La indemnización, ofensiva, indican en San Lázaro

Exigen diputados informe de cuánto se pagó a clientes de Diego Fernández

La exigencia del senador Diego Fernández de Cevallos para que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) pague mil 214 millones de pesos a la familia Ramos Millán ''es inaceptable, inmoral y ofensiva contra la nación'', sostuvo el presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, Manuel García Corpus. Además, ese órgano legislativo, a pesar de la oposición del PAN, exigió al titular de la dependencia, Florencio Salazar Adame, que presente inmediatamente un informe detallado sobre el monto que ya se pagó a los ex propietarios del ejido de Santa Ursula Coapa.

García Corpus refirió que la cifra que se pretende pagar a la familia Ramos Millán podría canalizarse a las necesidades más apremiantes de casi 30 millones de personas si éstas percibieran el salario mínimo.

La comisión legislativa había preparado un punto de acuerdo para conocer los detalles del caso, en el que se señalaba que ''resulta materialmente imposible restituir a los quejosos de la superficie amparada, porque representaría un daño patrimonial al Estado". El PAN rechazó la consideración y al final sólo se acordó un exhorto a Salazar.

En el Senado, el panista César Jáuregui consideró positivo que el titular de la SRA plantee la posibilidad de revisar el juicio por el que el bufete de Diego Fernández de Cevallos ganó una indemnización de más de mil 214 millones de pesos. "šEnhorabuena! A todos nos interesa, porque finalmente son recursos de los contribuyentes", dijo.

El también vicepresidente de la mesa directiva del Senado aseguró que los constantes escándalos en que se ha visto inmiscuido el coordinador Fernández de Cevallos no perjudican la imagen de la bancada panista en Xicoténcatl, toda vez que la ciudadanía "distingue en lo individual lo que hace cada uno de los parlamentarios".

Reconoció que las iniciativas que han salido de los senadores del PAN para regular las actividades privadas de los legisladores y evitar que incurran en conflictos de interesés no han avanzado, porque hay diferencias entre las propuestas.

Una de ellas la planteó Jáuregui y consiste en regular todas aquellas acciones que llevan a cabo los legisladores, pero sin prohibir que realicen actividades privadas o profesionales.

"Lo que sí buscamos es, como en otros países, tener un régimen de transparencia, para que no haya conflictos de interés y que como se hace en el caso de la declaración patrimonial se registren aquellos asuntos de carácter privado en los que participan los parlamentarios", comentó.

Esa propuesta contrasta con la que formuló la senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa, en la que se prohíbe de manera tajante que los legisladores ejerzan al mismo tiempo una actividad profesional privada que les genere recursos económicos.

Jáuregui precisó que él no coincide con ese planteamiento, ya que sin existir la relección legislativa, el prohibir a un abogado o a un médico que ejerzan su profesión mientras dure su encargo público es "cercenar carreras".

Por su parte, el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, Jorge Gómez Silva, consideró que el reclamo de "incumplimiento de pago" que interpusieron los abogados de la familia Ramos Millán es endeble y carece de fundamento. Insistió en que la demanda civil interpuesta en contra de ambos es "un exceso".

En la medida de sus posibilidades, la SRA está cumpliendo la ejecutoria, porque "así lo dispuso el Poder Judicial de la Federación, lo cual no invalida interponer recursos legales para que en el proceso judicial se observe la razón jurídica que le asiste" a la institución, puntualizó el funcionario.

Recordó que ante la imposibilidad material de la secretaría de cubrir el pago por mil 214.1 millones de pesos por la expropiación de 33 hectáreas del ejido de Santa Ursula Coapa y que reclamaron como suyos familiares de Ramos Millán, la SRA solicitó una ampliación de presupuesto para cubrir el pago en una sola exhibición, como lo requirió el juez que concedió el amparo.

ANDREA BECERRIL, GEORGINA SALDIERNA, MATILDE PEREZ, ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