México D.F. Domingo 2 de noviembre de 2003
Asegura Fox que no hay pruebas de corrupción
en las investigaciones de los homicidios
Marchas en EU para exigir aclaración de los
crímenes de Ciudad Juárez
Llegan sendos contingentes a las sedes de la OEA y la
ONU para denunciar las muertes
Según el mandatario, los delitos se han reducido
15% desde que aumentó la vigilancia policial
JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES
Washington y Nueva York, 1º de noviembre. Encabezados
por Evangelina Arce y Laura Aragón, dos madres de mujeres desaparecidas
en Ciudad Juárez, cien manifestantes marcharon hoy desde la sede
de la Organización de Estados Americanos a la embajada de México
en Washington para demandar que el gobierno federal actúe para detener
estos asesinatos y consigne a los culpables.
En
Nueva York se realizó un mitin frente al consulado de México
y unas cien personas marcharon en silencio por el centro de Manhattan hasta
llegar frente al edificio de la Organización de las Naciones Unidas.
En su mayoría mujeres, participaron manifestantes no sólo
mexicanos sino también dominicanos, puertorriqueños, guatemaltecos,
estadunidenses y chilenos. Allí expresaron que los casos de Ciudad
Juárez afectan y forman parte de la violencia contra mujeres en
todos los países.
Estas manifestaciones fueron dos de unas 16 acciones realizadas
el Día de Muertos en varias ciudades de Estados Unidos para demandar
justicia y expresar solidaridad con las víctimas de los casos de
feminicidio en Juárez.
"El gobierno mexicano realmente necesita actuar ya", declaró
Mary Jo Agerston, vocera de Mujeres en Negro, uno de los grupos que organizaron
la manifestación en Washington, la cual también fue convocada
por Amnistía Internacional.
El presidente Vicente Fox afirmó, en una entrevista
con el Washington Post publicada hoy, que no tiene pruebas de corrupción
o incompetencia en las investigaciones oficiales de las muertes de mujeres
en Ciudad Juárez. "No hemos encontrado esas condiciones en estos
casos", afirmó, pese a que Amnistía Internacional y otros
grupos de derechos humanos han documentado el uso de tortura por la policía
y graves ineficiencias en las investigaciones.
"Respeto su opinión, pero no hemos encontrado esas
condiciones en estos casos", dijo Fox al rotativo.
"El gobierno reconoce que existe un problema", dijo Eric
Olson, un dirigente de Amnistía Internacional, quien agregó
que las autoridades mexicanas también han realizado esfuerzos de
prevención advirtiendo a las mujeres que no salgan solas de noche
y que no se vistan de forma provocativa.
Sin embargo, añadió que no "están
haciendo mucho en la investigación de los asesinatos que han ocurrido".
Fox dijo que los investigadores han realizado progresos
y que muchos de los asesinatos han sido resueltos, sin embargo, en una
entrevista reciente con la agencia Reuters el subprocurador de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos,
señaló que en la actualidad se restaban revisando todos los
casos, porque muchas pesquisas estaban mal hechas.
Fox declaró también al Washington Post
que el gobierno federal ha despachado más de 500 policías
a Ciudad Juárez y también ha comenzado a ayudar en las pesquisas
a las autoridades estatales.
Los delitos han disminuido 15 por ciento en la zona desde
que hay mayor presencia policial, afirmó el Presidente al rotativo.
"Nuestra prioridad es asegurar que tenemos un nuevo entorno
donde este tipo de crimen no vuelva a repetirse", concluyó Fox.
CON INFORMACION DE REUTERS
Activistas instalan frente a Gobernación ofrenda en memoria de asesinadas en Juárez
Las mujeres, "ciudadanas de segunda" por violencia y discriminación
La permanente situación de violencia y discriminación contra mujeres y niñas que se vive en el país "nos coloca como ciudadanas de segunda, susceptibles de ser secuestradas, violadas, torturadas y asesinadas, sin que autoridad alguna actúe de manera eficiente para prevenir, remediar o si quiera intentar explicar en forma veraz los crímenes de odio que nos victimizan desde hace 10 años por ser mujeres", aseguró Tania Escalante, de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas e integrante del comité promotor de la campaña de protesta contra el feminicidio y la impunidad en Ciudad Juárez y Chihuahua, que inició ayer con la instalación de una ofrenda luctuosa frente a la sede de la Secretaria de Gobernación.
En el acto, donde participaron representantes y activistas de 20 organizaciones que trabajan contra la violencia de género, demandaron al titular de Gobernación, Santiago Creel Miranda, la revisión y cumplimiento de los 40 puntos del Programa de Seguridad, "pues la impunidad y la desaparición forzada continúa a pesar de las 30 medidas interinstitucionales anunciadas en mayo pasado por la dependencia".
Indicaron que las "excusas sobran para no actuar frente a poderes económicos y políticos que sólo en los niveles más altos de gobierno se conocen sin que se haga nada, pues planes, programas, mesas, fiscalías especiales y comisiones no pueden asegurar, hasta el momento, haber tenido algún resultado evidente".
Las activistas, quienes aprovecharon la luz roja de los semáforos para realizar acciones de protesta sobre la calle sin obstruir la vialidad, exigieron la revisión del Programa de Acciones de Colaboración del gobierno federal para el caso de Juárez, pues las medidas "suponen resultados, preventivos y restauradores de largo plazo, que no garantizan hoy el acceso a la justicia y la reparación del daño a víctimas y familiares".
