Mi cese, ilegal, dice el ex titular de la Auditoría Superior

Inicia la Corte análisis del amparo interpuesto por Guerrero Pozas

JESUS ARANDA

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciará este jueves el estudio del amparo interpuesto por el ex auditor superior de la Federación, Gregorio Guerrero Pozas, en contra de la Cámara de Diputados por su destitución; el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Genaro Góngora Pimentel concede el amparo al ex funcionario en razón de que no se siguieron los procedimientos legales previstos, por lo que debe reponerse el procedimiento de su cese. Esto implicaría necesariamente la remoción del actual auditor, Arturo González de Aragón, y la designación de un tercero.

Sin embargo, según trascendió en el máximo tribunal, hay preocupación porque este asunto se politice ''aún más'', ya que si la mayoría respalda el proyecto de Góngora, los partidos de oposición po-drían interpretar que los ministros ''apoyan'' al Presidente en el litigio que tiene desde hace meses con González de Aragón, a partir de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le ordenó en oficios de marzo y agosto pasados a la Secretaría de Hacienda que ''reduzca'' el monto de los pagos de los créditos que irregularmente se convirtieron en deuda pública.

Evidente consenso

Máxime cuando apenas el pasado martes los ministros prácticamente le dieron la razón al presidente Vicente Fox en una de las dos controversias constitucionales que éste interpuso contra la ASF por los citados oficios, y que cada vez es más evidente el consenso que hay entre los ministros en el sentido de que la auditoría no tiene atribuciones legales para ordenarle cómo corregir la cuenta pública a las dependencias del Ejecutivo federal, en razón de que es un órgano desconcentrado de la Cámara de Diputados.

A partir de que los legisladores decidieron, en diciembre de 2001, no ratificar en su cargo a Guerrero Pozas, éste inició un litigio que terminó en un recurso de amparo, en el que afirma se violaron sus garantías constitucionales al no haber tenido derecho de audiencia ni un procedimiento justo que garantizara la legalidad de su remoción.

La politización del asunto

En principio, el problema se encontraba en el ámbito jurídico, apuntaron funcionarios de la Corte, y aunque era cuestión de tiempo para que se aprobara el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Góngora, en el que se concedía el amparo al ex funcionario -por los vicios legales en que incurrieron los legisladores al no ratificarlo-, la politización que ha alcanzado el tema motivó que el asunto -que inclusive estuvo a punto de ser listado en julio- fuera innecesariamente aplazado, al grado que apenas este día se revisará de nueva cuenta, en sesión privada, en espera de su próxima resolución.