La aguda crisis institucional y social que ha sacudido a Bolivia en las semanas recientes alcanzó ayer un momento climático con la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, gobernante aristocrático que nunca consiguió entrar en sintonía con la población de un país mayoritariamente indígena y con graves desigualdades sociales, por más que la que ayer finalizó fuese su segunda estadía al frente del Ejecutivo boliviano.

Tras comunicar al Congreso su renuncia, Sánchez de Lozada huyó de la capital del país, La Paz, en una acción que es síntoma de la magnitud del rechazo que su figura suscita. El dimitente es señalado como responsable de la brutal e injustificada represión que cobró la vida de 74 personas en fechas recientes, y muchos son los que eventualmente exigirán que, además de su retiro de la Presidencia, el ya ex mandatario comparezca ante la justicia.

Con todo, si bien la renuncia de Sánchez de Lozada era una demanda de todos los grupos opositores a su política, su retiro del poder no significa el fin de la crisis que atraviesa Bolivia, aunque sí contribuye a normalizar la presente situación y a despejar obstáculos en la urgente reconstitución institucional y social de ese país.

En primer término, es claro que el tema de la exportación del gas boliviano a Estados Unidos es un asunto pendiente de capital importancia: fue el catalizador de la protesta social y permanece todavía sin solución. El factor clave en esta crisis sigue siendo la titularidad de la riqueza energética. Los yacimientos bolivianos están en manos de empresas trasnacionales, entre ellas la española Repsol, a la que Pemex adjudicó un contrato de dudosa legalidad para la extracción de gas en el norte de México. En Bolivia, las compañías extranjeras se quedan con la parte del león de la riqueza energética y trasladan a las arcas de ese país sólo 18 por ciento de los ingresos por la explotación de hidrocarburos. Mientras no se corrija ese abuso, la tensión, las movilizaciones populares y la inestabilidad institucional no finalizarán de forma pacífica y satisfactoria.

Por otro lado, es patente que el terrible rezago social y la profunda desigualdad que campean en Bolivia tienen que ser atendidas de manera resuelta y comprometida. La caída de Sánchez de Lozada tuvo también su origen en la displicencia de un gobierno apartado de sus ciudadanos y en la grosera actitud de quien pretende gobernar desde y para las oligarquías -agitando amenazadoramente el brazo militar- mientras mira de reojo al grueso de su población. Sólo con autoridades verdaderamente democráticas, comprometidas con sus electores y con las causas mayoritarias de Bolivia podrá ese país resolver la presente crisis y poner en marcha los mecanismos de refundación constitucional que, cabe señalar, son otras de las exigencias del presente movimiento social boliviano.

Finalmente, el doloroso caso de Bolivia debería hacer reflexionar a quienes en México se obstinan en decidir el destino del patrimonio de la nación dando la espalda a las convicciones mayoritarias de la sociedad. La riqueza energética nacional es propiedad exclusiva de los mexicanos, y son ellos quienes deben ser los beneficiarios y titulares de tales recursos. Por tanto, el caso boliviano debe servir de ejemplo de lo que, para bien de todos, debe evitarse en México.

El nombramiento de María Guadalupe Morfín como comisionada para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua, constituye una decisión acertada que, de venir acompañada de voluntad política firme y comprometida de parte del gobierno federal y de todos los recursos humanos, materiales, técnicos, jurídicos y presupuestales necesarios para efectuar su labor de forma adecuada, podrá contribuir significativamente al esclarecimiento de los casos de feminicidio que han estremecido al país en los pasados 10 años.

Mes y medio después de que el presidente Fox anunciara la creación de una instancia encargada de enfrentar los terribles sucesos de Ciudad Juárez, la designación de Morfín resulta un dato esperanzador. La nueva comisionada tiene larga trayectoria como defensora de los derechos humanos y de la mujer, y fue titular de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco. Su sensibilidad en estas materias y su prestigio profesional permiten suponer que actuará de manera decidida, con estricto apego a derecho y clara convicción de hacer valer la verdad y la justicia. También es de esperar que por su impulso se despejen los alegatos con los que, desde diversas instancias gubernamentales, se ha pretendido estigmatizar -en un intento por restar relevancia al caso- a las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, y se superen la renuencia y negligencia que las autoridades estatales y municipales de Chihuahua -tanto en el sexenio de Francisco Barrio como en el presente de Patricio Martínez- han mostrado a la hora de perseguir los crímenes y abatir la impunidad que los posibilita. La oficina que encabeza Morfín debe ser, más que una nueva entidad burocrática, una prueba de que el Estado ha comprendido la terrible dimensión de los feminicidios y ha decidido actuar en consecuencia.

Ha de señalarse que la violencia en Ciudad Juárez es un crisol en el que se mezclan numerosos factores: criminalidad organizada; impunidad, negligencia y corrupción de servidores públicos; narcotráfico; migración; injusticia social; machismo, y discriminación contra la mujer, entre otros. Por ello la labor de la comisionada debe, para ser exitosa y contribuir a la reconstrucción del tejido social juarense, abarcar ámbitos que van más allá de lo estrictamente jurídico o policial: debe incluir una estrategia amplia y congruente de apoyo a la comunidad, especialmente dirigida a los grupos más vulnerables, como las trabajadoras de las maquiladoras. Erradicar la violencia de género en Ciudad Juárez, a la que se suman las igualmente numerosas ejecuciones y desapariciones presuntamente ligadas al narcotráfico, es un reto en el que deben participar todas las instancias de gobierno de forma decidida y que debe considerar, como piedra angular, la atención y protección de las familias de las víctimas y la solución de los problemas y rezagos estructurales en los que estos males se inscriben. La tarea no será rápida pero sí debe ser amplia, solidaria y rigurosa en términos humanos y jurídicos.

El nombramiento de Morfín es una esperanza para Ciudad Juárez y para el país, pero su necesario éxito se cuantificará en la medida en que sea capaz de atender los reclamos de la ciudadanía de esa urbe, abatir la impunidad y la corrupción locales, poner tras las rejas a todos los responsables de los asesinatos de mujeres y, sobre todo, evitar que éstos se repitan.