Emilio Pradilla Cobos

Privatización eléctrica

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es la mayor concentración humana y económica del país, su población tiene el ingreso promedio más alto y es la mayor consumidora de energía eléctrica; esto la hace la más afectada por el proyecto foxista de reforma eléctrica, que legaliza y acelera la privatización y desnacionalización en curso del sector, y para cuya aprobación el Poder Ejecutivo federal, el PAN, empresarios privados y medios de comunicación subordinados despliegan una intensa campaña basada en información manipulada con el chantaje del estancamiento económico y el desempleo.

Llama la atención el argumento empleado de que una parte de la producción eléctrica ya está en manos privadas -sobre todo de capital trasnacional-, pero que debido al fallo de anticonstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia hay que reformar la Constitución para legitimar el acto ilegal del gobierno federal; esto nos muestra hasta dónde se viola el estado de derecho para aplicar la política neoliberal y beneficiar al gran capital. También molesta que los promotores de la iniciativa no expliquen qué pasó en la crisis del sector eléctrico privatizado en California, Estados Unidos; Argentina y Gran Bretaña, ni con los apagones en Italia y el noreste estadunidense, ni tampoco cuáles fueron las conductas ilegales que llevaron ante la justicia al gigante energético Enron, con inversión en México, o por qué el Banco Mundial -pontífice de la privatización de servicios públicos- tiene dudas sobre la privatización de electricidad y agua potable y drenaje. Está claro que estos temas no interesan a la religión neoliberal de Salinas-Fox, a sus epígonos y al gran capital trasnacional, al que se han sometido sus gobiernos.

Cosa distinta debe ocurrir con los ciudadanos a los que afectará la privatización-desnacionalización de la producción y distribución de energía eléctrica. Regidas por la lógica de la ganancia monopólica, las empresas sólo invertirán en regiones cuyo desarrollo económico garantiza mayores ganancias; las zonas atrasadas del sur serán más afectadas que la central y la ZMVM, acentuando el inequitativo desarrollo regional desigual que padece el país desde hace décadas. Por la misma ley, subirá el precio que cobre cada empresa privada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la energía producida; ésta eliminará el subsidio a consumidores populares o tendrá que aumentar los recursos para este fin, y la operación desigual de las empresas en el libre mercado de grandes consumidores o en el de abasto a la CFE producirá guerras de precios que afectarán al sistema. La quiebra de empresas en este rubro se volverá asunto de interés público, que podrá llevar a ominosos rescates, como el bancario o aeronáutico, en los que la tributación de la mayoría se usa para salvar de la quiebra a empresarios ineficientes o dolosos. Al sacar a los consumidores mayores del manejo de la CFE, se convertirá en empresa minoritaria para atender a usuarios pobres, agravando la fragmentación y diferenciación social en el acceso a los bienes públicos.

Hay que repetir a quienes usan el fetiche del "libre mercado" para justificar la iniciativa, que tal libertad no existe en la producción, dominada por monopolios trasnacionales, ni en la distribución, pues por racionalidad básica no se pueden instalar varias redes para que el usuario elija -y se cuelgue- libremente a la red que le conviene; mantener en la CFE la distribución a los pequeños usuarios no es virtud del proyecto, sino una necesidad de los empresarios interesados en el negocio.

Para México, la ZMVM y la ciudad-región del centro, la generación y distribución de energía eléctrica es una actividad estratégica para el crecimiento económico y el desarrollo social con equidad, y el mantenimiento de la soberanía, que no debe entregarse a intereses trasnacionales. Cederla en la forma prevista por el salinismo-foxismo es, además, aceptar la incapacidad del pueblo mexicano y su poder económico y político para ser una nación digna de llamarse así. Aún es tiempo de que las organizaciones sociales y políticas, así como los gobiernos democráticos y progresistas locales -sobre todo perredistas- se movilicen para defender la industria eléctrica mexicana y su control estatal, y diseñar los cambios necesarios para que se desarrolle.

La victoria del pueblo boliviano nos recuerda que la movilización popular tiene la fuerza para frenar el autoritarismo de los gobiernos neoliberales, proclives a la subordinación a la globalización imperial.