68/ EXPEDIENTE ABIERTO

Recibe el magistrado Gudiño Pelayo a representantes del Comité 68

En noviembre la Corte decidirá si atrae el caso de Nazar Haro y De la Barreda

Recurso de revisión de la Femospp impugna sentencia que protege a ex directores de la DFS

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La resolución que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a más tardar a mediados de noviembre próximo, para decidir si atrae o no un recurso de revisión que presentó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) ante un tribunal unitario de Nuevo León, respecto a una sentencia judicial emitida en primera instancia, y con la cual se impide castigar penalmente a Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, ex titulares de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), será el resultado de un análisis apegado a derecho, aseguró el ministro de la primera sala del máximo tribunal, José de Jesús Gudiño Pelayo, ante representantes del Comité 68 con quienes se reunió ayer en privado.

Asimismo, indicó que "no se trata de un problema de voluntad de nuestra parte" para hacer justicia, sino que "es necesario dar un resolutivo basado en lo que marca la Constitución".

Este viernes fue la segunda ocasión en menos de un mes que personas interesadas en que se castigue a los responsables de las matanzas del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, así como a quienes ordenaron y solaparon actos de tortura, ejecución y desaparición de civiles en los años 70 y 80, fueron recibidas por ministros de la SCJN, ante quienes pidieron "justicia para todos los que murieron durante esas terribles experiencias, y para otros más que perdieron familiares durante la guerra sucia".

Los miembros del Comité 68 Francisco Martínez Marcué y Carlos Aquilino Pereyra, quienes llegaron a las instalaciones de la SCJN minutos después de las 12 horas, acudieron en representación de intelectuales, activistas sociales, escritores, pero sobre todo de "nuestros compañeros que fueron víctimas de actos represivos en el pasado", para solicitar a dos de los cinco ministros que integran la primera sala de la Corte que actúen conforme a derecho en su resolución respecto a la guerra sucia.

Ese órgano de la SCJN deberá determinar si atrae o no un recurso de revisión que presentó la Femospp ante un tribunal unitario en abril de este año, a fin de saber si fue legal la negativa de un juez de distrito en materia penal conceder órdenes de aprehensión contra Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno -bajo el argumento de que el delito ya prescribió-, quienes enfrentan acusaciones por el delito privación ilegal de la libertad en perjuicio de Jesús Piedra Ibarra, hijo de la dirigente social Rosario Ibarra de Piedra.

Los interesados se entrevistaron primero con el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien escuchó sus peticiones y se comprometió con ellos a que a más tardar el próximo 15 de noviembre sabrán en qué sentido será dicha resolución.

El juzgador les aseguró que la determinación que asuma la Corte no será resultado de presiones de ninguna índole ni de posiciones personales, sino del estricto apego a la fracción tercera del artículo 105 constitucional, el cual refiere: "De oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal unitario de circuito o del procurador general de la República, podrá conocer (la SCJN) de los recursos de apelación contra sentencias de jueces de distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y transcendencia así lo ameriten".

Asimismo, les indicó que los cinco ministros están analizando a fondo los argumentos que en su momento presentaron ante un tribunal unitario de Nuevo León -el cual en junio pasado pidió al máximo tribunal que ejerciera su facultad de atracción del caso-, tanto los denunciantes como la Femospp. "Eso es lo que vamos a resolver nosotros, si la Corte atrae el caso y analiza el fondo del asunto o si lo remite a un tribunal unitario", puntualizó Gudiño Pelayo.

A su vez, el ministro Humberto Román Palacios, quien los recibió en su despacho particular, sólo les dijo que escucharía sus puntos de vista, pero que no emitiría una opinión sobre el caso "porque está en curso todavía".