Demanda certeza jurídica para radios comunitarias

Suspendió transmisiones La Voladora el martes 30

DE LA REDACCION

La estación de radio comunitaria La Voladora decidió suspender sus transmisiones del 102.1 en frecuencia modulada a partir del pasado 30 de septiembre, como "un gesto de buena voluntad política" y en espera de que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) definan su retorno al aire.

En su comunicado, La Voladora señala que "depende ahora de la SCT y del gobierno federal definir cómo hemos de regresar al aire. ƑCon certeza jurídica para nuestra labor comunitaria? ƑO prefieren que regresemos como hasta ahora, perseguidos y estigmatizados injustificadamente? ƑQuieren periodistas comunitarios perseguidos a cambio de prebendas pequeñitas de la CIRT?".

Por otro lado, la Asociación Mexicana de Radios Comunitarias (AMRC) envió un comunicado al Presidente de la República y al secretario de Gobernación en el que defiende la existencia de este tipo de emisoras y demanda "darles condiciones para que puedan desarrollarse dentro de un marco donde existan reglas claras y equitativas" para todos.

En su comunicado, la AMRC contrargumenta a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), que estableció en un desplegado, publicado el 29 de septiembre en La Jornada, que las radios comunitarias están al margen del estado de derecho. "Nadie quiere hacer una defensa de los derechos humanos sobre la ley; el problema es cuando esa ley y su aplicación priva el ejercicio de estos derechos a los ciudadanos", responde la asociación, junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

"Las radios comunitarias no queremos negociar la ley -subrayan-, queremos que la ley y las autoridades encargadas de hacerla cumplir establezcan las condiciones necesarias para una certeza jurídica, que permita que los grupos ciudadanos puedan desarrollar propuestas corresponsables para ejercer la libertad de expresión a través de un soporte técnico que se llama radiodifusión".

Las radios comunitarias pertenecientes a grupos ciudadanos han demostrado "la imposibilidad para acceder a los permisos, algunas de ellas han tenido que esperar hasta 30 años, sin que hasta el momento tengan una respuesta positiva, contraviniendo con ello los acuerdos y tratados internacionales que protegen la libertad de pensamiento y expresión, firmados por el Ejecutivo federal y ratificados por el Senado de la República".

La AMRC cita el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente el apartado 3, en el cual se estipula que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, incluyendo las frecuencias radioeléctricas.