REPORTAJE /ORGANIZACION DE PUEBLOS INDIGENAS

Policía Comunitaria, opción en Guerrero ante la ola de inseguridad

A 8 años de su fundación, el cuerpo de vigilancia cuenta con 500 elementos en 4 municipios

"En 1995 había mucha violencia, asaltos, violaciones sexuales e infinidad de casos de abigeato. Los hurtos eran cometidos por bandas de 15 a 30 delincuentes, quienes detenían hasta 20 carros para asaltarlos, y la gente se cansó de esperar la respuesta del gobierno"

MISAEL HABANA DE LOS SANTOS CORRESPONSAL

San Luis Acatlan, Gro., 1º de noviembre. Durante la fiesta de San Francisco, patrono de la comunidad mixteca Yolotxochitl -en San Luis Acatlán, municipio de la región de la Costa Chica-, resguardaron el orden poco más de 100 elementos de la Policía Comunitaria (PC). Su labor fue tan efectiva en los días de la celebración, 7 y 8 de octubre pasados, que la cárcel municipal resultó insuficiente para recluir a borrachos y buscapleitos, por lo que debió improvisarse como celda una oficina del ayuntamiento.

Cuando terminó la festividad los calabozos que alojaron a decenas de detenidos quedaron vacíos, sólo un hombre reclamaba atención o maldecía en lengua mixteca a los comunitarios que lo vigilaban. Poco a poco la PC liberó a la mayoría de los arrestados, los entregó a familiares o amigos libres de "la huma" (borrachera, en mixteco) y así evitó riñas o que "alguien en copas fuera y le pegara a su mujer", como señaló un policía comunitario.

Entre otras acciones, la labor preventiva de la PC ha hecho que crezca su prestigio en las 48 comunidades de Metlatónoc, Malinaltepec, Marquelia y San Luis Acatlán, comunidades donde funciona. La reputación del organismo propició que en los municipios de Copanatoyac y Cualac, en la región de La Montaña, se analice aplicar este proyecto popular.

Autoridades judiciales de Guerrero afirman que donde opera la Policía Comunitaria el índice delictivo bajó hasta 90 por ciento en comparación con 1995, cuando los delincuentes que operaban en Malinaltepec y San Luis Acatlán rebasaron a policías convencionales y soldados. Adulfo Morán, fundador y comandante de la agrupación en San Luis Acatlán, recuerda: "estaban duros los asaltos y los asesinatos en Cuana -nombre que da la gente al poblado Cuanaxcatitlán-, donde murieron arriba de 80 gentes".

Organizaciones sociales como la Unión de Ejidos Luz de La Montaña, Unión Regional Campesina, Consejo de Autoridades Indígenas, Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena y Centro Comunitario de Abasto han propuesto que la PC tenga reconocimiento legal.

Por evitar asaltos a viajeros, originalmente se le denominó Policía Auxiliar de Caminos, la cual estaba integrada por campesinos armados con machetes y escopetas. En un principio eran 17, luego ocho y finalmente quedaron seis policías que sortearon la época de mayor violencia en Cuana. A ocho años de su fundación, la PC cuenta aproximadamente con 500 efectivos, que portan armas permitidas por el Ejército Mexicano, algunos uniformados en color verde, otros con pantalones de mezclilla, unos de huaraches, la mayoría en botas de montaña.

"En 1995 murieron 10 policías; yo fui balaceado dos veces, en el estómago y en el brazo, con escopeta 16. En ese tiempo nosotros pasamos hambre porque en la cabecera municipal no nos daban apoyo. Vino el capitán del 18 Batallón, que está en Cruz Grande, y nos dijo: 'ustedes creen que es bueno lo que están haciendo, pero es una bronca más dura, porque los delincuentes les van a caer a cada uno de ustedes. Al último su misma gente va a desconocerlos'. Pero en ese tiempo ya no se aguantaba la violencia. Antes de que oscureciera todas las puertas de las casas estaban cerradas, nadie salía después de las 7 de la noche; no había personas en la calle porque andaban los delincuentes dándole duro, mataban hasta a las señoras", dice el comandante Morán.

En un documento difundido a propósito del octavo aniversario de la PC, la Comisión Pastoral Social de la diócesis de Tlapa destacó que la corporación "tiene su origen en las comunidades organizadas, no viene de otros estados ni países". Comentó que fue respuesta a un contexto de violencia del orden común, a la incapacidad de las autoridades estatales y federales para enfrentarla, unida a la corrupción que generaba la acción policiaca al combatirla.

En el escrito se acotó que hasta 1995 "había mucha inseguridad por la violencia, los asaltos, las violaciones sexuales, los asesinatos -cerca de 80 en un año- e infinidad de casos de abigeato. Los hurtos eran realizados por bandas de 15 hasta 30 delincuentes, ya casi se había hecho normal. Detenían hasta 20 carros en fila para asaltarlos".

Pero no había respuesta del gobierno. El Ejército Mexicano, las policías Motorizada y Judicial aplicaban operativos y la delincuencia continuaba. Por ejemplo, una maestra embarazada fue violada y abortó; se ultrajó a una niña de seis años. Fueron hechos que agotaron la paciencia de la población. Para justificar su incapacidad y la red de corrupción, el gobierno exigió a las víctimas pruebas de los crímenes.

