Informe de especialistas denuncia concesiones irregulares y subsidios a empresas privadas

Documentan estrategia oficial para debilitar a la CFE y privatizarla

"De continuar esa práctica, se traducirá en un aumento brutal en tarifas para usuarios menores"

ANDREA BECERRIL

El gobierno federal no sólo ha permitido un comercio ilegal de electricidad al otorgar permisos irregulares para que empresas, en su mayoría extranjeras, hagan "un gran negocio" al generar fluido eléctrico, sino que además las subsidia al permitirles el uso casi gratuito de la red nacional y otorgarles tarifas de respaldo muy por debajo de su costo real.

Tan sólo en el caso de las 14 concesiones más importantes, de un total de 225 otorgadas a trasnacionales, el subsidio fue de 3 mil 339 millones de pesos durante el año pasado, cifra que se habrá de elevar anualmente, lo que representa un grave daño patrimonial a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Pero hay más. Esas 14 empresas privadas, que operan bajo la simulación de las figuras de abastecimiento y cogeneración -con permisos expedidos entre abril de 1996 y diciembre de 2002-, le han quitado a la CFE 550 de sus principales usuarios, que representan 22 por ciento de sus ingresos y significan una pérdida anual estimada en 20 mil millones de pesos.

La estrategia es muy clara: se busca debilitar a la CFE, hacerla aparecer como ineficiente, para luego tener argumentos que justifiquen la privatización, ya en marcha, del sector eléctrico, se advierte en un estudio elaborado por especialistas en la materia, incluido en uno de los anexos de la denuncia que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Manuel Bartlett, presentó ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Ese documento y otros escritos sobre el debate de la reforma eléctrica que se ha dado en los pasados tres años, entre ellos los dictámenes por los que se rechazaron las iniciativas de Ernesto Zedillo, del PAN y de Vicente Fox, fueron compilados por Bartlett en un volumen de 500 cuartillas, que se entregará este lunes a todos los senadores para su conocimiento y análisis. Será el punto de partida para el debate que se dará en la fracción priísta el próximo día 22.

En el estudio se señala que, pasando por encima de la Constitución, la administración de Ernesto Zedillo y la actual de Vicente Fox han otorgado 240 permisos para la generación eléctrica, de los cuales 225 siguen vigentes y en su conjunto producen 19 mil 973 megavatios, 54 por ciento de la capacidad del parque de generación de la CFE.

Se trata, añade, de un comercio ilegal de electricidad, ya que se simulan sociedades de autoabastecimiento, cogeneración, productores independientes, además de permisos de exportación, cuando en realidad se trata de producir electricidad para venderla. Además de ello, a las empresas privadas se les subsidia con tarifas de respaldo y de porteo, que están muy por debajo de su costo real.

Se precisa en el documento que las empresas privadas contratan con la CFE lo que se conoce como servicio de respaldo, es decir, que cuando deje de funcionar alguna de sus unidades generadoras, lo que normalmente puede prolongarse por semanas o meses, de inmediato entra a la suplencia la CFE y cobra por ello una tarifa mensual que varía en función del tipo de falla que se trate.

Las tarifas que estableció la Comisión Reguladora de Energía son en promedio de 9.84 pesos por kilovatio de demanda reservada para respaldar la generación eléctrica por falla, precio muy bajo que no cubre los costos de amortización de las inversiones en plantas que tendría que construir la CFE para suministrar electricidad ante eventuales salidas de las centrales eléctricas de empresas privadas.

Igualmente sucede con las tarifas de porteo, es decir, el cobro que la CFE hace a las trasnacionales por el uso de los servicios de transmisión, ya que no cuentan ni con líneas eléctricas ni con centrales propias. Además de que las empresas ya instaladas se encuentran en lugares remotos al sitio donde se localiza la central o el sistema de cogeneración al que están vinculadas, hace necesario que usen la red pública. Por ese servicio de transmisión se les fijó una tarifa de 0.0284 pesos por kilovatio hora -era la vigente hasta agosto de 2002-, que es excesivamente baja, ya que esa cifra sólo cubre una parte de los costos reales de la CFE.

Las tarifas medias europeas por transmisión eléctrica son tres veces mayores que las que se han estado aplicando en México. De ahí resulta que las tarifas de porteo y de respaldo que la CFE aplica, por instrucciones del gobierno federal, representan un subsidio implícito a las corporaciones privadas. En el caso de los 14 permisos citados, el monto del subsidio se estimó en 3 mil 339 millones de pesos durante 1992.

Esos subsidios no están contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y afectan además las finanzas de la paraestatal y su capacidad para atender a otros usuarios.

Esto contradice también el supuesto de que el gobierno federal no tiene recursos para invertir en plantas destinadas al servicio público, pero sí tiene para construir centrales que habrán de respaldar los proyectos de las trasnacionales

Se destaca también que en la estimación de inversiones para mantenimiento contempladas en la iniciativa del presidente Fox para la apertura eléctrica, se incluye presupuesto para los productores privados de electricidad.

Aunado a ello, la CFE ha perdido a buena parte de sus clientes. Las 14 empresas privadas que ya operan recibieron la transferencia de 550 usuarios de la paraestatal, lo que le significa una pérdida de 22 por ciento de sus ventas y 20 mil millones de pesos de sus ingresos anuales.

De continuar esas prácticas fraudulentas, a la larga se traducirá "en un brutal incremento a las tarifas para los usuarios menores", que son la mayoría, concluye.