Al respecto, María de la Luz Estrada, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, exhortó a los obispos y sacerdotes a que se pronuncien por un ya basta y que exijan medidas serias para el esclarecimiento de los casos de Ciudad Juárez de manera "tan fuerte como lo han hecho en el caso del aborto y otros temas que son satanizados", pues destacó que resulta contradictorio que un obispo señale que "no son tantas las mujeres asesinadas y que si las violan es por indecentes".
Entre las demandas que plantearon frente a las instalaciones de Gobernación se incluye el cese de la campaña de desprestigio y persecución contra familiares de las víctimas e integrantes de los organismos defensores de derechos humanos, "porque parece que las más afectadas por el acoso son las mujeres de Ciudad Juárez".
En ese sentido, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que continúan los procesos judiciales contra activistas, como es el caso de Luz Estela Castro, abogada de la organización Justicia para Nuestras Hijas, quien enfrenta una averiguación previa en su contra por los delitos de fraude procesal, por lo que exigieron al gobierno federal garantice el respeto a sus derechos humanos. LAURA POY SOLANO
Marchas y altares en los dos lados de la frontera
para recordar a las víctimas
Ineptitud y corrupción en pesquisas de los asesinatos
de mujeres en Juárez: ONG
Activistas denuncian un virtual estado de sitio en la
región aplicado por las autoridades
RUBEN VILLALPANDO CORRESPONSAL
Ciudad Juarez, Chih., 1º de noviembre. Con
protestas en el consulado de México en El Paso, Texas, en el puente
internacional Santa Fe y en la plaza de armas, además de colocar
altares en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez y realizar actividades en el bordo del río Bravo y
ceremonias religiosas en un ejido en el poblado de San Agustín,
fueron recordadas las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y los
trabajadores indocumentados que han perdido la vida al intentar cruzar
hacia Estados Unidos.
En
El Paso, ciudadanos estadunidenses, coordinados con organizaciones no gubernamentales
(ONG) de Ciudad Juárez y Chihuahua, capital del estado, realizaron,
a las 12 horas, un plantón ante el consulado de México, así
como en 15 ciudades más de Estados Unidos de manera simultánea,
para exigir a los gobiernos estatal y federal de Chihuahua y México
que investiguen los homicidios de mujeres y encuentren a los responsables
de cometer los crímenes.
Las protestas fueron organizadas de manera conjunta por
el grupo Justicia para Nuestras Hijas, de la ciudad de Chihuahua, y el
grupo Amigos de las Mujeres de Juárez, localizado en Las Cruces,
Nuevo México.
Los organizadores informaron que entre las ciudades estadunidenses
donde hubo protestas fuera de los consulados mexicanos destacaron Washington
DC, Nueva York, Chicago, Minneapolis, Dallas, Houston, Austin, San Antonio,
El Paso, Albuquerque, Phoenix, Tucson, Los Angeles, San Francisco y Portland.
Comentaron que en las ciudades donde hubo protestas entregaron
sendas cartas dirigidas al presidente de México, Vicente Fox Quesada,
y al gobernador Patricio Martínez García, en las que detallan
"la preocupación acerca de los asesinatos en serie de cerca de 100
mujeres jóvenes en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua,
además de la desaparición de muchas otras más, desde
1993".
Agregan que "nos sentimos igualmente preocupadas por las
acusaciones del uso de la tortura y confesiones forzadas de todas o casi
todas las personas que han sido arrestadas con relación a estos
casos, aunque muchas otras han sido presentadas como los asesinos, los
familiares de las víctimas y la sociedad mexicana rechazan el argumento
de que estos individuos sean los verdaderos asesinos".
"Después de una década, los estadunidenses
estamos conscientes de la ineptitud y la corrupción en el manejo
de las investigaciones de estos crímenes, así como de la
fabricación de evidencias, análisis bastante cuestionables
de ADN y el fracaso en el seguimiento de pistas concretas. Estamos enterados,
comentan, de que una persona detenida murió en la cárcel
en circunstancias sospechosas. Un abogado quien representaba a uno de los
acusados fue muerto a balazos por policías que luego fueron absueltos
de todo delito. También sabemos que en mayo de 2003 la ciudadana
estadunidense Cynthia Kiecker, de Minnesota, y su esposo mexicano Ulises
Perzabal fueron torturados para que se confesaran culpables del asesinato
de Viviana Rayas en la ciudad de Chihuahua".
En escuelas preparatorias y en la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez se colocaron altares en honor de las víctimas.
En el poblado de San Agustín, varias ONG realizaron un acto religioso
en el sitio donde fueron encontradas tres mujeres baleadas por un presunto
narcotraficante hace cuatro meses.
En
el bordo del río Bravo la organización Kasa realizó
actividades recordando a las muertas y los muertos, y demandando que terminen
con la militarización de la frontera en ambos lados, ya que las
corporaciones policiacas han aplicado una especie de estado de sitio en
el que revisan vehículos, documentos y pertenencias de quienes salen
de sus casas de noche, sobre todo si son jóvenes.
Por otro lado, una niña de un año tres meses
fue lesionada de un balazo por un hombre en estado de ebriedad que accionó
su arma cuando la menor era cargada por su mamá.
Los hechos se registraron en la colonia Insurgentes, donde
Nancy Ramos Martínez, de 23 años de edad, informó
que escuchó una detonación de arma de fuego, para después
percatarse de que su hija había sido herida.
|