La ASF buscará que el gobierno retire el aval a los pagarés del Fobaproa

El costo del rescate bancario rebasó el billón de pesos: González de Aragón

Se convertirían en chatarra títulos que mantienen a flote a parte del sistema financiero

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

La controversia en torno al proceso de revisión del rescate bancario tomó un nuevo impulso después de que este miércoles la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que buscará por medio de mecanismos legales que sea retirado el aval del gobierno federal a los bonos emitidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), hecho que, de concretarse, convertirían en chatarra los títulos que mantienen a flote a buena parte del sistema financiero nacional.

"Pediremos que se cancele el aval del gobierno a la deuda asumida por el Fobaproa", dijo este martes Arturo González de Aragón, titular de la ASF, en declaraciones al periodista Jacobo Zabludovsky. El funcionario reveló que el costo actual del rescate bancario superó la barrera del billón (un millón de millones) de pesos, cantidad que equivale a una sexta parte del valor total de la economía mexicana.

El martes pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano de fiscalización del Congreso, no tiene facultad para ordenar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que reduzca el costo del rescate de cuatro bancos que recibieron apoyo con recursos públicos durante la crisis que siguió a la devaluación de diciembre de 1994.

Sin embargo, la Corte no se pronunció sobre el tema de fondo del asunto, que es la presunta ilegalidad de una parte de esas operaciones, que en el caso de Banamex, el principal banco del país, alcanzan casi 8 mil millones de pesos, según la ASF.

El sentido de la determinación de la Corte motivó que este miércoles tanto la ASF como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el heredero del Fobaproa, considerarán que sigue siendo vigente la determinación que han tomado de revisar las operaciones del rescate bancario, aunque ambas instancias persiguen ese objetivo con motivos diferentes.

En el caso de la ASF, la decisión de hacer una revisión de la operación radica en la búsqueda del objetivo de reducir el costo que tiene para los contribuyentes el rescate bancario, que superó ya el billón de pesos. Mientras, el IPAB insiste en que una revisión de las operaciones hechas por Banamex, Bancomer, Bital y Banorte -que en conjunto alcanzan 52 mil millones de pesos, según cálculos preliminares- es necesaria si esos bancos desean intercambiar los pagarés que emitió el Fobaproa, avalados por el gobierno, por otros bonos que cuenten con el respaldo del IPAB.

El punto fue tratado ayer por el auditor González de Aragón. Primero, destacó que el fallo de la Corte no puede ser interpretado como una victoria para los bancos. El tribunal sólo dejó claro que la ASF no tiene la facultad de "ordenar" a la Secretaría de Hacienda que haga el descuento de los apoyos concedidos a los bancos. Pero como el tribunal no dice en ningún momento que buscar ese descuento sea algo ilegal, la ASF insistirá en recomendar que se haga la revisión, declaró. En este tema, el presidente Vicente Fox ha intercedido legalmente en favor de los banqueros.

"Si la Corte dice que no podemos ordenar el descuento, entonces cambiaremos el sentido de los oficios para pedir al Ejecutivo que realice esas reducciones", señaló González de Aragón.

Especialistas del sistema financiero público consultados por La Jornada advirtieron sobre la relevancia del matiz introducido ayer por el titular de la ASF. "Ahora, la Auditoría Superior de la Federación, siguiendo el sentido de la resolución de la Corte, va a recomendar a los funcionarios de Hacienda que se haga la revisión de los pagos a estos bancos. Es una recomendación, pero si esos funcionarios no la cumplen, entonces la ASF puede iniciarles un procedimiento de responsabilidad".

El siguiente paso anunciado por la ASF será insistir en que el gobierno cancele el aval de los papeles emitidos a favor de los bancos por el Fobaproa, apoyos que generan intereses a las instituciones de crédito y que son el sustento de sus operaciones, dado que sin ellos entrarían en quiebra.

Hasta ahora, las empresas de calificación de valores mantienen una opinión favorable sobre la salud financiera de los bancos por el hecho de que esos bonos del Fobaproa (emitidos por el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo sin el aval del Congreso) constituyen una parte sustantiva de los activos de las instituciones y tienen el aval del gobierno, es decir, su riesgo de incumplimiento de pago es mínimo.