Como en el cuento del abate goloso que quería comer cordero en cuaresma y, para no parecer pecador, bautizó al mamífero dándole el nombre de carpa, hay quienes pretenden disfrazar su intento de privatización real de la energía eléctrica poniéndole otro nombre.

No es que hayan desaparecido los que, como el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Francisco Barrio Terrazas, insisten en el ataque frontal y piden modificar la Constitución para que las empresas privadas participen en la generación de energía con el argumento de que el Estado (que destina los fondos al Instituto de Protección al Ahorro Bancario) no dispone de los 60 mil millones de dólares necesarios para renovar la infraestructura. Sin embargo, quienes parten lanza en ristre son cada vez menos y, en cambio, aumenta el número de los que creen más realista una maniobra envolvente para lograr el mismo fin.

Por ejemplo, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, por boca de David Penchyna Grub, secretario técnico del Consejo Político Nacional, anunció que ese partido redactará un proyecto de reforma que rechace la privatización de la infraestructura actual, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero permita en cambio la participación del capital privado en la construcción de una nueva. En pocas palabras: frente a una empresa estatal crecientemente obsoleta por la falta de renovación de sus instalaciones, funcionaría una especie de empresa paralela, más moderna, que se llevaría paulatinamente la parte del león en la generación y distribución de energía.

La aparición en el mercado nacional de empresas poderosas respaldadas por trasnacionales pondría en riesgo la existencia misma de las estratégicas empresas energéticas del país, que podrían tener la misma suerte que las empresas mexicanas del calzado o textil, borradas por la competencia desigual. Si se quiere, en cambio, que la CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex) se capitalicen, investiguen e inviertan, hay que darles más autonomía en la utilización de sus recursos, asimismo el Estado debe recaudar impuestos -haciendo pagar a quienes deben- en vez de seguir el camino fácil de "ordeñar" el sector energético nacional.

Sin embargo, es difícil que esa línea de privatización subrepticia consiga unanimidad en ambos partidos oficiales (el PAN y el PRI seudopositor). Por ejemplo, el senador Manuel Bartlett se encuentra ahora del mismo lado del PRD y de los trabajadores electricistas, con los cuales llama a una movilización popular contra la privatización de la electricidad. Este frente sindical-político sin duda hará difíciles las negociaciones entre la cúpula del PRI y el gabinete ministerial, y quitará peso a las continuas ofertas del presidente Fox en el extranjero dirigidas a las grandes empresas eléctricas o petroleras.

Sobre todo porque los casos de la CFE y de Pemex interesan profundamente a la mayoría de los mexicanos, que saben que ambas empresas son base de la economía nacional y conocen también, a la luz de los resultados del sector privado en el campo energético en California (Enron), que la regulación estatal de la energía permite un servicio más seguro y más barato. De modo que la batalla no se dará solamente en los afelpados recintos parlamentarios, sino también, cada vez más, en toda la sociedad, no importa cuáles sean los acuerdos entre la dirección del PRI y la Presidencia de la República.