibió el acta de nacimiento de su padre, Arturo Arcipreste Nouvel, en la que aparece el nombre de su abuelo, Fernando Arcipreste Pimentel.

En punto de las 11 de la mañana, escoltado por varios guardias de seguridad, Arcipreste del Abrego arribó al hotel Intercontinental de Polanco. Ahí dijo que es la primera vez que ofrece una conferencia de prensa y que espera que sea la única. Indicó que la tuvo que convocar con el fin de aclarar, dentro de sus "modestas posibilidades", las "injurias y mentiras de que he sido objeto en los últimos días", a raíz de las declaraciones de algunos funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, "principalmente el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador".

A su vez, Vázquez Ayala se deslindó del grupo de abogados encabezados por José Luis González Meza, quien alega constituir la defensa, e instó al jefe de Gobierno a dejar de lado su obstinación y terquedad para no cumplir el mandato judicial de pagar a su representado la indemnización que por ley le corresponde, derivada de la expropiación del predio Paraje San Juan, en Iztapalapa.

Este pago debe realizarse a la brevedad, ya que su cliente "no quiere correr con la suerte de su señor padre, el señor Arturo Arcipreste Nouvel, quien en vida vio perdido su patrimonio y no pudo cobrar lo que legítimamente le correspondía, así como tampoco quiere dejarle a sus hijos que tengan que seguir batallando para realizar el cobro".

Por la tarde, Arcipreste del Abrego, acompañado de sus abogados, acudió a la Fiscalía de Delitos Financieros de la procuraduría capitalina, en la colonia Doctores, para conocer su situación jurídica y al mismo tiempo presentar una suspensión provisional. Ahí le fue entregado un citatorio al que, dijo, responderá por escrito dentro de 15 días. En la dependencia permaneció casi cuatro horas.

Significativo, que haya ejercido su facultad de atracción: presidente de la CDHDF

Aprobación unánime a la resolución de la Corte sobre Paraje San Juan

El máximo tribunal actuó con gran responsabilidad jurídica y social, afirma Diego Valadés

SUSANA GONZALEZ, ANDREA BECERRIL Y RENATO DAVALOS

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el Paraje San Juan fue elogiada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza; el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés; el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, así como por los ex titulares del Gobierno del DF Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Camacho Solís, quienes incluso manifestaron su disposición a declarar ante las autoridades sobre el caso.

Entrevistado durante los trabajos del encuentro Para México, una izquierda posible, Cárdenas Solórzano declaró que durante su gestión al frente del gobierno de la ciudad no tuvo conocimiento del caso del Paraje San Juan. "Espero que ahora este asunto se resuelva conforme a la ley y consideramos importante que haya intervenido la Suprema Corte de Justicia", apuntó.

Camacho Solís se congratuló de que la Corte haya tomado el caso. "Nos parece importante incluso que el Poder Judicial no haya decidido la creación de una comisión investigadora, porque ahora serán los propios ministros los que decidirán sobre el curso de este caso y serán los supervisores de comprobar el tamaño de las irregularidades", argumentó.

Camacho Solís agregó que López Obrador debe seguir trabajando y persistir, conforme a las pruebas que tiene en su poder, para demostrar "que se trata de un gran fraude". Dijo que resulta "sospechoso" que desde 1945 nadie haya reclamado el predio sino precisamente ahora, cuando viven más de 10 mil familias en la zona. En 1989, recordó, "tratamos de regularizar los terrenos", pero había gran cantidad de contratos privados reportados en el Registro Público de la Propiedad.

En la UNAM, el ombudsman capitalino calificó de "positivo" que se retome por los cauces legales un tema tan complicado, y apuntó: "Necesitamos instituciones fuertes y el tema obliga a una revisión. El asunto es complicado y podría poner en riesgo la viabilidad financiera de la ciudad, pero necesariamente deben buscarse formas legales para atenderlo y respetar el estado de derecho, a la vez de fortalecer nuestra vida democrática. Por eso es significativo que la SCJN haya ejercido su capacidad de atracción".

Para Diego Valadés, la SCJN actuó con "gran responsabilidad jurídica y social" al dar una opción apegada a derecho, que es además "la única viable". La Corte decidirá en qué términos deberá cubrirse el adeudo por la indemnización, declaró al ser entrevistado tras participar en el foro La relección legislativa, organizado por el Senado de la República.

Agregó que también debe reconocerse que el presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, haya aceptado los argumentos de los ministros que diferían de sus puntos de vista "y los hizo suyos, lo que demuestra su gran solvencia y capacidad jurídica". Consideró que la cosa juzgada seguirá siéndolo, pero en el caso de Paraje San Juan había un incidente de inejecución pendiente de resolver y lo que el máximo tribunal hizo fue atraer ese incidente, que se encontraba en un tribunal colegiado, mientras que sobre el monto de la indemnización, de mil 800 millones de pesos, previó que puede bajar o aumentar.

La respuesta de la Corte fue "muy institucional, bien pensada y prudente ante la exigencia del gobierno de la ciudad y de una opinión pública sensible", consideró por su parte el procurador Bernardo Bátiz, al tiempo que ponderó las muestras de independencia que ha dado la SCJN. Destacó el reconocimiento que los ministros hicieron al jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, como gobernante de la entidad.

El procurador también resaltó el llamado que formuló la SCJN para que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) haga su tarea, señaló que la denuncia por fraude que interpuso el gobierno local va "muy avanzada" y anunció que el próximo viernes están citados a declarar algunos testigos e involucrados en el caso, aunque ayer mismo se presentó Enrique Arciprestre del Abrego en la Fiscalía de Delitos Financieros.

Bátiz recordó que hay otra averiguación previa, iniciada a partir de que el secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, denunció que su firma fue falsificada en uno de los documentos en que se reconoce a los supuestos dueños del predio expropiado.

  

Enrique Arcipreste del Abrego, quien demanda millonaria indemnización por la expropiación del Paraje San Juan, ofreció una conferencia de prensa para señalar ''las injurias y mentiras de que he sido objeto por parte del gobierno capitalino''. Sin embargo, su abogado admitió que no hay un acta de defunción para avalar que existió Fernando Arcipreste Pimentel, su abuelo y presunto dueño original del predio FOTOS JOSE CARLO GONZALEZ