El 15 de octubre de 1995 se celebró en Santa Cruz del Rincón una asamblea con representantes de 38 comunidades, autoridades municipales, organizaciones indígenas y parroquias para fundar lo que ahora se conoce como Policía Comunitaria, con el objetivo de "rescatar la seguridad". Con machetes, rifles calibre .22 y escopetas .16, los comunitarios iniciaron la tarea que la población les encomendó.

El comandante de la PC en Cuana, Sabás Rosario, recordó que durante los años violentos los indígenas hacían fila en la agencia del Ministerio Público (MP) para exigir justicia, situación que disminuyó con la entonces Policía Auxiliar de Caminos. "Ahora tenemos en contra no sólo a los maleantes, sino también al gobierno, porque nosotros sabemos hacer las cosas de otra manera. Y la inconformidad nace porque el dinero que llegaba a las manos del MP o a la Judicial ya no es el mismo. Los licenciados, los comandantes de la Judicial, los ricos y los comerciantes acaparaban todo lo que llegaba a sus manos. los comerciantes recibían vacas y chivos y los vendían a su precio, mientras que nosotros aquí perdíamos. Esa es la inquietud del gobierno y de los funcionarios, y por eso toman a mal la creación de la Policía Comunitaria", dijo Rosario.

En boca de un policía convencional estas frases sonarían huecas, pero no al expresarlas Sabás, hombre con más de 40 años, calzado con huaraches. "Estamos organizados en cada pueblo, somos pueblo, y si éstos dicen que la Policía Comunitaria va a desaparecer tal vez desaparecezca, pero si dicen que no, vamos a mantenerla porque cuidamos a nuestra gente, ya que el gobierno nunca nos trató bien", comentó.

En español claro, pero con rasgos sonoros de mixteco, su idioma materno, Rosario añadió: "no queremos que el gobierno nos reconozca, sino que nos respete, porque nosotros somos respetuosos con él. Si ponen un destacamento cerca de donde estamos nosotros vamos y nos identificamos con ellos y les decimos cuál es nuestro trabajo".

El síndico procurador de San Luis Acatlán, Aniceto Ventura, dijo que el gobierno de Guerrero y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) consideran ilegal a la PC. Explicó que el organismo se basa "en la Ley Orgánica del Municipio, que dice que cada ayuntamiento tiene facultad para formar un grupo que le dé seguridad. Entonces no estamos fuera de la ley. Los comunitarios están en una posición de no provocar a las autoridades, pero nunca hemos recibido un trato favorable del Ejército ni del gobierno estatal".

El ejemplo de los policías comunitarios se extendió por La Montaña, donde se integró una fuerza que hoy reúne a casi 500 hombres armados, con escasa disciplina militar. En ocho años de combate a la delincuencia ha rehabilitado a 150 infractores según tradiciones indígenas, y actualmente obliga a 12 criminales a realizar trabajos forzados en diversos poblados.

El síndico Ventura indicó que las comunidades y su cuerpo policiaco resuelven los delitos de poca monta, pero los "crímenes o robos mayores" los atiende la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, con sede en San Luis Acatlán. "El delincuente tiene que trabajar para el pueblo si quiere comer; de día trabaja, de noche duerme en la cárcel. Va al concejo para platicar y reducarse, y puede ver a sus familiares", afirmó.

El procurador de Justicia de Guerrero, Jesús Ramírez, quien asistió con otras autoridades, organizaciones indígenas y de derechos humanos a los festejos por el octavo aniversario de la PC, realizados el 14 y 15 de octubre pasados en la comunidad Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán, reconoció la necesidad de modificar las constituciones nacional y local para que se regule la acción del cuerpo de seguridad de los pueblos indios de La Montaña.

"De acuerdo con la ley, cuando ven cometer un delito todos tienen que actuar, y si la comunidad se organiza para atender ese tipo de situaciones es correcto, porque deben defenderse de cualquier acto delictivo."

Pero el 12 de octubre pasado, en el retén del paraje Arrollo Limón, la policía estatal desarmó y obligó a regresar a sus comunidades a 100 comunitarios que se dirigían a los festejos en Buena Vista, lo que se habría evitado si la PC tuviera la Licencia Colectiva 110 que da la Sedena a los municipios para que sus policías porten armas, pero la corporación no la ha conseguido porque sus elementos no llenan los requisitos de edad, cartilla liberada, estatura, estudios y antidoping.

La fiesta en Buena Vista reunió a indígenas y mestizos que vieron desfilar a más de 300 hombres armados que durante los pasados ocho años han vigilado su seguridad sin percibir honorarios, con el argumento de que "cuando la policía tiene un salario se vuelve corrupta".

Durante la celebración se denunció que seis comandantes de la PC están presos, acusados de supuestos delitos relacionados con su participación en el proyecto comunitario. Además, la Unión de Mujeres Indígenas Lucero de La Montaña recordó que desde la creación de la comunitaria han sido asesinados cinco de sus elementos.

"El gobierno quiere que desaparezca la PC por la situación que se vive en Chiapas y por la guerrilla que existe en Guerrero desde hace varios años, ya que teme que el grupo en algún momento esté en su contra, pero es erróneo, porque la PC siempre buscará la paz", aseguró el síndico procurador de San Luis Acatlán.