Activistas instalan frente a Gobernación ofrenda en memoria de asesinadas en Juárez

Las mujeres, "ciudadanas de segunda" por violencia y discriminación

La permanente situación de violencia y discriminación contra mujeres y niñas que se vive en el país "nos coloca como ciudadanas de segunda, susceptibles de ser secuestradas, violadas, torturadas y asesinadas, sin que autoridad alguna actúe de manera eficiente para prevenir, remediar o si quiera intentar explicar en forma veraz los crímenes de odio que nos victimizan desde hace 10 años por ser mujeres", aseguró Tania Escalante, de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas e integrante del comité promotor de la campaña de protesta contra el feminicidio y la impunidad en Ciudad Juárez y Chihuahua, que inició ayer con la instalación de una ofrenda luctuosa frente a la sede de la Secretaria de Gobernación.

En el acto, donde participaron representantes y activistas de 20 organizaciones que trabajan contra la violencia de género, demandaron al titular de Gobernación, Santiago Creel Miranda, la revisión y cumplimiento de los 40 puntos del Programa de Seguridad, "pues la impunidad y la desaparición forzada continúa a pesar de las 30 medidas interinstitucionales anunciadas en mayo pasado por la dependencia".

Indicaron que las "excusas sobran para no actuar frente a poderes económicos y políticos que sólo en los niveles más altos de gobierno se conocen sin que se haga nada, pues planes, programas, mesas, fiscalías especiales y comisiones no pueden asegurar, hasta el momento, haber tenido algún resultado evidente".

Las activistas, quienes aprovecharon la luz roja de los semáforos para realizar acciones de protesta sobre la calle sin obstruir la vialidad, exigieron la revisión del Programa de Acciones de Colaboración del gobierno federal para el caso de Juárez, pues las medidas "suponen resultados, preventivos y restauradores de largo plazo, que no garantizan hoy el acceso a la justicia y la reparación del daño a víctimas y familiares".

Al respecto, María de la Luz Estrada, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, exhortó a los obispos y sacerdotes a que se pronuncien por un ya basta y que exijan medidas serias para el esclarecimiento de los casos de Ciudad Juárez de manera "tan fuerte como lo han hecho en el caso del aborto y otros temas que son satanizados", pues destacó que resulta contradictorio que un obispo señale que "no son tantas las mujeres asesinadas y que si las violan es por indecentes".

Entre las demandas que plantearon frente a las instalaciones de Gobernación se incluye el cese de la campaña de desprestigio y persecución contra familiares de las víctimas e integrantes de los organismos defensores de derechos humanos, "porque parece que las más afectadas por el acoso son las mujeres de Ciudad Juárez".

En ese sentido, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que continúan los procesos judiciales contra activistas, como es el caso de Luz Estela Castro, abogada de la organización Justicia para Nuestras Hijas, quien enfrenta una averiguación previa en su contra por los delitos de fraude procesal, por lo que exigieron al gobierno federal garantice el respeto a sus derechos humanos.

LAURA POY SOLANO