Es un problema de ética pública y de moral social, señaló Arturo González de Aragón

Aún no puede presentarse querella contra quienes avalaron pagarés del Fobaproa

Los documentos vencen hasta 2005 y 2006, indicó a diputados de la Comisión de Vigilancia Criticó el perredista Ramírez Cuéllar la ''falta de energía'' del funcionario

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, sostuvo que acatará el fallo que asuma la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) sobre la controversia constitucional que interpuso el titular del Ejecutivo federal para evitar la auditoría a los bancos con créditos irregulares en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que tienen un valor actual de 110 mil millones de pesos.

En tanto no haya una resolución, dijo, la ASF no puede presentar una denuncia ante el Ministerio Público Federal en contra de quienes avalaron los pagarés, porque su vencimiento es hasta 2005 y 2006. En ese momento, dijo González de Aragón a los diputados de la Comisión de Vigilancia -según el legislador perredista Alfonso Ramírez Cuellar-, se consumará el daño y sólo entonces se podrá presentar una querella.

Después de un encuentro de cuatro horas de duración con los legisladores, el auditor informó en conferencia de prensa que, mientras se resuelve la controversia constitucional, solicitó a las dependencias federales realizar el cálculo exacto del daño que causó al erario la inclusión de créditos irregulares en el rescate bancario, que tienen un valor histórico de 34 mil 600 millones de pesos, de los cuales 26 mil 200 millones se pagaron en el primer año de gobierno del presidente Vicente Fox Quesada.

Si el fallo de los ministros de la Corte es favorable al órgano técnico, dijo, entonces la administración foxista deberá descontar el monto actualizado del pagaré y retirar el aval otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en favor de los bancos.

ƑDónde quedó la legalidad del rescate bancario?

Aunque González de Aragón no quiso polemizar en el caso de la controversia constitucional, cuestionó: ''ƑDónde quedó la legalidad en el rescate bancario? La legalidad en favor de la ciudadanía pesa más que la de los poderosos intereses económicos. Este es un problema de ética pública y de moral social''.

Por su parte, la diputada del Partido de la Revolución Democrática Dolores Padierna Luna informó que durante el encuentro el titular del órgano fiscalizador les comentó que la ASF realiza un ''análisis exhaustivo'' de los llamados bank reports para que, si la SCJN resuelve en contra del Ejecutivo, la información le permitirá fincar responsabilidades.

Sin embargo, el diputado Ramírez Cuéllar cuestionó la falta de energía del auditor en el caso, y lamentó que aun cuando tiene los elementos suficientes para presentar una demanda penal ante la Procuraduría General de la República, sólo haya recurrido a la Secretaría de la Función Pública.

''Si ya está definida la ilegalidad, es insatisfactoria su explicación de por qué no ha recurrido a la procuraduría a presentar denuncias'', dijo.

-ƑSi no lo hace, él sería corresponsable?

-Si con todos los elementos que tiene, no lo hace, también tendrá responsabilidad -respondió.

-Si sabe que se cometerá un robo y no lo denuncia...

-El asunto es que hay que agarrar al ladrón antes de que se cometa el robo, no castigarlo cuando ya se cometió. Debemos evitar que pueda consumarse -abundó Ramírez Cuéllar.

Asimismo, de acuerdo con la versión de Padierna Luna, González de Aragón habría lamentado que el debate sobre los créditos irregulares se haya ''judicializado'' y que el Ejecutivo y los bancos hayan recurrido a una trampa legal para detener las acciones emprendidas por la ASF para reducir el costo fiscal del rescate bancario.

También, dijo la legisladora perredista, anunció que la ASF emprenderá juicios mercantiles y civiles para aclarar qué compró el gobierno federal en el Fobaproa. Además, les recomendó que la Cámara de Diputados solicite formalmente los términos de los contratos con los despachos que auditaron el rescate bancario, lo que les permitirá contar con información suficiente para fincar responsabilidades penales o administrativas.

Dolores Padierna consideró que ''un asunto muy relevante'' tratado por el auditor fue que por primera vez la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reconoció que el Grupo Masón, de Sonora, y Sidek-Situr ''no cubrieron los requisitos'' para que sus créditos fueran integrados al Fobaproa, y que por tanto "son ilegales y la comisión tramita la disminución'' del monto del fraude.

Visión blanquiazul

A la conferencia del auditor se quedaron el presidente de la Comisión de Vigilancia y ex tesorero del sindicato magisterial, José Angel Ibáñez, y el diputado panista Manuel Pérez Cárdenas, quien interrumpió a González de Aragón para defender el manejo financiero del gobierno de Vicente Fox.

El panista señaló que ''lo importante'' de la reunión es que ''prácticamente 99 por ciento'' de las observaciones que por casi 220 mil millones de pesos se hicieron al primer año de gobierno de Vicente Fox fueron ''debidamente solventadas'', cifra que desmintió el auditor González de Aragón, quien señaló que la cifra exacta es 94.1 por ciento, pues todavía está pendiente por definir otro 5.9 por ciento, sobre el cual se pidió documentación adicional a las dependencias federales.

Quedó cerrado el caso del rancho San Cristóbal

Asimismo, se informó que respecto al rancho San Cristóbal, la contaduría mayor del gobierno del estado de Guanajuato determinó que no se utilizaron recursos federales en su remodelación -emprendida para el encuentro entre Vicente Fox y el presidente de Estados Unidos, George W. Bush-, con lo que el asunto quedó ''debidamente resuelto''.

Aun cuando Manuel Pérez Cárdenas se ufanó del manejo de las finanzas públicas, no hubo un compromiso de él ni de José Angel Ibáñez para emprender, junto con la Comisión de Presupuesto, el dictamen de la Cuenta Pública correspondiente a 2001, que la 58 Legislatura heredó a la actual.