El gobernador Bours Castelo pide derogar ley en la materia por discrecional

Proponen en Sonora regular estímulos

Responsabilidad penal a funcionarios que otorguen bonos al término de gestión

CRISTOBAL GARCIA BERNAL CORRESPONSAL

Hermosillo, Son., 5 de noviembre. El gobernador José Eduardo Robinson Bours Castelo envió al Congreso de Sonora una iniciativa para derogar la Ley de Estímulos, Premios y Recompensas, que prohibiría el pago de bonos al concluir las gestiones en ayuntamientos, gobierno estatal, Legislatura y Poder Judicial.

Debido a la polémica que recientemente desató el caso de las pensiones vitalicias decretadas por la administración estatal anterior, Bours Castelo remitió a la Cámara de Diputados local una propuesta para suprimir la discrecionalidad del gobernador en turno para otorgar bonos económicos y transferir esa facultad al Poder Legislativo, órgano que propondría a ciudadanos distinguidos en el servicio público y comunitario. De igual forma, la legislación prohibiría bonos mayores a 500 salarios mínimos vigentes en Hermosillo, así como obsequios en especie.

El mandatario propuso la nueva ley de reconocimiento al mérito cívico, mediante la cual busca regular el procedimiento en la entrega de reconocimientos, de modo que los beneficiarios sean personas ''distinguidas'' que reúnan los requisitos para recibirlos ''de manera objetiva, justa y transparente''. El ordenamiento supliría a la ley que facultaba al titular del Ejecutivo a otorgar premios, estímulos y recompensas, publicada en el Boletín Oficial del gobierno del estado el 12 de enero de 1981.

''Los reconocimientos a que se refiere esta ley serán públicos y tendrán por objeto exaltar y galardonar la trayectoria de ciudadanos que se hayan distinguido por su vida meritoria, comportamiento loable y ejemplar y virtudes cívicas, así como por la trascendencia e importancia de sus aportaciones en los sectores comunitarios, social, político y público", estableció Bours Castelo en su iniciativa.

De aprobarse la legislación, el Ejecutivo estatal incluirá en su presupuesto anual de egresos partidas para cubrir gastos resultado de los reconocimientos que establecería la nueva ley. La entrega de incentivos y gratificaciones se realizaría por conducto de la Secretaría de Finanzas estatal "o su equivalente".

Uno de los principales puntos de la iniciativa indica que de otorgar ayuntamientos o el Ejecutivo bonos o indemnizaciones por el fin de una gestión incurrirían en responsabilidad penal por abuso de autoridad, además de sanciones administrativas y políticas aplicables por la Contraloría.

La iniciativa entró por correspondencia al pleno legislativo, y se turnó a la Segunda Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que se analice y se emita un dictamen.

Omitió el PRD explicar ingresos extras

A partir de la denuncia pública que hizo ante medios de comunicación el consejero perredista Conrado Rivera Durazo, de que el gobierno estatal entregaba al Comité Directivo Estatal del sol azteca 100 mil pesos mensuales, la directiva no respondió al llamado del Consejo Estatal Electoral (CEE) para aclarar la situación, informó la presidenta del órgano comicial, Olga Armida Grijalva Otero.

Añadió que si bien no hubo un emplazamiento a la dirigencia perredista para que aclarara la denuncia de uno de sus militantes, ''el llamado que se hizo fue en buenos términos, y en espera de un acto de buena voluntad'' de los integrantes de la directiva estatal perredista. Según Grijalva Otero, por ''lagunas que existen en el Código Estatal Electoral'' el CEE no tiene facultades para exigir una explicación sobre los ingresos oficiales que recibe el PRD, no obstante las pruebas sobre financiamiento irregular que presentó el consejero Rivera Durazo.

Por su parte el secretario general del PRD, Edgard Hiram Sallard, consideró que el CEE ''se extralimitó en sus facultades'' al solicitar la citada información a su partido, por lo que se acordó no atender el llamado del organismo electoral a pesar de que "no hay nada qué ocultar".

Carencias en infraestructura

El director de Estudios y Proyectos de Planeación Urbana del ayuntamiento de Hermosillo, José Carrillo Atondo, afirmó que la ciudad presenta "grandes deficiencias" en materia de infraestructura para atender el desarrollo industrial que generará la ampliación de la planta de la empresa automotriz Ford, que invertirá unos mil 600 millones de dólares y generará unos 32 mil empleos, entre directos e indirectos.

Durante un seminario sobre la repercusión de la planta Ford que opera en esta capital desde 1986, Carrillo Atondo indicó que la inversión de la compañía ''requiere de un incremento en la demanda de infraestructura, equipamiento y otros servicios, con los que no se cuenta actualmente''.