El tribunal unitario no hallará elementos, confían

Ni Nazar ni De la Barreda irán a la cárcel, aseguran sus abogados

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar que no prescribe la acción penal en el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro, del que se acusa a Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, no significa que los ex funcionarios de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) estén a un paso de ser encarcelados, aseguraron sus abogados, José Luis Nazar Daw y Marcos Castillejos, respectivamente.

Entrevistados por separado, los litigantes coincidieron en que el tribunal unitario al que le corresponda revisar el caso, no encontrará elementos para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad en contra de sus clientes.

Según Nazar Daw, quien es hijo del que fue creador de la Brigada Blanca y ex integrante de la DFS, aseguró que con esa resolución, ''la Corte levanta la cortina para que continúe el juicio en los tribunales, donde se analizará si existen elementos para acreditar la presunta responsabilidad de los inculpados'' en el delito de privación ilegal de la libertad cometido en agravio de Jesús Piedra Ibarra, quien fue arrestado y desaparecido en septiembre de 1974, en Monterrey, Nuevo León.

Agregó que después de haber estudiado el expediente del caso, ''no hay forma de acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad en contra de mi padre'', porque la acusación que hace la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado se basó en las declaraciones ministeriales de otro de los acusados (Juventino Romero, ex agente de la Policía Judicial de Nuevo León, quien detuvo en 1974 a Piedra Ibarra y lo puso a disposición de las autoridades federales por órdenes superiores), el cual sólo mencionó que a él le dijeron que Nazar Haro había ordenado desaparecer al hijo de la defensora de los derechos humanos, Rosario Ibarra.

Por su parte, Marcos Castillejos indicó que en el caso del ex titular de la DFS ni siquiera hay testimonios directos que lo incriminen en el citado delito, además de que no existen elementos ''claros'' de cómo ocurrió el acto ilícito. ''Tan es así, que no se ha demostrado dónde fue privado de la libertad (Jesús Piedra Ibarra) y si esa persona vive o no'', puntualizó.

Ambos litigantes coincidieron en que el proceso penal será tardado, toda vez que primero la Suprema Corte de Justicia debe realizar el engrose del expediente -empaquetarlo para poder enviarlo al tribunal correspondiente-, después remitirlo a Monterrey, y finalmente esperar el desarrollo normal del juicio.

Además, ambos abogados adelantaron que si el tribunal unitario determina que los procesados son presuntos responsables del delito de desaparición forzada, y gira las respectivas órdenes de aprehensión correspondientes, recurrirán al amparo indirecto, lo que prolongará todavía más el juicio.