El proceso que lo generó fue "viciado" y constituye "clara involución democrática"

Critican ONG la formación del nuevo Consejo General

Organizaciones civiles rechazaron la designación de los nuevos consejeros electorales del Instituto Federal Electoral (IFE) ya que, aseguraron, revela la clara intención de "retomar el control absoluto del poder político, robando la autonomía e independencia de un órgano que en su origen es fruto de la lucha de la ciudadana y que marcó la pauta para la transición democrática en nuestro país".

En un pronunciamiento suscrito por 25 organizaciones promotoras de la democracia, señalaron que este nombramiento obedece a la necesidad de acallar resoluciones que favorecen el tránsito democrático, pues se aplicaron "criterios poco transparentes y sin capacidad de acoger las necesidades que México requiere".

Los integrantes de Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Alianza Cívica, Consejo de la Sociedad Civil y Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, entre otros, reiteraron su rechazo a lo que consideraron "grave retroceso que evidencia que los ciudadanos seguimos siendo sólo una parte de la vieja retórica incluyente y objeto de botín electoral".

Después de que se dio a conocer la conformación del nuevo Consejo General del IFE, producto de una negociación entre las fracciones legislativas del Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional en la Cámara de Diputados, excluyendo a los representantes del Partido de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, los activistas afirmaron que una de las primeras decisiones trascendentes que asumió la actual legislatura en San Lázaro "se lleva a cabo mediante un proceso viciado y de clara involución democrática, con acuerdos basados en el interés particular de una elite partidista que pretende privilegiar la elección de 2006, mediante la conformación poco clara del nuevo Consejo General del IFE".

No podemos permitir -aseguraron- que el destino de la democracia quede sólo en manos de los partidos políticos que han demostrado su incapacidad para generar procesos transparentes para la toma de decisiones y para generar procesos que incluyan la participación de la ciudadanía en los asuntos de interés público.

LAURA POY SOLANO