Organiza foro en Texas sobre oportunidades de negocios para empresas de EU y Europa

Grupo privado promueve inversión foránea en energéticos mexicanos

Asistirán funcionarios de Energía, Pemex, CFE y de la Comisión Reguladora de Energía

El gobierno abandona sus responsabilidades constitucionales, acusan expertos en el ramo

ROBERTO GONZALEZ AMADOR E ISRAEL RODRIGUEZ

El gobierno del presidente Vicente Fox continúa la estrategia de promover, fuera de México, la inversión privada en la industria energética nacional, mientras dentro del país enfrenta oposición política a su propuesta de permitir que capitales foráneos se apropien de una parte de las actividades de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Funcionarios mexicanos del sector energético confirmaron su participación en un "foro de promoción de inversiones" que se realizará antes de que concluya este mes en Houston, Texas, organizado por el Center for Business Intelligence (CBI), compañía dedicada a promover el acercamiento entre autoridades e inversionistas en diversas partes del mundo para "generar" oportunidades de inversión" en las industrias del petróleo, gas y electricidad, de acuerdo con información obtenida por La Jornada este sábado.

"México sigue captando el interés de la industria de la energía en el mundo", indica el CBI en el documento en que invita a las principales compañías energéticas de Europa y Estados Unidos a participar en la conferencia de finales de este mes. "A pesar de que las reformas en el sector eléctrico permanecen bloqueadas, en ese país se mantienen oportunidades para los productores independientes de energía y desarrolladores de sistemas de transmisión. El sector del gas atrae cada vez más interés de los inversionistas, con oportunidades en exploración y producción, ductos y desarrollo de terminales de gas licuado natural", señala.

La promoción de inversiones extranjeras en el sector energético mexicano del actual gobierno panista incluye varias áreas, algunas ya calificadas de ilegales por la Suprema Corte de Justicia, como la posibilidad de que productores independientes de electricidad aumenten su capacidad de generación para vender excedentes a empresas distintas a la CFE.

En esta privatización paulatina de la industria energética nacional, el gobierno mexicano promueve la participación de particulares en la explotación de la cuenca de gas en Burgos, cuya legalidad todavía está en duda, así como la colocación de obligaciones de deuda de la CFE y Pemex en la Bolsa Mexicana de Valores, cuyo pago está garantizado con los ingresos futuros de ambas compañías.

"Sin legitimación social, el gobierno del presidente Fox impulsa la idea de dar espacios mayores a la inversión privada nacional y extranjera en la industria energética", consideró este sábado la Mesa Ciudadana de Observación de la Energía, grupo de expertos dedicado al estudio del impacto de la política energética en la economía y la sociedad del país. "Con esta política, la administración federal está abandonando responsabilidades básicas que establece la Constitución", indica.

Para este grupo social, la privatización de facto de la industria energética nacional queda demostrada, además de la colocación de obligaciones de las dos principales empresas del sector en la Bolsa de Valores, con hechos como la creciente participación de los capitales privados en el financiamiento de Pemex y CFE a través del mecanismo conocido como Proyectos de Infraestructura Productiva de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), que constituye deuda pública y garantiza a los particulares el pago de dividendos durante la duración del contrato y el pago del principal al final del plazo establecido.

Otro hecho que de acuerdo con la Mesa Ciudadana de Observación de la Energía pone en evidencia la estrategia de realizar una privatización en paralelo al debate político sobre las reformas constitucionales del sector es la promoción de inversión privada directa, nacional y extranjera, en proyectos esenciales para el desarrollo del país, como la reconfiguración de refinerías, el programa estratégico de gas natural y la expansión en la capacidad de generación. "Estas medidas de política energética no han sido decididas internamente y tampoco hay ninguna decisión ni acuerdo del Congreso que las avalen", expresa.

Tianguis energético

La estrategia del gobierno del presidente Vicente Fox para promover la participación privada en la industria energética, aun cuando el debate nacional sobre las reformas legales en el sector no ha sido desahogado, se trasladará este mes a Houston, Texas, ciudad petrolera donde confluyen las principales empresas trasnacionales del sector.

El Center for Business Intelligence, promotor de la llamada Séptima Conferencia Anual sobre Energía en México, es un grupo privado que busca proveer de información y redes de contactos a altos ejecutivos de empresas trasnacionales en áreas como energía, industria farmacéutica, de biotecnología y de administración de riesgos y seguros.

La conferencia sobre México, que se realizará el 27 y 28 de octubre próximos, contará con la asistencia de funcionarios mexicanos relacionados con el sector, pero también con la participación de representantes de las principales empresas trasnacionales. El acto se presenta como una oportunidad de hacer negocios con los recursos energéticos mexicanos, pero también ofrece dar lecciones para que las empresas privadas "aprendan a proteger sus proyectos contra los desafíos políticos locales".

En la conferencia, según la información obtenida este sábado por La Jornada, Xavier Antonio de la Garza, responsable del departamento jurídico internacional de Pemex, hablará a los representantes de las empresas energéticas extranjeras acerca del "papel del sector privado en el futuro de Pemex".

Areas para futura inversión

Mientras, Héber Cinco Ley, vicepresidente de producción y desarrollo de Pemex Exploración y Producción, acudirá a esa reunión en Houston para ofrecer a los representantes de las trasnacionales información sobre planes para la cuenca de Burgos (el más importante yacimiento de gas en el país), los contratos de servicios múltiples y "áreas para futura inversión extranjera".

En ese foro, también participarán Francisco Barnés de Castro, subsecretario de Energía; Alejandro Breña, de la Comisión Reguladora de Energía; y Alberto Ramos Elorduy, de la CFE.

De acuerdo con la información disponible, estarán representantes de empresas como AES, Intergen, Unión Fenosa, Dynegy, El Paso, Petrobras, Shell, British Petroleum y Exxon, entre otras.

CBI promueve inversiones privadas en el sector energético en Brasil, los países del Caribe y América Central, así como Turquía y el mar Caspio.