Informe de especialistas denuncia concesiones irregulares y subsidios a empresas privadas

Documentan estrategia oficial para debilitar a la CFE y privatizarla

"De continuar esa práctica, se traducirá en un aumento brutal en tarifas para usuarios menores"

ANDREA BECERRIL

El gobierno federal no sólo ha permitido un comercio ilegal de electricidad al otorgar permisos irregulares para que empresas, en su mayoría extranjeras, hagan "un gran negocio" al generar fluido eléctrico, sino que además las subsidia al permitirles el uso casi gratuito de la red nacional y otorgarles tarifas de respaldo muy por debajo de su costo real.

Tan sólo en el caso de las 14 concesiones más importantes, de un total de 225 otorgadas a trasnacionales, el subsidio fue de 3 mil 339 millones de pesos durante el año pasado, cifra que se habrá de elevar anualmente, lo que representa un grave daño patrimonial a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Pero hay más. Esas 14 empresas privadas, que operan bajo la simulación de las figuras de abastecimiento y cogeneración -con permisos expedidos entre abril de 1996 y diciembre de 2002-, le han quitado a la CFE 550 de sus principales usuarios, que representan 22 por ciento de sus ingresos y significan una pérdida anual estimada en 20 mil millones de pesos.

La estrategia es muy clara: se busca debilitar a la CFE, hacerla aparecer como ineficiente, para luego tener argumentos que justifiquen la privatización, ya en marcha, del sector eléctrico, se advierte en un estudio elaborado por especialistas en la materia, incluido en uno de los anexos de la denuncia que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Manuel Bartlett, presentó ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Ese documento y otros escritos sobre el debate de la reforma eléctrica que se ha dado en los pasados tres años, entre ellos los dictámenes por los que se rechazaron las iniciativas de Ernesto Zedillo, del PAN y de Vicente Fox, fueron compilados por Bartlett en un volumen de 500 cuartillas, que se entregará este lunes a todos los senadores para su conocimiento y análisis. Será el punto de partida para el debate que se dará en la fracción priísta el próximo día 22.

En el estudio se señala que, pasando por encima de la Constitución, la administración de Ernesto Zedillo y la actual de Vicente Fox han otorgado 240 permisos para la generación eléctrica, de los cuales 225 siguen vigentes y en su conjunto producen 19 mil 973 megavatios, 54 por ciento de la capacidad del parque de generación de la CFE.

Se trata, añade, de un comercio ilegal de electricidad, ya que se simulan sociedades de autoabastecimiento, cogeneración, productores independientes, además de permisos de exportación, cuando en realidad se trata de producir electricidad para venderla. Además de ello, a las empresas privadas se les subsidia con tarifas de respaldo y de porteo, que están muy por debajo de su costo real.

Se precisa en el documento que las empresas privadas contratan con la CFE lo que se conoce como servicio de respaldo, es decir, que cuando deje de funcionar alguna de sus unidades generadoras, lo que normalmente puede prolongarse por semanas o meses, de inmediato entra a la suplencia la CFE y cobra por ello una tarifa mensual que varía en función del tipo de falla que se trate.

Las tarifas que estableció la Comisión Reguladora de Energía son en promedio de 9.84 pesos por kilovatio de demanda reservada para respaldar la generación eléctrica por falla, precio muy bajo que no cubre los costos de amortización de las inversiones en plantas que tendría que construir la CFE para suministrar electricidad ante eventuales salidas de las centrales eléctricas de empresas privadas.

Igualmente sucede con las tarifas de porteo, es decir, el cobro que la CFE hace a las trasnacionales por el uso de los servicios de transmisión, ya que no cuentan ni con líneas eléctricas ni con centrales propias. Además de que las empresas ya instaladas se encuentran en lugares remotos al sitio donde se localiza la central o el sistema de cogeneración al que están vinculadas, hace necesario que usen la red pública. Por ese servicio de transmisión se les fijó una tarifa de 0.0284 pesos por kilovatio hora -era la vigente hasta agosto de 2002-, que es excesivamente baja, ya que esa cifra sólo cubre una parte de los costos reales de la CFE.

Las tarifas medias europeas por transmisión eléctrica son tres veces mayores que las que se han estado aplicando en México. De ahí resulta que las tarifas de porteo y de respaldo que la CFE aplica, por instrucciones del gobierno federal, representan un subsidio implícito a las corporaciones privadas. En el caso de los 14 permisos citados, el monto del subsidio se estimó en 3 mil 339 millones de pesos durante 1992.

Esos subsidios no están contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y afectan además las finanzas de la paraestatal y su capacidad para atender a otros usuarios.

Esto contradice también el supuesto de que el gobierno federal no tiene recursos para invertir en plantas destinadas al servicio público, pero sí tiene para construir centrales que habrán de respaldar los proyectos de las trasnacionales

Se destaca también que en la estimación de inversiones para mantenimiento contempladas en la iniciativa del presidente Fox para la apertura eléctrica, se incluye presupuesto para los productores privados de electricidad.

Aunado a ello, la CFE ha perdido a buena parte de sus clientes. Las 14 empresas privadas que ya operan recibieron la transferencia de 550 usuarios de la paraestatal, lo que le significa una pérdida de 22 por ciento de sus ventas y 20 mil millones de pesos de sus ingresos anuales.

De continuar esas prácticas fraudulentas, a la larga se traducirá "en un brutal incremento a las tarifas para los usuarios menores", que son la mayoría, concluye.