El togado ya fue suspendido antes por incurrir en anomalías

Presentan denuncia penal contra magistrado de Chiapas

Cooperativistas lo acusan de actuar en beneficio de Banca Unión

ANGELES MARISCAL, JESUS NARVAEZ Y FERNANDO LOPEZ CORRESPONSALES

Miembros de la sociedad cooperativa platanera La Joya del Soconusco presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público Especializado en Delitos de Funcionarios contra Julio César Hernández Espinosa, magistrado del Poder Judicial de Chiapas, con sede en Tapachula, por los presuntos delitos de usurpación de funciones y falsedad de declaraciones, y solicitaron al Congreso local que le inicie juicio político por incurrir en presuntos actos de corrupción.

El 11 de agosto pasado, Hernández Espinosa fue suspendido de sus funciones durnate 30 días por el Consejo de la Judicatura del estado, luego de que halló en su actuar "evidente falta administrativa", con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, debido a las anomalías en que incurrió.

Según pruebas que presentó La Joya del Soconusco, el magistrado tomó protesta ante el Congreso de Chiapas en 2001, cuando aún era apoderado legal de Banco Unión, lo que no está permitido por la ley. Además, valiéndose del cargo que ostenta en el Poder Judicial, dictó en presunto "contubernio" con dos magistrados de la Sala Civil de Tapachula, una resolución que obliga a la sociedad cooperativa a pagar a Banca Unión casi 3 millones de dólares (unos 400 millones de pesos), por concepto de un préstamo vencido.

Los cooperativistas señalaron que debido al litigio que actualmente sostienen suspendieron la producción y despidieron a unos 800 trabajadores, lo que afectó la economía de cuatro comunidades, donde se encuentran aproximadamente 2 mil hectáreas que comprenden las fincas de su propiedad, ubicadas en los municipios de Tapachula, Huehuetán, Acapetahua y Villacomlatitlán.

El apoderado legal de La Joya del Soconusco, Manuel Ramón Muñiz Alvarez, explicó que los hechos se dieron cuando la sociedad de productores de plátano solicitó a Banco Unión un crédito hipotecario que venció. La institución demandó la cobertura del débito, y aún sin resolver los términos de un posible pago, en su doble carácter de representante del banco y magistrado, Julio César Hernández Espinosa determinó un pago que ascendía a más de 10 veces lo prestado.

Los agraviados impugnaron dichas resoluciones, por lo que el primer tribunal colegiado del vigésimo circuito revocó la sentencia y pidió una tercera resolución apegada a derecho.

También presentaron una queja ante el Consejo de la Judicatura contra el magistrado y sus homólogos Francisco Luis Guillén Guillén y María Cecilia Alvarado García. En su resolución, el Consejo de la Judicatura deslindó de responsabilidad a la magistrada, pero suspendió a Guillén Guillén y a Hernández Espinosa por considerar que ambos incurrieron en "faltas graves".

Por otro lado, el presidente del Colegio de Abogados en Nayarit, Jorge Vargas López, pidió que se cite ante la Procuraduría de Justicia del estado al presidente municipal panista de La Yesca, Jesús Montoya Toribio, "para que responda por su probable relación con diversos crímenes que se han cometido en el ayuntamiento a raíz de su llegada al poder", entre ellos el del abogado Uriel del Real Sánchez.

Luego de que la Policía Judicial informó de la aprehensión de Ramiro González Delgado, Marcos González Rodríguez, Salvador Reyes Carrillo y Adalberto González Delgado como presuntos responsables del homicidio de Real Sánchez (acribillado en enero pasado en su despacho, y que llevaba el caso del regidor priísta de La Yesca, Samuel Morales, quien fue herido a balazos y luego secuestrado), Vargas López dijo que no son nuevas las sospechas sobre el edil, pues "inclusive hace unos días fue del dominio público la manera en que defendió a capa y espada a unos narcotraficantes que habían sido detenidos".

Mientras, habitantes del municipio de San Pedro, Coahuila, en su mayoría militantes de Antorcha Campesina, marcharon por las calles Saltillo para manifestar su rechazo al alcalde perredista, Emilio Bichara Marcos Wong, contra quien presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del estado, demandaron juicio político ante el Congreso local y presentaron una queja en la Comisión de Derechos Humanos estatal por violación de sus derechos.