El consejero electoral considera que el MP violó sus garantías constitucionales

Impugna Jaime Cárdenas la exoneración de Amigos de Fox por lavado de dinero

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

El consejero electoral Jaime Cárdenas Gracia inició ayer un juicio ante la justicia federal con el que pretende obtener un amparo contra la determinación de la Procuraduría General de la República (PGR) de no ejercer acción penal por el delito de lavado de dinero en contra de las personas involucradas en el presunto financiamiento irregular a la campaña presidencial de Vicente Fox, entre ellas Lino Korrodi y Carlota Robinson.

En la solicitud de amparo que el todavía funcionario del Instituto Federal Electoral (IFE) presentó por escrito en la oficialía de partes del Palacio de Justicia Federal, y que deberá ser turnada en las próximas horas a uno de los 11 juzgados de distrito de amparo en materia penal que existen en el Distrito Federal, Cárdenas Gracia asegura que el Ministerio Público Federal -el cual analizó en su momento la denuncia que presentó en la PGR el 17 de octubre de 2002 contra el Presidente de la República y contra los integrantes de la organización civil Amigos de Fox- violó sus garantías constitucionales, porque supuestamente restringió su derecho de "acceder a la justicia".

También reclamó la resolución de la PGR respecto al no ejercicio de la acción penal contra Lino Korrodi Cruz, Gerardo Javier López, Carlota Robinson Kauachi, Rito Padilla García, Valeria Korrodi, Stephanie Korrodi Ordaz y Víctor David Almeida, correspondiente a la averiguación previa PGR/025/LD/2002. Tal negativa fue notificada al consejero electoral el pasado 7 de octubre.

Además, el quejoso refiere en su demanda de amparo -de la cual La Jornada tiene copia- que la PGR violó varios artículos constitucionales al haber exonerado a los integrantes de Amigos de Fox del delito de lavado de dinero.

Según Cárdenas Gracia, las autoridades responsables "violaron en mi perjuicio lo dispuesto en el artículo 102 constitucional, apartado A, párrafo segundo (en relación con los artículos 8, 14, 16, 17, 20, 21 y 133 de la Constitución), el cual dispone lo siguiente: "Incumbe al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que determine la ley."

Asimismo, la demanda del consejero apunta: "Lo que debió hacer (la PGR) y no hizo, era confirmar o desvirtuar, por medio de una investigación exhaustiva, si lo que declaran los indiciados (los integrantes de Amigos de fox) en relación con los actos que se les reprochan como delitos es cierto o falso, y sólo después de tal investigación se podía pronunciar el órgano ministerial. Esta ausencia de investigación y aceptación de las declaraciones son las que ocasionan un perjuicio al suscrito quejoso, que dio vista a las autoridades responsables de hechos presumiblemente delictivos (de los) que en ejercicio de su función ha tenido conocimiento, y que en el IFE han sido sancionados por haber constituido la base de un financiamiento a la campaña presidencial de Vicente Fox Quesada. En concreto, a los imputados se les reprocha una conducta típica, antijurídica y culpable consistente en participar en el financiamiento paralelo de la campaña electoral de Fox, y nunca se demuestra por los indiciados el origen de los recursos aportados a dicha campaña".

Como se recordará, el pasado 7 de octubre la PGR notificó al diputado Pablo Gómez Alvarez y al consejero electoral Jaime Cárdenas Gracia, así como a cuatro personas más que presentaron denuncias relativas al caso Amigos de Fox, que el Ministerio Público Federal no detectó recursos de origen ilícito y, en consecuencia, no procedía el ejercicio de la acción penal contra las personas implicadas en el caso.

Ese día, la PGR también aclaró a los quejosos que sus hechos denunciados "no son constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita".