El nuevo titular confió en que se abatirá la corrupción

Hay 50 mil demandas contra el Seguro Social en la JFCA: Gutiérrez Cantú

PATRICIA MUÑOZ RIOS

En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) hay cerca de 50 mil demandas contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la negación del pago de jubilaciones, pensiones, incapacidades y errores y omisiones en el registro de derechohabientes, entre otros.

El nuevo presidente de la JFCA, Miguel Angel Gutiérrez Cantú, ofreció ayer una conferencia de prensa en la que también reconoció que hay áreas de corrupción en este tribunal, como en el manejo de expedientes, en oficialía de partes y en algunas acciones de los actuarios, pero confió en que se abatirán estas prácticas con la introducción de modernos sistemas de informática.

Hizo ver que la junta tiene actualmente más de 100 mil demandas en proceso, que fueron depositadas y aún no se han resuelto, de las cuales aproximadamente la mitad corresponden a litigios contra el IMSS iniciados por derechohabientes que no han recibido el pago de sus pensiones o se les han desconocido otros derechos.

Estos casos hacen que haya sobrecarga de trabajo y que se rebase hasta en 100 por ciento la capacidad instalada de la JFCA, indicó Gutiérrez Cantú. Dijo que también hay otras instituciones de seguridad social que tienen demandas, pero que la mayor parte la tiene el IMSS, y expuso que a éste "le ha fallado la conciliación con los derechohabientes y el control de las prestaciones; la mayor prueba de ello es que la mayor parte de las resoluciones que se emiten son en favor de los trabajadores".

Al dar cifras relativas al número de casos que se atienden, sostuvo que diariamente recibe en promedio casi 3 mil asuntos, pero que en algunas ocasiones se eleva hasta 5 mil.

También informó en este sentido que se está construyendo una nueva sede para la JFCA, la cual contará con sistemas de comunicación e información modernos y eficientes, que permitirán responder con mayor probidad y eficiencia a los usuarios.

El nuevo edificio se localizará en Azcapotzalco y se aprovechará el cambio para diseñar instalaciones y procesos tecnológicos que eviten la corrupción y la discrecionalidad en el manejo de los asuntos; reducir los tiempos y generar confianza entre los usuarios al transparentar la impartición de justicia.

Del esquema de ataque a la corrupción que se emprenderá, aseguró que como la manipulación de expedientes es una de las actividades que con mayor facilidad se presta al cohecho, en la nueva sede se centralizarán los expedientes en un área tecnológicamente controlada, donde se podrán localizar con exactitud durante todo el proceso laboral los contenidos de los mismos. Sin embargo, el paso fundamental es que los archivos serán cibernéticos.