Orlando Delgado Selley

Diputados y reformas

La semana anterior terminó mal y presagia tiempos peores. La elección del nuevo Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), a partir de un acuerdo para repartir los consejeros entre el PRI y el PAN, confirma que entre el partido del actual gobierno y el partido que nos gobernó 72 años no hay diferencias de fondo. Tienen el mismo proyecto estratégico, el impuesto por el imperio con base en los dictados del Consenso de Washington. Comparten las mismas prácticas no democráticas y su interés central es mantener sus posiciones. Para estos aliados el país, es decir, la gente, carece de valor. En su opinión, ellos son los únicos que tienen capacidad para decidir y cuentan con un libro de recetas que les indica paso a paso lo que hay que hacer.

No les importa que esas recetas no hayan funcionado en ningún lugar del mundo. Dondequiera que se haya intentado generar un crecimiento no se ha conseguido. Tampoco funcionó en los lugares de los que supuestamente se aprendió que esa era la manera de hacer las cosas. Ni en Estados Unidos ni en Gran Bretaña el manual de ''buena economía'' funcionó así. Por el contrario, como se ha documentado reiteradamente, el Consenso de Washington propone la construcción de una economía que no ha existido, no existe y, por supuesto, no existirá. Es, en realidad, una propuesta política, un programa basado en el poder de los países imperiales. Como señala frecuentemente Stiglitz, ''los países desarrollados les piden a los países en vías de desarrollo que hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hicieron''.

En ese recetario, para México están planteadas tres reformas: la energética, la laboral y la fiscal. De la primera, el asunto se cocina esencialmente en el interior del PRI. Es claro que una parte del grupo de diputados de ese partido, así como algunos gobernadores, están de acuerdo con la propuesta del gobierno, por convicción o por conveniencia. Pero en el grupo de senadores hay una oposición frontal a la propuesta, por convicción o por conveniencia. El gobierno federal ha iniciado una silenciosa privatización que viola lo que dicta la norma constitucional y ha desatado una intensa campaña en los medios. Puede ocurrir que quienes votaron por el nuevo consejo del IFE lo hagan a favor de la reforma eléctrica, pero cuando llegue al Senado rebotará.

Por lo que hace a la reforma laboral, existe un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos charros para impulsar una reforma que flexibilice el uso y permita el abuso de la fuerza de trabajo, manteniendo sin tocar el corporativismo. Este no es momento para iniciar la discusión, de modo que hay tiempo para que los trabajadores discutan lo que se propone. Hay una alternativa trabajada que sostiene la propuesta para modernizar la legislación laboral desde una perspectiva democrática, estableciendo la libertad de organización sindical y que puede promover acuerdos productivos que hagan más competitivas a nuestras empresas, sin lastimar los derechos de los trabajadores.

Lo que hoy está planteado como urgente es el tema fiscal. El asunto transita por dos vías: la Convención Nacional Hacendaria convocada para febrero y la propuesta que ha hecho parcialmente oficial el gobierno como parte de la discusión presupuestal para 2004. Hay un acuerdo general sobre la necesidad de contar con mayores recursos. Se conoce la relación entre los ingresos tributarios y el producto, que apenas llegó a 11.9 por ciento en 2002, mientras que, por ejemplo, en Canadá fue de 19.3 y en Brasil superó los 20 puntos. Lo que no está consensado es el destino de los recursos adicionales. Para el gobierno se trata de completar los requerimientos de los fracasos privatizadores del pasado que suman 100 mil millones de pesos. Para otros tendría que destinarse a mejorar la calidad de vida de la población. De modo que el acuerdo general no ayuda mucho.

A la vista de la propuesta presentada sólo a un grupo selecto de diputados, el asunto parece reducirse a un incremento de 22 centavos a la gasolina, reducción del IVA a 11 por ciento y disminución de la tasa máxima del ISR a empresas y personas físicas. Los supuestos 100 mil millones adicionales se usarían para el pago de compromisos generados por los últimos gobiernos priístas. Obviamente, no habrá acuerdo. Sin embargo, la mayoría creada por el acuerdo PRI-PAN y los descoloridos verdes puede imponerla, incluso evadiendo la discusión, al viejo modo priísta. Se avanza hacia el predominio de las bajezas de la política, no a la consolidación de la democracia. Eso quiere el PAN. Eso ha querido siempre el PRI. El país tendrá que buscar otros representantes.

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