TOROS

Ejercerá presión para obligarlo a anular el castigo que pesa sobre Enrique Ponce

Herrerías prepara una campaña de medios en contra de López Obrador

Comienza esta semana el canje de los derechos de apartado Elenco de "momias"

LUMBRERA CHICO

Gracias a los extraordinarios reportajes que Enrique Méndez publicó el viernes y el sábado en la contraportada de La Jornada, el gran público no especializado en cuestiones taurinas conoce ahora, con lujo de detalles, las inaceptables trapisondas del empresario de la Monumental Plaza México, que violan flagrante y reiteradamente la ley, atentan de punta a cabo contra los actores más importantes de la fiesta brava y atropellan los derechos más elementales de quienes asisten al coso de Insurgentes.

Nada, sin embargo, parece conmover a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF), que prefieren adoptar la odiosa postura de "ni los oigo ni los veo", de tan triste recuerdo, con tal de garantizar la continuidad del espectáculo en la ciudad que administran. Por desdicha, en virtud de este criterio erróneo, los dueños de las tarjetas del derecho de apartado serán víctimas de una nueva estafa, por un valor aproximado a 20 millones de pesos.

Rafael Herrerías, develado ahora como testaferro de Miguel Alemán Magnani, ha anunciado el elenco de la próxima temporada "grande", afirmando que no contratará a ningún diestro español de a pie debido a que todas las figuras de la península ibérica se negaron a actuar en la México "en solidaridad con Enrique Ponce", el tramposo matador valenciano castigado por la delegación Benito Juárez con una suspensión de un año por haber violado el reglamento vigente durante la corrida del 5 de febrero pasado.

Esta, quizá valga la pena recordarlo, es una descarada mentira. En la España de Juan Carlos I nadie se ha "solidarizado" con Ponce. Esta página, y las secciones taurinas de todos los periódicos del país, dieron a conocer en mayo que el apoderado de Julián López El Juli declaró a la prensa de allá que su ex niño prodigio no regresará a México mientras Herrerías siga siendo el cacique de Mixcoac.

Por su parte, Joselito tampoco vendrá, habida cuenta de la falsificación de su contrato que Herrerías cometió el año pasado, caso en el que también se encuentra José Tomás. Las denuncias penales por ese doble fraude siguen empolvándose en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, donde hay consigna de no darles seguimiento.

En las mismas circunstancias se hallan 11 toreros ibéricos más, a quienes Herrerías también falsificó sus contratos. O sea que de "solidaridad" con Ponce no hay ni un ápice. Lo que Herrerías pretende es que la afición, y la prensa incondicional a sus órdenes, inicien una campaña contra Andrés Manuel López Obrador para exigirle que levante el castigo a Ponce, de modo que éste retorne y traiga del brazo a los toreritos de allá.

Mientras tanto, el prestanombres de Alemán Magnani sacará a la venta el derecho de apartado esta misma semana, y a los tenedores del mismo no les quedará más remedio que canjear sus tarjetas, porque si no las perderán para siempre. O sea que se verán obligados a conservarlas, porque Herrerías los ha sometido a un chantaje con el pleno respaldo de la autoridad. Pero además de ser tratados como víctimas de tal extorsión, sufrirán el correspondiente aumento de 20 por ciento en los precios que la "empresa" les impondrá como todos los años.

Entrevistado por Méndez, Jorge de Jesús El Glison aseguró que "López Obrador no parece darse cuenta de la mancha que esta decisión absurda dejará en la historia de su gobierno". Porque, si todo transcurre como en el pasado inmediato, después del incremento a los derechos de apartado vendrá el de las entradas a cada corrida. ¿Y qué ofrecerá Herrerías a cambio a los aficionados? Un catálogo de toreros viejos, en plena decadencia, que ya nada tienen que decirle a nadie, junto a los cuales pondrá a los ex novilleros más recientes, de los cuales ninguno ha alcanzado el grado de figuras.

En virtud de todo lo anterior, quedará sin efecto la denuncia por amenazas de muerte que el juez Ricardo Balderas, a quien Enrique Méndez describe como "un anciano de 80 años", interpuso contra Herrerías. Si no se atiende esta queja, Balderas se convertirá en la única persona de la tercera edad a quien el GDF niega la protección debida.