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México D.F. Jueves 23 de octubre de 2003
 El robo de documentos clasificados entorpece
investigación del ministro de Gobierno
Crecen las dudas sobre el monto que destinó
Sánchez de Lozada a la represión
Los partidos NFR, MNR y MAS exigen juicio político
para el ex mandatario boliviano
XIMENA ORTUZAR ENVIADA
La Paz, 22 de octubre. Se agudizan las dudas acerca
de los montos utilizados durante el gobierno de Gonzalo Sánchez
de Lozada para reprimir manifestaciones opositoras.
 La
investigación al respecto ordenada por el nuevo ministro de Gobierno,
Alfonso Ferrufino, se verá seriamente entorpecida debido a la desaparición
de información clasificada de ese ministerio.
En la víspera se denunció que colaboradores
cercanos a Yerko Kukoc, ex titular de esa cartera, borraron esa información
del sistema computarizado y sustrajeron documentación referida a
los conflictos sociales que estallaron en protesta por el proyecto de vender
gas natural boliviano a Estados Unidos y México.
El diputado Ricardo Díaz, del Movimiento al Socialismo
(MAS), denuncia: "Personal administrativo a las órdenes de Kukok
se encargó de borrar y desaparecer información referida a
las últimas adquisiciones de equipos antidisturbios y antimotines,
según reconoce personal subalterno del Ministerio de Gobierno."
Agrega Díaz: "El ministro Ferrufino ya sabe de
estos hechos pero no ha querido informar de ello a la opinión pública
porque está intentando recuperar la información perdida con
ayuda de personal experto en la materia."
Ferrufino anunció ayer una serie de auditorías
para determinar lo actuado por su antecesor en los ocho meses de su gestión,
durante los cuales se utilizaron 13.3 millones de dólares de la
partida de 20 millones para "gastos reservados" que, presumiblemente, se
destinaron a proveer a las fuerzas armadas y a la policía de equipo
para la represión.
El legislador informa que el nuevo ministro de Gobierno
estudia la permanencia o retiro del asesor general de esa cartera, Pablo
Camacho, uno de los más cercanos colaboradores de Kukoc. Agrega
que por ahora Ferrufino ha aceptado la dimisión de la jefa de gabinete
del ex ministro, Helen Añez, y estudia la remoción de los
directores de Migración, de Administración y de Régimen
Penitenciario, todos nombrados en el régimen anterior.
Díaz opina que además de investigar lo ocurrido,
el nuevo ministro de Gobierno debería iniciar acciones judiciales
contra quienes resulten implicados en acciones ilícitas en la administración
anterior.
Alfonso Ferrufino ha ordenado investigar cuánto
y en qué se gastó de la partida de "gastos reservados" para
la seguridad interior del país, los que serán reducidos durante
su gestión.
La sustracción de documentos e información
clasificada por parte de colaboradores de Kukoc ahonda las sospechas de
que hubo manejos poco claros y cantidades excesivas destinadas a sofocar
la protesta social.
Juicios múltiples
A menos de una semana de la dimisión de Gonzalo
Sánchez de Lozada, todos se dicen contrarios al ex mandatario.
El abogado Víctor Gutiérrez, ex vocero de
Nueva Fuerza Republicana (NFR), partido que conformó la coalición
gobernante, anuncia juicio de responsabilidades por el delito de genocidio
y violación de derechos individuales consagrados en la Constitución
contra el ex presidente y también contra sus ex ministros Carlos
Sánchez Berzaín, Yerko Kukoc, José Guillermo Justiniano
y Javier Torres Goitia.
La demanda se hace extensiva a Jaime Paz Zamora, del Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR, también cogobernante), y a Manfred
Reyes Villa, líder de NFR, como encubridores.
"Los hechos sangrientos de la semana pasada deben ser
castigados. En mi calidad de abogado y luchador social presento la proposición
acusatoria ante el fiscal general de la república con el propósito
de impulsar la lucha contra la impunidad", dice Gutiérrez.
En tanto, en la ciudad de Sucre, un alto dirigente del
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR, el partido de Sánchez
de Lozada) presentó ya un juicio de responsabilidad contra el dimitido
presidente por la guerra del gas y lo propio hizo el Movimiento
al Socialismo (MAS), liderado por el diputado Evo Morales, que incluyó
el delito de daño económico al Estado.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara
de Diputados y la bancada de NFR recaban pruebas para el mismo fin.
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